El juicio contra 18 presuntos implicados en los sucesos violentos que tuvieron lugar en junio de 2024 y dejaron al menos ocho heridos en el centro recreativo estatal ubicado en la antigua Finca de los Monos, del habanero municipio Cerro, comenzó este 10 de junio en el Tribunal Provincial de La Habana, informó el Canal Caribe de la estatal Televisión cubana.
Los hechos juzgados se produjeron el sábado 8 de junio del año pasado, durante una actividad destinada a los jóvenes por el inicio del verano, que según las autoridades cubanas no había sido autorizada.
De acuerdo con el reporte televisivo de este martes, siete de los acusados se encontraban en prisión provisional. De ellos, dos fueron asegurados con esa medida cautelar por la presunta comisión de delitos posteriores. Los restantes 11 sospechosos esperaron el juicio en libertad.
"Las conclusiones provisionales de la Fiscalía presentadas ante el Tribunal señalan la comisión de los delitos de desórdenes públicos y portación y tenencia Ilegal de armas o explosivos", precisó el reporte televisivo.
Canal Caribe no dio a conocer las edades de los acusados, pero varios serían menores de 18 años, según informaron las autoridades el 17 de junio del año pasado, casi diez días después del episodio, que puso de manifiesto a ola de violencia que envuelve a Cuba en la que los jóvenes tienen un triste protagonismo.
"Hasta este momento, se ha efectuado la detención de varios jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 20 años, demostrándose también la implicación o la participación de menores de edad", dijo hace poco más de un año la vicefiscal jefa provincial en La Habana, Yaimara Angulo González, al Canal Caribe.
Destacó que los últimos no habían sido instruidos de cargos, debido a su edad, pues el Código Penal vigente establece que no pueden responder penalmente.
También señaló, respecto a los detenidos, que todo el tiempo habían estado presente sus representantes legales, el fiscal y la representación de la defensa.
La funcionaria también cifró en ocho el número de personas heridas como resultado de los hechos, que fue la última cantidad oficial de lesionados reportada.
Al día siguiente de los disturbios, el Gobierno de La Habana afirmó que solo dos personas habían sufrido heridas. Dos días después, el presentador y vocero del régimen Humberto López elevó los lesionados a seis.
Las primeras versiones del suceso que circularon en las redes sociales hablaban de entre siete y nueve jóvenes muertos, que se acerca la que personas heridas. Esas versiones se basaban, fundamentalmente, en las imágenes difundidas de jóvenes armados con machetes o cuchillos, que actuaban de manera intimidatoria, y de las peleas que se produjeron antes de que apareciera una patrulla
No fue hasta el día siguiente de los hechos que las autoridades de La Habana publicaron una versión oficial de lo ocurrido en el centro recreativo, en la que afirmaron que la actividad nunca había sido aprobada y que la Policía había intervenido "de manera consecuente para reestablecer el orden", aunque las imágenes difundidas decían lo contrario.
El régimen cubano subrayó que no hubo muertos e intentó desacreditar a los medios independientes que publicaron la noticia. Sin embargo, muchos usuarios han señalado en redes sociales que lo importante no es si hubo muertos, sino la violencia desatada por personas muy jóvenes.
La supuesta falta de autorización de las autoridades para la actividad en la que ocurrieron los hechos también fue desmentida el año pasado por la intendenta del municipio, Elena Luis Rodríguez; Araiz Torres, una de las organizadoras, el administrador de la Finca de los Monos y el presidente de la empresa privada Klatus.
Al informar sobre la detención de los presuntos implicados, en junio de 2024, la vicefiscal jefa de La Habana también dio a conocer que había una segunda línea de investigación sobre los hechos dirigida a "determinar la identidad" de quienes "de manera inescrupulosa", según ella, divulgaron "noticias falsas".
Angulo González hizo hincapié en la necesidad de "establecer con qué propósito" y "con qué finalidad" actuaron quienes divulgaron el suceso y "alarmaron a la población". Según la funcionaria, "esa conducta" al igual que la portación de armas blancas, "puede constituir un delito.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre arrestos de personas que difundieron imágenes del suceso, pero no sería la primera vez que el régimen castiga a quienes publican videos de hechos que desmienten la supuesta tranquilidad ciudadana conquistada por la Revolución o protestas antigubernamentales.
En estos momentos, la cubana Mayelín Rodríguez Prado cumple una sentencia de 15 años de privación de libertad —la más alta de las impuestas a 14 ciudadanos que protestaron por los apagones en Camagüey, en agosto de 2022— bajo cargos de "propaganda enemiga de carácter continuado" y "sedición", por transmitir las manifestaciones en las redes sociales.
