Ni los delitos son la razón del desastre ganadero, ni las severas condenas acabarán con el fenómeno

Nidia compró cinco kilogramos de carne de res de primera a 9.000 pesos. Su hijo padece una anemia severa por la que tiene prescrita una dieta médica, pero hace más de dos años que a la bodega no llega "ni una onza". No es la primera vez que la adquiere al mismo vendedor. Sospecha del origen ilícito, de las implicaciones, pero no quiere saber demasiado.

"Yo no tengo a nadie que me compre desde afuera nada. Los precios de esas tiendas en dólares son prohibitivos. Muy de vez en cuando te encuentras en una MIPYME aquí un pedacito de carne de res, de mala calidad, más cara de lo que la consigo yo por la izquierda, y de primera. No voy a poner en riesgo la ya precaria salud de mi niño", dice a DIARIO DE CUBA.

Cinco libras de bistec de res en la plataforma TuAmbia cuestan 38 dólares (12.464 pesos, al cambio informal), un boliche de res de dos kilogramos (carne de menor calidad) cuesta 30,85. En Katapulk, negocio del empresario cubanoamericano Hugo Cancio, dos kilogramos de palomilla macerados pasan de los 63 dólares (20.664 pesos).

Una persona que no quiso revelar su nombre asegura que en el mercado negro cinco kilogramos de carne de res de primera tienen un precio entre 8.500 y 10.000 pesos, mientras en las MIPYMES ocasionalmente se vende esa misma cantidad, pero de segunda, entre 9.500 y 10.000 pesos.

Lídice no tiene a nadie con requerimientos especiales de carne de res, pero ella no está dispuesta a renunciar a comerse su "bistecito semanal". "Cuando mi hermana no puede hacerme envío, yo misma salgo a zapatearla. El que me la vendía por la izquierda se desapareció de la zona. Dicen que cayó preso. Lamento mucho su suerte. Nadie debería pagar por vender carne clandestina lo que no paga un abusador de una niña o uno que entra a tu casa y te mata para robarte", dice.

Recientemente, el Ministerio del Interior (MININT) informó de sanciones a más de 4.500 personas en Cuba por delitos relacionados con el ganado.

En el programa oficial televisivo Hacemos Cuba, el coronel Manuel Valdés, jefe del Órgano de Enfrentamiento de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI), del MININT, dijo que se han ejecutado más de 6.000 acciones de enfrentamiento y prevención, que incluyen el corte de 902 procesos investigativos y la neutralización de 9.005 individuos, el 52% con medidas penales.

Según Valdés, solamente en octubre fueron sacados de circulación 26 grupos organizados que realizaban este tipo de delitos.

Añadió que el flagelo está presente en todo el país, pero las provincias donde se da con mayor fuerza y sistematicidad, y sobre las cuales hoy "se está actuando con más rigor", son Guantánamo, Santiago de Cuba, Las Tunas, Camagüey, Holguín, Villa Clara, Cienfuegos y Matanzas.

En otro reporte de finales de octubre, el diario oficial Granma informó que al 90% de los sancionados hasta la fecha por tales delitos se le impuso penas privativas de libertad, de ellos el 78% fue condenado con sanciones de hasta 15 años, lo que pone de manifiesto el rigor en el tratamiento a esas conductas.

El abogado de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez precisó que constituyen delitos el sacrificio ilegal del ganado propio o ajeno, el tráfico de la carne proveniente del ganado mayor ilegalmente sacrificado y la adquisición consciente de esa carne.

"Las penas privativas de libertad oscilan entre seis meses y diez años de privación de libertad, según sea el hecho cometido y otras circunstancias incidentes. Las sanciones pueden verse incrementadas sustancialmente cuando se logra probar que el sujeto juzgado es autor de varios sacrificios, es reincidente o multi reincidente o está cumpliendo al momento de la ejecución del hecho otro tipo de sanción con beneficio de excarcelación", añadió.

"Estamos ante un rigor normativo que no ha frenado el sacrificio ilegal desde su regularización como delito especial. Esto pasa porque robar y sacrificar ganado mayor no es mal visto en sentido general por la amplia sociedad que la consume. Estamos ante un delito socializado que solo encuentra rechazo popular cuando la víctima de la pérdida del buey, la vaca, el ternero o el caballo es un simple campesino y no una entidad estatal", considera.

Los programas oficiales de desarrollo nacional relacionados con la ganadería junto a los disparates de Fidel Castro condujeron a esta industria al fracaso. Hoy son el sector no estatal y las cooperativas de créditos y servicios las que más leche y carne aportan a la economía nacional, así como las que más crecen en cabezas de ganado mayor en medio de enormes dificultades. Los campesinos y productores independientes son blanco de las presiones del Estado para que cumplan sus planes a riesgo de la retirada de usufructo y confiscación de animales. Es en el sector estatal y las llamadas unidades básicas de producción agropecuarias donde más ganado mayor muere a causa de la desatención alimentaria, la sequía y el desvío de recursos.

Para González Jiménez, "Granma debería informar cuántas causas fueron juzgadas en los tribunales municipales por el delito de incumplimiento del deber de preservar bienes (el ganado mayor) e informar en este caso la cantidad de cabezas perdidas por este delito y el descontrol en las entidades estatales".

En palabras del ex magistrado cubano, "tras décadas de extremo rigor en la imposición de condenas por este delito, la ciudadanía sigue sin entender el desequilibrio entre este tratamiento penal y el que reciben homicidas o agresores sexuales. De ahí la expresión generalizada de que 'vale más la vida de una vaca que la vida de una persona'. Lo peor es que, al mismo tiempo que el delito de sacrificio y tráfico ilegal de carnes aumenta, también siguen creciendo en las estadísticas judiciales los delitos asociados a la violencia", lamentó.

En opinión del abogado, "la represión de conductas a través del derecho penal es una herramienta fundamental de gobiernos fallidos como el de Cuba para contener por un tiempo el caos social".

Según González Jiménez, estas políticas de sanciones obligan a fiscales y a jueces a actuar en unos casos con elevado rigor y en otros conforme a su conciencia.

Para garantizar el rigor en los casos de sacrificio y tráfico ilegal de carnes de ganado mayor el presidente del Tribunal Supremo Popular emitió la Circular 268 de 2014, calificada como documento oficial clasificado, explica.

Por esta razón, los operadores de la justicia en Cuba se han visto obligados a imponer prisión provisional a la mayoría de los implicados en este delito, penas de confinamiento y la negación de beneficios de excarcelación, violando derechos de libertad a miles de personas por este concepto.

"Es así como el tribunal pone un parche a la ineficacia, al desastre de la política ganadera oficial del Estado, al convertirse en garante del método represión", añade González Jiménez.

Para el abogado, "el rigor de la sanción penal no pone un gramo más de carne de vacuno ni de sus derivados en la mesa de los simples cubanos. Los ganaderos necesitan normas que promuevan realmente la promoción y el incremento efectivo de la masa ganadera. A día de hoy siguen careciendo de eficaces estímulos fiscales, subvenciones significativas, fácil acceso a tecnologías reproductivas, medidas y medios de higiene y salud para la crianza, matanza y gestión de las carnes de dichos animales".

"Más que todo lo anterior, los productores necesitan libertades y derechos económicos, así como real independencia para llevar a cabo todo el proceso y encadenamiento industrial. La demanda no solo se inscribe en el terreno ganadero, es necesaria en todos los sectores de la economía nacional", concluye.