El juicio por el episodio violento que dejó al menos ocho heridos el 8 de junio de 2024 en el centro recreativo ubicado en la Finca de los Monos, de La Habana, concluyó este jueves con penas de cárcel para 18 de los 20 acusados, informó el medio oficial Granma.
El Tribunal Provincial Popular de La Habana detalló en una nota citada por el diario oficial que "luego de realizarse durante dos jornadas la vista oral y pública, que incluyó la declaración de los acusados, la práctica de pruebas documentales, testificales y periciales, así como los informes finales de la Fiscalía y los abogados de la defensa, quedó probado que los hechos son constitutivos de los delitos de desórdenes públicos y portación y tenencia ilegal de armas o explosivos".
De acuerdo con el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), el Tribunal consideró que los sucesos del 8 de junio del año pasado "representaron un peligro tangible para las víctimas, además de que su proliferación ataca la estabilidad, la seguridad y el futuro de cualquier sociedad".
También valoró que "resulta de extrema gravedad el entorno en el que ocurrieron los sucesos y sus consecuencias". En el lugar había una alta concentración de personas, que incluían a numerosos menores de edad, que "pretendían disfrutar de una actividad pública".
La nota no hizo alusión a la supuesta falta de autorización oficial para la actividad por el inicio del verano de 2024, esgrimida por las autoridades habaneras luego de que transcendieran los hechos, y desmentida incluso por la intendenta del municipio, Elena Luis Rodríguez.
Pese a la gravedad de los hechos señalada por el Tribunal y a la situación peligrosa creada por los acusados, las sanciones demuestran una vez más que, en Cuba, manifestarse contra el régimen, o incluso solo difundir en internet una acción de ese tipo, es mucho más grave que comprometer la seguridad e integridad física de niños.
De los 20 implicados que fueron juzgados finalmente —la nota inicial hablaba de 18— dos no fueron condenados a penas de prisión, sino a tres y siete años de trabajo correccional sin internamiento, respectivamente.
En esos casos, el Tribunal dijo haber tenido en cuenta el resultado de peritaje médico del sancionado con tres años de trabajo correccional sin internamiento y la "conducta positiva, tanto antes como con posterioridad a los sucesos" del otro acusado.
Las penas contrastan con las impuestas a cubanos que participaron las protestas antigubernamentales de los días 11 y 12 de julio de 2021. Por ejemplo, Marlon Brando Díaz Oliva, quien tenía 20 años en el momento de las protestas, fue sentenciado inicialmente a 18 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición. La condena le fue rebajada después y estuvo entre los 553 reos excarcelados como resultado de una negociación entre La Habana y el Vaticano.
Rowland Castillo, quien no había cumplido 18 años cuando se unió a las protestas, fue condenado a esa misma cantidad de años de cárcel por cargos de atentado y desorden público. Posteriormente, la sanción le fue reducida a cinco años de prisión También fue excarcelado, tras el acuerdo entre el régimen cubano y el Vaticano, después de tres años y medio de encierro.
El Tribunal que lo juzgó no tuvo en cuenta su edad, ni que carecía de antecedentes penales ni que era alumno de la Escuela Nacional de Deporte Manuel Fajardo, en la modalidad de lucha libre.
Los 18 juzgados por los hechos de la Finca de los Monos sancionados con privación de libertad recibieron sentencias de entre cuatro y ocho años de cárcel.
La pena más alta representa poco más de la mitad de la condena que cumple Mayelín Rodríguez Prado, por los supuestos delitos de "propaganda enemiga de carácter continuado" y "sedición". Los cargos se basaron en que la joven —de 22 años en 2022— transmitió a través de las redes sociales las protestas que estallaron en Camagüey en agosto de ese año por los prolongados apagones diarios.
De acuerdo con la nota del Tribunal Provincial de La Habana "en todos los casos se consideró la edad de los acusados, así como su implicación concreta en los hechos" de la Finca de los Monos.
Entre los procesados habría menores de 18 años, teniendo en cuenta las informaciones proporcionadas por las autoridades el año pasado.
"Hasta este momento, se ha efectuado la detención de varios jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 20 años, demostrándose también la implicación o la participación de menores de edad", dijo el 17 de junio del año pasado la vicefiscal jefa provincial en La Habana, Yaimara Angulo González, al Canal Caribe.
Destacó que los últimos no habían sido instruidos de cargos, debido a su edad, pues el Código Penal vigente establece que no pueden responder penalmente.
Durante la vista oral de estos dos días, la Fiscalía dijo que la investigación sobre los hechos de la Finca de los Monos no está concluida, sino temporalmente archivada. Eso significa que "puede ser retomada en cualquier momento de contarse con los elementos probatorios suficientes para sostener la acusación ante los tribunales", citó Granma.
En junio del año pasado, la vicefiscal jefa de La Habana también dio a conocer que había una segunda línea de investigación sobre los hechos dirigida a "determinar la identidad" de quienes "de manera inescrupulosa", según ella, divulgaron "noticias falsas".
Angulo González hizo hincapié en la necesidad de "establecer con qué propósito" y "con qué finalidad" actuaron quienes divulgaron el suceso y "alarmaron a la población". Según la funcionaria, "esa conducta" al igual que la portación de armas blancas, "puede constituir un delito.
Ese mismo día la funcionaria elevó a ocho la cantidad de heridos como resultado de los violentos sucesos. Es la última cifra oficial.
Las primeras versiones del suceso que circularon en las redes sociales hablaban de entre siete y nueve jóvenes muertos, que se acerca a la de personas heridas. Esas versiones se basaban, fundamentalmente, en las imágenes difundidas de jóvenes armados con machetes o cuchillos, que actuaban de manera intimidatoria, y de las peleas que se produjeron antes de que apareciera una patrulla.
No fue hasta el día siguiente de los hechos que las autoridades de La Habana publicaron una versión oficial de lo ocurrido en el centro recreativo, en la que afirmaron que la actividad nunca había sido aprobada y que la Policía había intervenido "de manera consecuente para reestablecer el orden", aunque las imágenes difundidas decían lo contrario.
El régimen cubano subrayó que no hubo muertos e intentó desacreditar a los medios independientes que publicaron la noticia. Sin embargo, muchos usuarios han señalado en redes sociales que lo importante no era si hubo muertos, sino la violencia desatada por personas muy jóvenes.
