Pese a sus 91 años de edad y a que está prácticamente apartado de la vida pública, Raúl Castro ha sido propuesto como precandidato a diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba, informó la estatal Agencia Cubana de Noticias.
La propuesta surgió en Sancti Spíritus, dentro de los plenos que, desde inicios de diciembre, llevan a cabo en todo el país las organizaciones de masas subordinadas al régimen cubano, únicas que cuentan con reconocimiento legal: Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Comités de Defensa de la Revolución, de la Federación de Mujeres Cubanas, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, de la Federación Estudiantil Universitaria y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media.
Quienes nominaron al general parecen considerar que tiene capacidad para integrar el principal órgano legislativo cubano. La Ley Electoral vigente, según explicó ACN, establece que la dirección de las organizaciones de masas debe velar porque los seleccionados como precandidatos a diputados reúnan las condiciones de capacidad, méritos y aceptación popular.
En las "elecciones" cubanas de diputados a la ANPP, las boletas contienen el mismo número de "candidatos" que de escaños, por lo que más que un proceso electoral se trata de un proceso de ratificación.
Ekaterina Gowen Dickinson, secretaria general de la CTC en Sancti Spíritus, posición que la convierte en presidenta de la Comisión de Candidatura a este nivel, dijo a la ACN que durante el proceso de nominación de precandidatos, concluido este martes, se realizaron 47 plenos de las organizaciones de masas, en los que se hicieron 988 propuestas.
También fueron "elegidos" precandidatos Miguel Díaz-Canel, y los nonagenarios José Ramón Machado Ventura y Ramiro Valdés Menéndez. Gowen Dickinson dijo que dichas propuestas constituyen "un reconocimiento de nuestro pueblo a esas figuras históricas", según cita ACN, pese a las manifestaciones antigubernamentales ocurridas en Cuba desde julio de 2021, en las que los cubanos han coreado consignas contra el régimen y específicamente contra Díaz-Canel. El 11 de julio del año pasado, Ramiro Valdés tuvo que aguantar que le gritaran "asesino" en el santiaguero municipio de Palma Soriano.
Díaz-Canel reconoció recientemente ante la propia ANPP que el país tiene una ley de soberanía alimentaria, pero no hay alimentos; una ley de ganadería, pero no hay ganado, y una ley de pesca, pero no hay pescado. Además, admitió que no ha sido capaz "de lograr, desde la conducción del país, los resultados que necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad".
Esa admisión de su propia incapacidad debería invalidad su elección como precandidato a la ANPP, pues contradice el requisito de "capacidad" que la Ley Electoral vigente —citada por la ACN— establece para los precandidatos.
Gowen Dickinson también se refirió a la reciente constitución de las Asambleas Municipales del Poder Popular en todo el país, el pasado 17 de diciembre, como "un primer momento del proceso eleccionario que se efectúa en Cuba para un nuevo período de mandato de los órganos del Poder Popular".
El régimen cubano calificó las recientes "elecciones municipales" como trascendentales. Sin embargo, ha reconocido que solo el 68% de los cubanos convocados a votar lo hicieron. El 5,22% de las boletas depositadas estaban en blanco el 5,60% fueron anuladas.
Las candidaturas de los delegados a las asambleas municipales son propuestas directamente por los vecinos de las circunscripciones electorales. Sin embargo, por lo general evolucionan aquellas que cuentan con el apoyo del oficialismo y las organizaciones de masas al servicio del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Las elecciones de Cuba solo permiten escoger a los delegados de las asambleas municipales, provinciales o el aparato legislativo del llamado Poder Popular. Estos procesos prácticamente no generan cambios en la composición del poder político del Gobierno comunista, ya que son coartados por los intereses del PCC.
El PCC se asegura por disposiciones de la Constitución y la Ley Electoral el nombramiento de las directivas del Consejo Electoral Nacional y de los provinciales, teniendo así el control de dichas estructuras.
Como señala DemoAmlat, destacan la falta de instancias de control y auditoría en el sistema electoral cubano, "falencias que son de naturaleza estructural, ya que al estar ilegalizado cualquier otro partido u organización de la sociedad civil que no apoye al Gobierno, los ciudadanos independientes no pueden auditar el proceso, que recae totalmente en el PCC y las organizaciones de masas que constitucionalmente están subordinadas a este".
