Congresistas cubanoamericanos del sur de la Florida han solicitado respuestas a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, Anthony Blinken y Alejandro Mayorkas, sobre la situación del Programa de Admisión de Refugiados de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, congelado desde hace cuatro años.
En una carta a los funcionarios, reseñada por Radio Televisión Martí, los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez pidieron la reactivación del programa conocido en inglés como Refugee Admissions Program in Cuba (USRAP).
Los cubanos "no han podido aprovechar este programa durante cuatro años en una época de creciente represión en la Isla y en particular, a raíz de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, cuando muchos activistas han sido encarcelados, han sido víctimas de abusos, acosados y perseguidos por ejercer sus derechos básicos", señala la misiva.
Recuerdan que muchos activistas a favor de la democracia han recibido sentencias carcelarias de décadas y que sus familiares también han sufrido diversas formas de persecución. También, que el régimen no tiene reparos en aprovechar las relaciones familiares para silenciar a la disidencia.
"Como resultado, los firmantes anticiparíamos un número creciente de solicitantes de refugio en respuesta a la escalada represiva", sostienen los legisladores.
El USRAP quedó detenido en 2018, cuando el entonces presidente Donald Trump decidió reducir al mínimo el personal en la embajada en Cuba, a raíz del conocido como Síndrome de La Habana.
"Muchos prisioneros y ex prisioneros políticos, así como otros activistas de derechos humanos, son individuos valientes que lo han arriesgado todo para exigir libertad. Creemos que ellos deberían hacer valer sus solicitudes de asilo y hacer que se les escuche", afirman los congresistas en otra parte de la carta.
Entre otras cuestiones, Díaz-Balart, Salazar y Giménez preguntaron a Blinken y Mayorkas: "¿Cuáles son los planes inminentes de las agencias de Estados Unidos, si los hay, para reanudar el programa de refugiados en Cuba?"
"¿Cuántas solicitudes de refugio se han presentado desde que se suspendió el programa en 2018? ¿Cuántas solicitudes de refugio están pendientes? ¿Cuántos nacionales cubanos han intentado presentar solicitudes de refugio desde que se detuvo el programa? ¿La creciente represión en la Isla, como el aumento de los encarcelamientos y persecución de activistas a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021, dan urgencia a que se reanude el programa de refugiados cubanos?", son otras preguntas enviadas.
Los legisladores recuerdan que el presidente Joe Biden declaró el pasado 20 de septiembre que "no es racional" enviar cubanos y otros que escapan de la persecución, de regreso a la opresión comunista.
"Creemos que el mismo razonamiento se aplica a los nacionales cubanos que encaran la persecución desde el interior de la prisión de su isla, como aquellos que lo solicitan en otros lugares", añaden.
Los legisladores consideran al USRAP un "importante salvavidas para quienes escapan de la aplastante opresión que inflige la dictadura al pueblo cubano".
La Determinación Presidencial sobre Admisión de Refugiados 2022, firmada por Biden, incluyó a Cuba entre un grupo de países y regiones del mundo donde el programa puede procesar regularmente a los aspirantes en sus lugares de origen, pero la Embajada de EEUU en la Isla dice en su página oficial que "no está aceptando nuevas solicitudes o procesando casos en La Habana". Por lo general, los refugiados tienen que estar fuera de sus países para que los pueda procesar el USRAP.
En 2022 los refugiados cubanos formaban parte de un cupo de 15.000 para la región de América Latina y el Caribe como parte de un máximo mundial para el período de 125.000.
Para ser elegible para el estatus de refugiado en el USRAP, un ciudadano cubano debe demostrar que pertenece a uno de los siguientes grupos: miembros de minorías religiosas perseguidas, activistas de derechos humanos, ex prisioneros políticos, reclutados en los planes de trabajos forzados (1965-1968), personas privadas de sus credenciales profesionales o sujetas a otro trato desproporcionadamente duro o discriminatorio como resultado de sus creencias o actividades políticas o religiosas percibidas o reales.
Esto solo beneficia a la dictadura