El ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera Martínez, aseguró que 513 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio en el país, desde el 27 de septiembre de 2022 –dos días después de la aprobación del nuevo Código de las familias– al 9 de marzo de 2023.
A ello añadió que otras 20 parejas del mismo sexo registraron uniones de echo en el mismo periodo y que seis menores fueron inscritos con el primer apellido de la madre, según el medio estatal Granma.
También fueron registrados 88 pactos matrimoniales y nueve de convivencia; se revocaron 25 donaciones, y se suscribieron tres contratos de alimentos.
La información fue dada a conocer por Silvera Martínez durante el XV Encuentro Internacional de Ciencias Penales 2023 y el III Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, que se desarrollan hasta mañana viernes en el Palacio de las Convenciones, de La Habana.
El funcionario proporcionó las cifras para apuntalar su afirmación de que "la amplia reforma legislativa que se desarrolla en el país desde que se aprobara la nueva Constitución de la República en 2019, ha fortalecido el ejercicio del derecho en Cuba", citada por Granma.
El ministro calificó el nuevo Código como "una obra jurídica sin igual en el mundo, con un elevado contenido humano, protector de los derechos y garantías para todos".
Sobre las enseñanzas de esa norma, dijo que los nuevos requerimientos en la creación normativa de la nación han demostrado su utilidad y la necesidad de que los procesos legislativos sean esencialmente procesos de participación popular.
Sin embargo, el Código de las Familias fue la única de las leyes incluidas en el cronograma legislativo elaborado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que fue sometida a referendo. Antes de que este se llevara a cabo, había sido publicada con carácter de ley en la Gaceta Oficial de la República.
En el plebiscito se registró una abstención histórica de 25,88% y la norma fue refrendada por menos del 70% de los cubanos. El Código de las Familias fue criticado, entre otras causas, porque con él el régimen trasladó las responsabilidades del Estado con las personas vulnerables a los ciudadanos y las familias.
Muchos cubanos que se manifestaron contra el Código de las Familias, fundamentalmente religiosos, sufrieron alguna forma de represión por parte del régimen.
Silvera Martínez también destacó que, desde el 10 de abril de 2019, fecha de entrada en vigor de la nueva Constitución, se han aprobado 35 leyes y 86 decretos-leyes, para un acumulado de 121 normas jurídicas de rango superior. Ello, según lo citó Granma, constituye "un hecho sin precedentes en el país para tan corto periodo".
Sin embargo, el régimen cubano ha incumplido constantemente su propio cronograma legislativo y aprobado aquellas leyes que son de su interés, en detrimento de las que constituyen prioridades para la población, como analizó DIARIO DE CUBA en diciembre de 2022,
Por el Acuerdo IX-115, adoptado el 22 de diciembre 2021, en 2022 debían aprobarse 27 leyes: 15 previstas inicialmente en el cronograma legislativo de diciembre de 2019 para este período, cinco que no se aprobaron el pasado año y siete que, pese a no estar incluidas, se consideraron "relevantes" para sumarlas por el impacto favorable que traerían al "desarrollo legal" que intenta llevar adelante al país. Otras tres normas se elevaron de decreto ley a ley. En total, eran 30 leyes de las que solo fueron aprobadas 14, menos del 50%.
El Gobierno cubano se aseguró de aprobar la Ley de expropiación, que como analizó DIARIO DE CUBA, le proporciona un marco legal para continuar despojando a los ciudadanos de sus bienes y derechos patrimoniales, como ha hecho durante 60 años. Esta norma es de las que no estaban inicialmente contempladas dentro del cronograma aprobado por la ANPP a finales de 2019.
En contraste, la nueva Ley de Vivienda, incluida originalmente en el cronograma legislativo elaborado en Cuba en diciembre de 2019, fue postergada una vez más por el Gobierno en diciembre del año pasado.
El Gobierno aprobó además y ya puso en vigor un Código Penal que criminaliza más el disenso y perfecciona la función represiva con respecto a la ley derogada.
Una de las normas a las que se refirió Silvera Sánchez como una de las "leyes novedosas que también engrosan la relación de normas jurídicas en materia de desarrollo de derechos y garantías fundamentales" fue la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales.
Un análisis publicado en DIARIO DE CUBA sobre esta ley, cuya aprobación fue postergada varias veces por el régimen, demostró que, en la práctica, esta norma no ampara todos los derechos constitucionales ni a todos los cubanos. La desprotección de la ciudadanía contra los excesos del Partido, el Estado y el Gobierno sería evidente, al no ser estos jamás objeto de conflicto en sede judicial.
Por mandato expreso del Artículo 6 de la ley, los tribunales no aceptarán ni resolverán demandas cuando las reclamaciones sean por incumplimiento judicial de la Constitución acontecidas en otras materias; cuando el ciudadano pretenda la inconstitucionalidad de las leyes y otros actos normativos, y cuando las reclamaciones se establezcan contra los excesos del Ministerio del Interior o cualquier órgano que alegue haber actuado para proteger la "defensa y la seguridad nacional y/o salvaguardar la independencia, la paz y la seguridad del país".
A los dos eventos que tienen lugar en el Palacio de las Convenciones asisten 400 participantes, agrupados en delegaciones de Venezuela, Bolivia, Rusia, Bielorrusia, Vietnam, Mongolia, Mozambique, Colombia y España, entre otros, según Granma.
Un promedio de 85.5 por mes.
Pa' su escopeta!!!
Que Dios nos agarre confesados!!!