La Aduana General de la República de Cuba anunció una nueva prórroga de la exención del pago de aranceles a la importación no comercial de alimentos, medicamentos, productos de aseo e insumos médicos, vigente desde 2021, cuando la presión de los cubanos de la diáspora ante la crisis del país obligó a su adopción.
El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), al dar a conocer la medida en la Resolución No. 9/2026, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria del 17 de enero de 2026, añadió una autorización que permite envíos postales y paquetería desde el extranjero por valor de hasta 500 dólares manteniendo la exención impositiva para los primeros 30 dólares, equivalentes a tres kilogramos.
Asimismo, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) mantuvo la suspensión del tope de diez kilogramos importados de medicamentos, que permite la entrada de fármacos sin restricción de peso.
Las autorizaciones, todas con carácter excepcional, incluyen el permiso para la importación sin carácter comercial de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos hasta 500 dólares del valor o peso, equivalentes a 50 kilogramos, "por la vía de pasajeros como equipaje no acompañado", dice la resolución.
Ello se aplica además cuando tales productos "se importen por personas naturales como envíos aéreos, marítimos y postales, hasta un límite de 200 dólares estadounidenses o peso equivalente hasta 20 kilogramos", añade.
Para que esos beneficios sean aplicables, los artículos autorizados deben presentarse ante la Aduana en bultos separados del resto del equipaje.
También se prorroga el permiso para importar sin carácter comercial "plantas eléctricas de una potencia superior a los 900 vatios".
Los beneficios que otorga la renovación de la norma, que entra en vigor a partir del 1 de febrero, "estarán vigentes
mientras persistan las condiciones que han determinado su aprobación", finaliza la resolución.
Las autoridades justifican estas decisiones por "las limitaciones en la oferta interna" y el impacto del "bloqueo", sin mencionar la incapacidad de la política económica del régimen, que impide el aumento de la oferta de bienes que los cubanos con familiares emigrados deben obtener fuera, mientras las autoridades dolarizan el mercado interno, imponiendo precios inflados.
