En medio de la creciente demanda de legalización de documentos, que está relacionada con la actual crisis migratoria que vive Cuba, y luego de que, en febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores traspasara esta función al Ministerio de Justicia, la viceministra primera de este último, Rosabel Gamón Verde, dijo al diario oficial Granma, que este proceso "muestra un crecimiento constante en correspondencia con el aumento de las emisiones de certificaciones en los Registros Civiles y en las Notarías". Sin embargo, la demora se mantiene como una de las mayores críticas.
La funcionaria detalló que, al cierre de junio, su ministerio legalizó 600.614 documentos, cifra superior a los 442.564 procesados en 2022, los 684.639 legalizados en todo 2023 y los 860.135 de 2024.
Si bien una de las quejas recurrentes es la referida a los atrasos, Gamón Verde afirmó que "la legalización de documentos se mantiene en el término establecido", y echó balones fuera al culpar de las demorar a "los servicios de obtención, fundamentalmente aquellos vinculados a los centros docentes".
En tal sentido, Camilo Pascual Vizcaíno, presidente del Grupo Societario de Bufetes Internacionales Servicios Legales S.A., dijo a Granma que las demoras en los centros docentes pueden durar "desde dos hasta cuatro años", e indicó que algunos de los que más atrasos presentan son la Universidad de La Habana, la de Ciencias Médicas de la misma ciudad y la CUJAE.
El funcionario justificó que "estos centros no contaban con las estructuras necesarias para asumir un alto volumen de solicitudes y de tramitación de documentos, como ha sido a partir de la Ley de Memoria Democrática y el propio movimiento migratorio cubano". Sin embargo, dicha ley cumplirá en octubre tres años de su entrada en vigor y, si bien hay una cierta mejora en la obtención de documentos en las universidades, el proceso sigue sin ser expedito.
En relación a las legalizaciones tramitadas a través de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), su vicepresidenta primera, Lidia Montes de Oca Fernández, dijo a Granma que, "aunque no hay límites para atender a todo el que acude al bufete a solicitar este tipo de servicio, existe una cifra diaria para entrar al MINJUS, y con base en ello se reciben en las provincias, lo que no cubre el total de los contratados con la ONBC, y provoca una acumulación entre el tráfico de la documentación vía valija hacia La Habana y la entrada diaria, por lo que existen atrasos desde abril".
"Otro factor es el tema energético en las sedes municipales, en las que los especialistas trabajan de forma manual para no afectar a la población, pero deben esperar al restablecimiento de la energía para poder insertar en el sistema informático todas las solicitudes", agregó.
A pesar de los recurrentes apagones, la viceministra primera del MINJUS resaltó que uno de los objetivos de su ministerio es "migrar, poco a poco, hacia el documento y la legalización digital, con todas las medidas de seguridad que ello conlleva".
Asimismo, Gamón Verde aseguró que, después de la creación de un grupo de trabajo para analizar el tema de los atrasos, "ya existe una propuesta consensuada y renovadora para presentar a aprobación". Sin embargo, el tiempo sigue pasando, los atrasos se siguen acumulando y, al menos en el caso de la Ley de Memoria Democrática, queda cada vez menos tiempo para que las autoridades españolas cierren la recepción de documentos.
En febrero, el traslado de responsabilidades, supuso para el MINREX quitarse de encima un problemón: gastos en la compra de papel especial para los documentos registrales; personal dedicado a la tramitación de las peticiones de legalización; así como crecientes y sistemáticos hechos de corrupción entre sus funcionarios. Sin embargo, como escribió el jurista Edel González Jiménez en un análisis publicado por DIARIO DE CUBA, y como demuestran los hechos, el traslado de responsabilidades del MINREX al MINJUS se trata de "desvestir un santo para vestir otro".
"Cuba sigue anclada en el uso de sellos de papel, carente de tecnologías, servidores y soportes, así como dinero, para su adquisición. En el mundo en general, incluyendo decenas de países subdesarrollados, la legalización de documentos echa mano al código QR y al llamado Código Seguro de Verificación (CSV), o código alfanumérico. Mediante el segundo, cualquier copia realizada en soporte físico de los originales electrónicos tendrá consideración de copia auténtica, mientras que el primero garantiza verificar de forma directa la información y la autenticidad del sello digital", detalló González Jiménez.
Y al hilo de lo anterior, concluyó: "Pero mientras lo anterior se impone, en Cuba obtener un simple certificado de nacimiento o matrimonio, unos antecedentes penales o un registro de resultados académicos sigue siendo un calvario. Uno de los tantos que sufren los habitantes de la Isla".
