Los delitos contra la ganadería en Las Tunas crecieron considerablemente en 2024 y fueron un 10% más a los registrados en 2023. Las acciones delictivas contra el ganado en la provincia fueron diez veces superiores que el resto de los crímenes en el territorio, que también crecieron, informó el medio oficialista local Periódico 26.
A lo largo del año recién concluido, predominaron en Las Tunas los hurtos, seguidos del sacrificio ilegal y el robo con violencia. "La preponderancia de los primeros, dijeron los expertos, denota que los malhechores se estarían aprovechando del descuido o la ingenuidad de los dueños en el momento del pastoreo", precisó Periódico 26.
Asimismo, el citado medio detalló que la mitad de tales hechos ocurrieron en los municipios de Las Tunas, Jobabo y Majibacoa, que muestran una alta incidencia, con "delitos de este tipo cada dos o tres días".
En un análisis reciente entre las autoridades de los ministerios de Interior y Agricultura en la provincia, resaltaron que las más de 1.300 acciones de control ejecutadas revelaron que 1.662 cabezas de ganado existían solo en los papeles, mientras que otras 243 podían verse y tocarse, pero no había respaldo documental de su existencia.
Los campesinos y tenedores de ganado del territorio no descartan, según el periódico local, que sea necesario hacer cambios en quienes dirigen varias de las formas productivas, por su manifiesta incapacidad para afrontar como es debido este problema".
Además, subrayaron el deficiente el funcionamiento de la comisión agraria local, así como la labor de los especialistas y funcionarios cuyo contenido de trabajo es, justamente, ejercer el control sobre la masa ganadera. En tal sentido, en varias de las zonas afectadas, los afectados se han organizado para patrullar los campos, ante la reiterada ineficiencia de las autoridades.
"Nada es suficiente, y no nos lo perdonan los infantes que hubieran disfrutado de la leche de las vacas hurtadas ni las familias que hubieran podido recibir a precios subsidiados la carne de esas reses que, tras ser sacrificadas ilegalmente, va a parar al mercado negro", dijo en medio del mencionado análisis el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Las Tunas, Walter Simón Noris.
En tal sentido, la sala de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas condenó en diciembre a 25 años de privación de libertad a un ciudadano acusado de robo con fuerza, sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de sus carnes, entre otros delitos asociados, tras un juicio realizado conjuntamente con otros dos implicados, para quienes las sanciones dictadas alcanzaron los 14 y 11 años de cárcel.
Según el reporte de Visión Tunera, los delitos generaron pérdidas económicas que ascienden a 134.550 pesos cubanos (CUP) y afectaron gravemente a campesinos y bases productivas en zonas rurales de la provincia.
Sin embargo, para el abogado de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez, "estamos ante un rigor normativo que no ha frenado el sacrificio ilegal desde su regularización como delito especial. Esto pasa porque robar y sacrificar ganado mayor no es mal visto en sentido general por la amplia sociedad que la consume. Estamos ante un delito socializado que solo encuentra rechazo popular cuando la víctima de la pérdida del buey, la vaca, el ternero o el caballo es un simple campesino y no una entidad estatal".
"El rigor de la sanción penal no pone un gramo más de carne de vacuno ni de sus derivados en la mesa de los cubanos. Los ganaderos necesitan normas que promuevan realmente la promoción y el incremento efectivo de la masa ganadera. A día de hoy, siguen careciendo de eficaces estímulos fiscales, subvenciones significativas, fácil acceso a tecnologías reproductivas, medidas y medios de higiene y salud para la crianza, matanza y gestión de las carnes de dichos animales", agregó el jurista.
