Un cubano de 18 años recibió una condena de ocho años de privación de libertad por ser "portador" del cannabinoide sintético conocido como el Químico, cuyo consumo y venta se han disparado en toda la Isla, incluso entre niños, según se han visto obligadas a admitir los medios oficiales de comunicación.
El juicio en el que fue condenado el joven fue llevado a cabo por la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila, en la sede judicial del municipio de Morón, y tuvo un carácter "ejemplarizante y aleccionador", informó el medio estatal provincial Invasor.
Con estos publicitados juicios, el régimen intenta frenar el auge del uso y la distribución de sustancias prohibidas en Cuba, tras décadas de una propaganda que mostraba una sociedad libre del flagelo de las drogas.
Con el evidente objetivo de aleccionar a los jóvenes y adolescentes, entre los que más se ha extendido el uso del Químico en Cuba, la vista se realizó en "presencia de familiares, representantes juveniles de las federaciones de Estudiantes de la Enseñanza Media, y de Estudiantes Universitarios, organizaciones de masas como los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas; de los sectores de la Educación y la Salud", detalló el periódico.
Al imponer la sentencia, el Tribunal tuvo en cuenta "la regla especial de adecuación, solicitada por las partes, prevista en el Artículo 18.1.3 del Código penal, por contar el inculpado con 18 años de edad", destacó Invasor. El Tribunal también valoró "la alta lesividad del hecho delictivo",
El medio no señala que el joven tuviera antecedentes penales, por lo que parece poco probable que haya sido procesado por otros actos delictivos en el pasado.
De acuerdo con el medio avileño, el acusado portaba 206 papelitos del Químico, por lo que habría incurrido en "posesión ilícita de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de otras con efectos similares". Ese delito se sanciona con privación de libertad de seis meses a dos años o multa de 200 a 500 cuotas, según el Artículo 190 del Código Penal aprobado en Cuba en 2022.
El medio provincial no precisó si en el juicio quedó demostrado que el joven no solo tenía la droga para su consumo, sino que pretendía traficar con ella, lo que llevaría una condena de cuatro a diez años de cárcel. En los casos considerados muy graves la sanción puede ser 30 años y hasta de cadena perpetua.
Pero este juicio no solo se inscribe en el afán "aleccionador" del régimen cubano y en la cruzada con la que intenta limpiar su imagen ante el auge de las drogas. También llega menos de tres meses después de que el Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba emitiera el Dictamen 476, que permite castigar hasta con la pena de muerte el tráfico con el Químico, incluso en pequeñas cantidades.
Ese documento recuerda que la práctica judicial en Cuba ha establecido "una libra (460 gramos) como norma para calificar el apartado 2 g) del Artículo 235 del Código penal, cuando los hechos previstos en el apartado 1 se realizan con cantidades relativamente grandes para cualquier tipo de drogas ilícitas o sustancias de efectos similares".
No obstante, señala al que "esto no es de aplicación cuando se trata de los cannabinoides sintéticos atendiendo a las enunciadas características, composición, toxicidad y nivel de adicción que estos generan".
Como alertó el abogado de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez en un análisis, "el Dictamen 476 permite imponer las máximas penas previstas por el ordenamiento cubano sin necesidad de pruebas objetivas en cuanto a la cantidad del 'Químico' en poder del sospechoso, pues los criterios que se tienen en cuenta son la 'peligrosidad' o los 'efectos potenciales' de la sustancia".
"Esto debilita el estándar de certeza jurídica y facilita interpretaciones arbitrarias, que se alejan de las exigencias del debido proceso, especialmente en un sistema como el de Cuba, donde no existe un poder judicial verdaderamente independiente y los jueces son 'los jueces de la Revolución', como admitió el presidente del TSP, Rubén Remigio Ferro, en 2018", añadió Jiménez.
Invasor también aseguró que el juicio en el que fue condenado a ocho años de cárcel el cubano de 18 años "se efectuó con apego a las garantías legales".
Sin embargo, la reciente denuncia de la familia de un condenado a 13 años de prisión por tráfico de drogas en Santiago de Cuba genera dudas sobre el respeto al debido proceso en los juicios relacionados con drogas, en medio de la cruzada del régimen contra ese mal.
Las hermanas de ese sancionado denunciaron la exclusión de pruebas exculpatorias, que incluían el testimonio de un funcionario de Aduanas.
A finales de agosto, la presidenta de la Sala de los delitos contra la Seguridad del Estado en el Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, Ileana Julia Gómez Guerra, presumió en una entrevista con el medio estatal Granma de que el 98 % de las personas juzgadas por delitos asociados a las drogas en Cuba en el primer semestre de 2025 fueron sancionadas.
La denuncia de los allegados del condenado en Santiago de Cuba obliga a preguntarse a qué precio están logrando los tribunales cubanos ese alto índice de condenas.
