La 'guerra entre el pueblo y los boteros' que promueve el Gobierno cubano

Vendedora de bisuterías y menaje de cocina en una pequeña feria ubicada justo debajo del puente de avenida 100 y Boyeros, Eliany Hidalgo está pensando contratar otro espacio cerca de su domicilio. Las ganancias, ya exiguas en los últimos tiempos a consecuencia de la severa crisis económica que afecta al cubano de a pie, las tiene que invertir en trasladarse desde su casa hasta la feria y regresar, "porque los boteros han aumentado el precio del pasaje más del doble en apenas un año".

La tarifa actual que cobran los transportistas no estatales desde el Parque Curita hasta avenida 100, asciende a 200 pesos "en horario normal; en hora pico o por la noche te puede costar más. A razón de 400 pesos diario solamente en transporte, no da ganancia ni vendiendo la feria entera", se queja Hidalgo, vecina de la barriada San Leopoldo y madre de dos menores de edad.

"Si apuestas por el transporte estatal, no llegarás jamás a ningún lugar, puedes estar en una parada entre dos y tres horas. Y cuando cae la noche es más probable que aparezca una alfombra mágica que una guagua", afirma Boris Estrada, empleado de una empresa estatal en Marianao, con un salario mensual de 4.600 pesos.

"En caso de urgencia, o porque no quiero esperar tres horas en una parada luego de la jornada laboral, tengo que sacrificar 250 pesos, la tarifa actual que tienen los boteros en el recorrido La Ceguera-Parque Fraternidad. Y si no dispongo de ese dinero para ir a trabajar, tengo que estar en la parada, como mínimo, a las 5:00 de la mañana y rezar por que no falle la guagua de esa hora", añade Estrada. "Los directivos y cuadros del Partido de la empresa no tienen piedad, y poco les importa que el servicio de transporte del Estado cada día empeore, dejando al pueblo a merced de la oferta y demanda de los boteros".

A inicios del pasado mes de marzo, el director general de Transporte de La Habana, Yunier de la Rosa Hernández, dijo que en la capital "se manifiesta un complejo escenario", y precisó que "la Empresa Provincial de Transporte tiene 252 equipos disponibles, de 561 en orden de explotación, encontrándose paralizados 309 equipos". Según este directivo, apenas "se garantiza ofrecer servicio de ruta con al menos un ómnibus, lo que provoca tiempos de esperas de hasta tres horas en las rutas principales, y cuatro en las alimentadoras, priorizando siempre los horarios de mayor demanda".

Al referirse a los transportistas no estatales, refirió que "en La Habana circulan aproximadamente 4.400 trabajadores por cuenta propia con Licencia de Operación del Transporte", y recalcó que "ninguno de los precios establecidos por la Resolución 132, aprobada por la gobernadora provincial del Poder Popular de La Habana, se cumplen". Ante lo que suponen "un alza especulativa de los importes que paga la población en la transportación privada de pasajeros", explicó que ya se trabaja "en una nueva propuesta de precios, un proceso que se hizo con los propios transportistas, para lograr un equilibrio basado en las fichas de costos y las posibilidades de la población".

"Pero aún no asoma esa 'nueva propuesta de precios', ni tampoco se refirieron a la gravísima escasez de combustible que todavía permanece y que, como siempre, los principales afectados somos nosotros, los boteros", dice Mateo Cárdenas, conductor privado que cubre una de las rutas de más alta demanda, Habana Vieja-La Lisa, por la que se cobra, según el horario, entre 250 y 300 pesos.

"Nadie saca cuentas, en primer lugar, de que prácticamente toda la demanda del transporte la asumimos los particulares, porque el Estado no tiene guaguas, no tiene servicio de taxis, y hacen creer al pueblo que con los triciclos eléctricos van a resolver una situación de décadas", critica Cárdenas. "Sí, porque también hay que recordarle a ese pueblo que el problema del transporte no es de ayer, es de décadas".

"En segundo lugar, y aquí le llamo la atención al pueblo: nosotros, los boteros, también pagamos la comida al mismo precio que ustedes, las divisas las pagamos al mismo precio que ustedes, y las medicinas las pagamos al mismo precio que ustedes. ¿En serio alguien cree que con los precios máximos que nos impuso el Estado, 75 y 100 pesos los recorridos, vamos a soportar el encarecimiento de la vida que ese mismo Estado nos impone a todos por igual, sin distinción de oficios?", cuestiona el botero.

A finales del pasado mes de abril, la Dirección General de Transporte Provincial de La Habana emitió una nota en la que recalcaba que "en la Resolución 240/2020 se establecieron las tarifas de precios máximos a cobrar por los transportistas privados desde La Habana. Esta resolución se encuentra vigente a partir del 9 de junio de 2023 hasta la actualidad".

Dicha nota advirtió además que el organismo provincial "refuerza las acciones de enfrentamiento y control en la vía, aplicándose a los choferes que sean detectados violando los precios establecidos el Decreto 30 del 2021". Para las denuncias pertinentes, ante la violación de estas tarifas, la entidad divulgó un teléfono para que los usuarios denuncien a los boteros con día, hora, número de la matrícula del vehículo y el precio cobrado.

Sin embargo, la percepción de los habaneros es que están a merced de la oferta y demanda, y que es una batalla entre las autoridades y los transportistas no estatales que se ha extendido por casi cinco años, y a la larga quién ha perdido siempre es el pueblo.

"La guerra entre el pueblo y los boteros es por culpa del Gobierno. Por qué no mencionan que, debido a la inseguridad de las calles por la violencia que campea por su respeto, la gente prefiere trasladarse en carro y no estar tres horas en una parada", apunta José Antonio Carvajal, botero que cubre la ruta Centro Habana-Cotorro.

"Por qué no mencionan que ni siquiera con las gacelas el Gobierno ha podido garantizar el transporte urbano, y que esas mismas gacelas, en horario de la noche, tienen las mismas tarifas que nosotros. La sobrevivencia en este país es para todos, y yo no culpo al pueblo, ni siquiera si es ese mismo pueblo que mañana me puede denunciar, pues lo tengo clarísimo: ni unos ni otros somos responsables del desastre en que este Gobierno tiene al país. Un país donde, si se cobraran los apagones, habría un verdadero aumento del producto interno bruto debido a esa recaudación", dice Carvajal.

Bajo condición de anonimato, un trabajador de la Dirección Provincial de Transporte confirmó que la situación "no se va a resolver ni a corto ni mediano plazo, porque no solo se trata del déficit de combustible sino también de piezas de repuesto y los bajos ingresos salariales por los cuales los choferes estatales no están dispuestos a trabajar".

"Todo se ha unido, y realmente con las 13 líneas de triciclos que operan en cinco municipios ubicados en zonas de alta demanda no se podrá resolver el panorama. Por tanto, la batalla entre la población y los porteadores privados seguirá en agenda diaria. Y, en conclusión, no servirán de nada ni las denuncias, ni las multas a los boteros denunciados, ni el decomiso de las licencias".