El Gobierno de Cuba no publicará estadísticas sobre los feminicidios y la violencia machista, cuya existencia en la Isla se ha visto obligado a reconocer, pese a jactarse de enfrentarlos.
Lo anterior quedó demostrado en un artículo firmado por Ana Hernández y Anneliesse Toranzo —fiscal jefa de la Dirección de Información y Análisis y fiscal de la Dirección de Procesos Penales, respectivamente—, publicado en el diario oficial Granma.
Tras resaltar programas y herramientas legales que existen en Cuba para enfrentar la violencia de género, las autoras del artículo afirmaron que "una sola mujer o niña víctima es inadmisible en nuestro Estado socialista de Derecho y justicia social", en un reconocimiento tácito de la insuficiencia de lo que han hecho las autoridades hasta el momento para enfrentar la violencia de género.
"Sugerimos algunos elementos con los que podemos hacer mucho más: el fortalecimiento de los mecanismos y las capacidades en la formación de los funcionarios y servidores públicos; e incrementar la sensibilización de la sociedad, utilizando las potencialidades de la Ley de Comunicación Social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario", señalaron las funcionarias de la Fiscalía de Cuba.
"Tenemos un compromiso con la Ley de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública", añadieron, lo que despertó esperanzas de que, al amparo de esa norma aprobada en julio de 2024, las estadísticas sobre la violencia machista y los feminicidios en Cuba se pondrían a disposición de la población. Enseguida, las fiscales dejaron claro que no será. Aunque se está elaborando un registro sobre esos hechos, este no será público.
"En estos momentos, un equipo multidisciplinario de expertos de la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Interior, el Tribunal Supremo Popular y la Universidad de las Ciencias Informáticas desarrolla un Registro Administrativo, informatizado e interoperable, que no tiene carácter público, sobre la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género", informa el artículo.
El registro solo proporcionará información "a las autoridades del Estado y del Gobierno" y a la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
Las autoras del texto también dedicaron una parte importante del artículo a destacar aspectos de los nuevos Código de las Familias, Código Penal y Ley del Proceso Penal, aunque la realidad pone de manifiesto que persisten deficiencias en los tribunales cubanos a la hora de procesar casos en los que ha habido violencia machista, e incluso cuando las víctimas son menores de edad. Al menos un caso analizado por DIARIO DE CUBA lo demuestra.
Sobre el enfrentamiento del Gobierno a la violencia —que no fue reconocido durante décadas, al punto de que la diputada e hija de Raúl Castro, Mariela Castro Espín, afirmó en 2015 que en Cuba no había feminicidios, gracias a la Revolución— las autoras del artículo destacaron que existe una "agenda país" con la participación de la FMC, "integrada por el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), la Estrategia Integral para la Atención y Prevención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar, y el Protocolo de Actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso laboral".
Asimismo, resaltaron el "novedoso" Código de las Familias aprobado en referendo en 2022, que "define que la violencia familiar se expresa a partir de la desigualdad jerárquica en el interior de la familia, y tiende a la destrucción de las personas, la convivencia y la armonía familiar".
También subrayaron que el Código Penal, aprobado en Cuba en 2022 —que no tipifica el feminicidio—, "incorporó sanciones accesorias para la protección a la víctima, como la de prohibición de acercamiento a esta o al perjudicado (…)".
Sin embargo, en junio de 2024, transcendió que una niña de cuatro años abusada sexualmente recibiría justicia después de un año y solo tras un juicio, en el que la familia apeló la benévola sentencia impuesta inicialmente al agresor.
Se conoció en ese momento que el culpable, Maikel Solano Arévalo, fue sentenciado a tres años de privación de libertad por el Tribunal Provincial de Granma, tres meses después de que, en primera instancia, el Tribunal Municipal de Buey Arriba lo condenara a solo tres años de trabajo correccional sin internamiento, lo que implicaba que no pisaría la prisión. Sin embargo, no se impuso una sanción accesoria de prohibición de acercamiento a la menor.
Un caso expuesto en la estatal Televisión cubana este lunes evidenció la negligencia policial que sufren muchas víctimas de violencia machista en la Isla. Dos hermanas, que acaban de obtener justicia tras décadas de acoso por parte de su propio padre, contaron que cuando lo denunciaron a la Policía, los agentes la ignoraron, con el argumento de que "un padre no podía acosar a sus hijas".
Ya en abril de 2024, Granma dedicó un extenso artículo a demostrar que la Ley del Proceso Penal, aprobada en 2021, protege a las cubanas.
Pero tres meses antes, la cubana Heidy Peña había tenido que recurrir a las redes sociales para que la Policía detuviera al padre de sus hijos por amenazarla. Previamente, pese a sus denuncias y a las evidencias presentadas, los agentes habían arrestado en dos ocasiones al individuo y lo habían liberado bajo fianza, según relató Peña en Facebook hace un año.
De las 89 víctimas mortales verificadas en 2023 por el Observatorio de la Revista Feminista Alas Tensas (OGAT) y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, al menos nueve habían denunciado a sus agresores, como mostró DIARIO DE CUBA en un análisis.
