La crisis del Programa Nacional de Atención Materno Infantil (PAMI), aunque las autoridades sanitarias del régimen la nieguen, es un hecho. Así, el incremento de la tasa de mortalidad infantil en Guantánamo, que se disparó hasta 13,94 por cada 1.000 nacidos vivos en lo que va de año, lo demuestra, según números publicados por el periódico oficialista local Venceremos.
Un pleno del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba en la provincia destacó "la insuficiente reserva de médicos en la atención primaria", así como "las quejas por el estado de instalaciones como el Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto".
Además, el órgano político reconoció "las dificultades internas que atentan contra la imagen y funcionamiento" de la salud pública en el territorio, pero no propuso soluciones para paliarlas, aunque, según Venceremos, el pleno "apostó por la búsqueda de soluciones objetivas y subjetivas", pero sin detallarlas ni sin que haya mejoras concretas a la vista.
En este contexto, que no es exclusivo de Guantánamo, las autoridades pretenden "estimular el protagonismo y participación de la militancia del Partido en la actividad cotidiana de los centros de salud y en la Universidad de Ciencias Médicas, a todos los niveles".
Así, ante las ingentes ineficiencias del sector, las autoridades políticas guantanameras insistieron en "robustecer el trabajo político e ideológico y trabajar en el crecimiento a las filas del Partido, como agente rector e impulsor de la construcción del modelo de sociedad socialista".
La situación de la mortalidad infantil en el territorio resulta aún más alarmante cuando, en enero de este año, la Dirección de Salud Pública de Guantánamo celebró la reducción de la tasa de mortalidad infantil durante 2024, que fue de 7,3 por cada mil nacidos vivos, notablemente inferior al 9,0 registrado durante el 2023, pero superior a la media nacional (7,1).
Ya en noviembre de 2022 el Gobierno cubano admitió que el PAMI "no alcanzó los resultados deseados" y atribuyó su descalabro a "la falta de dirigentes y otros funcionarios encargados de atender a madres y recién nacidos". Desde entonces, la situación ha ido a peor.
La prensa oficial ha publicado sobre el déficit de profesionales médicos, pero sin mencionar el éxodo migratorio que sacude a la Isla ni tampoco la exportación de especialistas que La Habana sigue promoviendo en medio de las denuncias de organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos que las catalogan como esclavitud moderna.
Además, en diciembre último, el Gobierno de Cuba reconoció lo que constantemente denuncia la población en redes sociales: la caída en la calidad de los servicios médicos y la severa escasez de medicamentos básicos. "Se ha afectado la calidad de los servicios médicos", afirmó el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. No obstante, a pesar de reconocerlo, la realidad no ha mejorado desde entonces.
El régimen se queja de falta de soluciones y culpa al embargo del desastre sanitario, pero en 2024 solo destinó 1.977,4 millones de pesos (82 millones de dólares al cambio oficial) para inversiones en Salud Pública y asistencia social. La cifra contrasta con los 36.843,8 millones de pesos (1.535 millones de dólares) en Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler —que incluye la construcción de hoteles o el aumento de habitaciones disponibles— así como en Hoteles y Restaurantes, de los 98.569,5 millones (4.107 millones de dólares) ejecutados el ejercicio pasado.
Así, con una crisis alimentaria al alza, con los hospitales y otros servicios de salud marcados por carencias e ineficiencias, con las farmacias desprovistas de medicamentos, con los embarazos adolescentes en aumento, con la crisis demográfica y la falta de aplicación real de políticas públicas que contrarresten la situación, los números de la mortalidad infantil en Cuba a finales de año serán fiel reflejo de semejante despropósito.
