La Fiscalía Provincial de Las Tunas ha procesado en lo que va de año 11 casos de abusos y 27 de agresiones sexuales a menores de edad, nueve más que en todo 2023 en la segunda categoría, publicó el oficial Periódico 26, que admite una dimensión mayor del fenómeno, teniendo en cuenta que impera la negativa en muchos a casos a denunciar.
Durante el 2023, la provincia registró 13 abusos y 18 agresiones sexuales.
Lisbet Pavón Marchán, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales, dijo al medio local que los territorios con mayores incidencias son Jobabo, Las Tunas y Puerto Padre. También señaló que en las zonas rurales es más frecuente el fenómeno, aunque en la ciudad no deja de estar presente. De paso responsabilizó a la familia de lo que ocurre, mientras las sanciones contempladas para los agresores son muy leves.
Pavón Marchán explicó que la diferencia desde el punto de vista legal entre la agresión sexual y el abuso está dada por la penetración; este último contempla los tocamientos, y los menores de edad son las víctimas más frecuentes.
"Hay muchísimos factores que median en la incidencia y el primero es que estos delitos, generalmente, los cometen individuos que son allegados a las víctimas. El abuso se sustenta en el exceso de confianza por parte de los padres con otras personas y está dado, incluso, con tocar a un niño por encima de la ropa", dijo.
"En los procesos que vemos se detecta porque frecuentemente hay un rechazo de los menores a esos conocidos, a quedarse solos con ellos. No lo cuentan en el momento por temor a ser reprimidos, castigados o a que no les crean", añadió.
Según Pavón Machán, "los agresores sexuales, la mayoría de las veces, tienen normal comportamiento social y pueden ser tan cercanos como tíos, primos, padrastros, abuelos, vecinos… Resulta muy difícil para las víctimas contar lo que sucede, casi nunca lo dicen a sus padres, sino a sus abuelos o primos".
"Hemos visto casos en los que el agresor es el padrastro y una vez que se divorcia de su mamá el menor narra lo acontecido. Nos ha tocado lidiar con madres que no les creen a sus hijos y alegan que ellos suelen mentir, que no puede ser posible. Todos los procesos no se parecen, pero en la totalidad están dados por el exceso de confianza y la poca percepción del riesgo", consideró Pavón Marchán.
Norge Nosley Sastre García, fiscal jefe del Departamento de Organización y Planificación, dijo que el nuevo Código Penal establece el nombre preciso a varios fenómenos y las conductas que atentan contra la libertad e indemnidad sexual, las familias y el desarrollo integral de los menores.
"Ante la necesidad de cubrir la totalidad de ofensas graves, eliminar criterios discriminatorios por el tratamiento diferente de mujeres y hombres, así como la edad de las víctimas, el nuevo cuerpo legal crea el delito de agresión sexual. Concentró, en una única causa, los elementos que antes conformaban los delitos de violación, pederastia con violencia y algunos supuestos abusos lascivos. El término abuso sexual se designó para las conductas que se limitaran a los tocamientos", explicó.
El Código Penal vigente se refiere al abuso sexual en el Artículo 396.1 y estipula, para quienes lo cometan, sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multas de 200 a 500 cuotas o ambas. Bajo circunstancias específicas puede extenderse hasta cinco años la privación de libertad y elevarse el monto de las multas.
Por ejemplo, en agosto de este año el periódico Escambray publicó que el Tribunal Provincial de Sancti Spíritus condenó a 18 años de cárcel a un ciudadano portador del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) acusado de abusar sexualmente de un menor con disminución de la capacidad psíquica.
Sin embargo, en general, las condenas están muy lejos de ser rigurosas teniendo en cuenta las profundas huellas psicológicas y físicas que suelen dejar las agresiones y abusos sexuales en los niños y adolescentes.
Carlos del Risco Gamboa, jefe de Salud Mental en Las Tunas y asesor de Psicología en la Fiscalía Provincial, alertó que el abuso o la agresión suelen dejar secuelas: "el rechazo escolar, retraso en el aprendizaje, mal funcionamiento familiar, frustración, actitud defensiva ante la sociedad" e incluso comportamientos suicidas, especialmente en la adolescencia.
En 2023 se juzgaron en Cuba 14 casos por delitos asociados a la trata de personas, cuyos implicados fueron procesados por corrupción de menores, según recogió el Informe Nacional sobre prevención y enfrentamiento al flagelo y la protección a las víctimas presentado en octubre. Las 14 víctimas identificadas son todas niñas menores de edad y las sanciones penales para los victimarios estuvieron en el rango de tres a 20 años de privación de libertad.
Por otra parte, por el sistema diario de información de incidencias del Ministerio de Educación se reportaron 215 hechos al cierre del 2023, de ellos, se identificaron 20 abusos lascivos, 12 acosos sexuales, dos violaciones y tres hechos de corrupción de menores.
