La transferencia de facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) al Ministerio de Justicia (MINJUS) de Cuba para la legalización de documentos fue vista como un alivio por los habitantes de la Isla, que tenían que esperar largos meses y someterse a colas, gastos y problemas de toda naturaleza para obtener escrituras registrales personales, esenciales para numerosas gestiones tanto dentro como fuera de la Isla.
El traslado de responsabilidades, consecuencia del éxodo migratorio histórico que vive el país, que colapsó la lenta y burocrática estructura de los registros civiles y bufetes cubanos, supuso para el MINREX quitarse de encima un problemón: gastos en la compra de papel especial para los documentos registrales; personal dedicado a la tramitación de las peticiones de legalización; así como crecientes y sistemáticos hechos de corrupción entre sus funcionarios.
Desde febrero de 2025, cuando se consumó el traspaso, el MINREX pudo destinar el dinero y los recursos que gastaba en los trámites al sostenimiento de la ideología del poder en el exterior, así como a la costosa actividad de inteligencia, que vigila, espía y persigue a miles de personas y organizaciones en el extranjero.
Pero, en tanto, el MINJUS, que se hizo responsable del embrollo en virtud del Acuerdo 10.035 de 2024 del Consejo de Ministros, y que es un ente plenamente presupuestado y uno de los más pobres entre sus iguales, se las ve negras para algo aparentemente tan sencillo como es la adquisición del papel destinado al sello de legalización que lleva cada documento registral legalizado.
Fuentes del MINJUS dijeron a DIARIO DE CUBA que la legalización de documentos para surtir efectos en el extranjero ha sido una de las causas de las demoras que padecen numerosos ciudadanos, quienes llevan más de cinco meses esperando por sus certificados.
Según fuentes cuya identidad no revelamos para evitar represalias en su contra, las escasas reservas del papel especial para el sello con la firma autorizada del ministro, Oscar Manuel Silvera Martínez, supone un permanente estrés para ese funcionario.
Silvera Martínez habría sufrido incluso un agravamiento de su precario estado de salud por las tensiones propias de las gestiones de recursos para garantizar el componente material de la legalización.
El MINJUS, según las fuentes, informó a la cúpula del régimen que el conjunto de trámites de legalización de documentos en 2025 rondaría los dos millones de dólares, cifra sin precedentes y muy superior al millón y medio de dólares erogados para esas gestiones en 2024.
Según los testimonios hechos llegar a esta redacción, ante la escasez de divisas en el país y la morosidad con que el MINJUS recibe del presupuesto central las cantidades planificadas para esos fines, el ministro Silvera Martínez ha tenido la "iniciativa" de solicitar cantidades de papel especial a empresarios extranjeros con los que mantiene algún tipo de relación.
El asunto del papel especial para sellar documentos legalizados podría parecer menor, pero no lo es. Varias oficinas de trámites en el extranjero se quejan de la calidad del papel actual, muy diferente al que empleaba el MINREX cuando se ocupaba de estos trámites.
En los documentos registrales actuales, el sello es casi imperceptible. Algunas oficinas de trámites ahora exigen a los ciudadanos que acudan con los certificados escaneados tras ser convertidos en PDF, pues la tosquedad, grosor y textura de los sellos los hace de difícil manejo por los escáneres modernos.
La legalización de documentos es un proceso formal que implica apenas la autenticación de la firma de quien lo emite y un sello de una autoridad pública en un documento oficial con atribuciones de reconocimiento. En la práctica, el trámite significa garantizar al destinatario recibir un documento auténtico, en teoría carente de errores u omisiones que lo hagan plena o parcialmente falso.
Si bien es cierto que el tipo de papel empleado en el proceso de legalización no es en sí mismo garantía de la legalidad de los documentos oficiales, su elección es fundamental, puesto que ello afecta su perdurabilidad. El papel pergamino es uno de los que se utiliza, por su apariencia y textura, para documentos con un valor especial, como certificados, diplomas o manuscritos.
El ministro Silveira Martínez, en el acto de recibir la responsabilidad por parte del MINREX, aseguró que el proceso de legalización se desarrollaría "sin interrupciones", cumpliendo el término establecido y que se resolverían o limitarían los retrasos; pero la realidad ha sido otra.
Las quejas por demoras excesivas aumentan el desespero entre los cubanos por sobornar a los funcionarios como vía de solución. La migración hacia la digitalización e informatización de servicios oficiales es otra quimera inalcanzable por el momento porque, con los apagones sin freno, las oficinas de trámites trabajan cuando y como pueden.
Cuba sigue anclada en el uso de sellos de papel, carente de tecnologías, servidores y soportes, así como dinero, para su adquisición. En el mundo en general, incluyendo decenas de países subdesarrollados, la legalización de documentos echa mano al código QR y al llamado Código Seguro de Verificación (CSV), o código alfanumérico. Mediante el segundo, cualquier copia realizada en soporte físico de los originales electrónicos tendrá consideración de copia auténtica, mientras que el primero garantiza verificar de forma directa la información y la autenticidad del sello digital.
Pero mientras lo anterior se impone, en Cuba obtener un simple certificado de nacimiento o matrimonio, unos antecedentes penales o un registro de resultados académicos sigue siendo un calvario. Uno de los tantos que sufren los habitantes de la Isla.
