El huracán Ian dejó 2.213 viviendas derrumbadas totalmente solo en Pinar del Río, según el medio estatal Cubadebate. Sus moradores han pasado a engrosar la larga lista de cubanos que esperan por una solución gubernamental ante la pérdida de viviendas.
Aunque la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yamilé Ramos Cordero, informó que se avanzaba en la detección de la mayor cantidad de daños, lo que viabilizaría la entrega de materiales de la construcción con mayor prontitud, es muy probable que esas familias deban pasar años e incluso décadas en un albergue —si tienen suerte—, teniendo en cuenta la cantidad de cubanos cuyas casas han sido destruidas por un huracán y no han recibió viviendas del Estado o no han podido asumir la reconstrucción las suyas, debido a las demoras en la entrega de subsidios prometidos, y la escasez y los altos precios de los materiales de construcción.
En Cuba existe un Programa Nacional de la Vivienda, que supuestamente constituye un programa social priorizado. Abarca la rehabilitación, conservación y construcción de nuevas edificaciones, con los servicios comunes que garantizan el hábitat de la población. Su política actual fue aprobada en 2018 y comenzó a implementarse en 2019. Incluye el plan de entregar viviendas a madres con tres o más hijos, en aras de estimular la natalidad en el país.
Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido (Comunista de Cuba) y la Revolución para el periodo 2021-2026 desarrollaron toda una estrategia en materia de política de la vivienda. ¿Pero este programa social constituye una prioridad como pretende hacer ver el Gobierno? Veamos qué dicen los datos oficiales.
En febrero de 2021, el Gobierno estimó que más de 1.452.000 viviendas en Cuba estaban en regular o en mal estado, representando un 37% del fondo habitacional. Con un déficit habitacional de 862.879 unidades, todas las provincias incumplen el plan, y terminan poco más del 50% de las viviendas.
En abril de 2022 el Ministerio de la Construcción proyectaba construir 37.991 nuevas viviendas, la rehabilitación de cerca de 14.697 y la conservación de más de 21.000 inmuebles, de acuerdo con una nota de la estatal Agencia Cubana de Noticias.
Sin embargo, en agosto pasado, el medio estatal Granma informaba que, "de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU), brindada por el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña", en la Asamblea Nacional del Poder Popular, "al cierre de junio se certificaban 11.997 viviendas terminadas como habitables, de ellas 4.789 por la vía estatal, 1.598 son células básicas habitacionales (CBH) y 5.613 por esfuerzo propio", casi la mitad.
En cuanto a la producción de materiales de construcción, un tema dentro del programa, el Gobierno reconoce niveles inferiores a la capacidad productiva instalada. Esto, unido a la inflación provocada por la Tarea Ordenamiento, convierte la construcción, ampliación o reparación de la vivienda en una misión imposible para el cubano medio.
Aunque el programa prioriza los daños por afectaciones climatológica, como el huracán Ian, las condiciones precarias, la realidad es que muchas familias cubanas que perdieron sus casas en un ciclón u otros eventos meteorológicos, llevan hasta 20 años viviendo en albergues estatales, con frecuencia en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
De igual forma, decenas de madres con hijos menores, que además constituyen un "sector priorizado", según el Gobierno, se ven obligadas a ocupar locales estatales vacíos y que, pese al reconocimiento de las autoridades de su incapacidad de garantizar una solución habitacional, continúan recibiendo una respuesta legal represiva.
En mayo pasado, Radio Habana Cuba reconocía que "en relación con los inmuebles para beneficiar a madres con tres hijos o más, el cumplimiento del plan anual al cierre del cuarto mes del año se encontraba al 12%".
¿Puede el régimen esgrimir el manido argumento del "bloqueo" de EEUU para explicar el incumplimiento del plan de construcción de viviendas en Cuba? Hacerlo es puro cinismo y la indetenible construcción de instalaciones turísticas, pese a que solo el 14% ha sido ocupada durante este año, lo demuestra.
Desde 2016, el número de habitaciones de hoteles creció en más de un 25%, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) cotejados por el economista cubano Pedro Monreal.
El Ministerio de Turismo (MINTUR) habla actualmente de 78.862, de las que un 74% son de cuatro y cinco estrellas, lo que requiere un desembolso significativo de dinero para garantizar un lujo digno de esas calificaciones. A ello hay que sumar el resto de la inversión que requieren las infraestructuras turísticas.
La construcción de nuevas habitaciones turísticas —que este economista estima es el grueso de la partida de "servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler"— llegó a rozar el 50% de la inversión entre 2020 y 2021.
En los primeros tres meses de 2022, la edificación de hoteles, así como otros aspectos relacionados con el turismo, concentró el 35% de las inversiones totales, de acuerdo con datos de la ONEI.
Justo el pasado 1 de octubre, mientras parte del país continuaba a oscuras por un apagón generalizado y muchos cubanos se habían quedado sin vivienda a causa del huracán Ian, el MINTUR inauguró el Hotel Grand Aston Cayo Paredón, en el destino Jardines del Rey, de la provincia Ciego de Ávila.
La información fue publicada por ACN, en una nota que afirmaba que dicho hotel formaba parte de la estrategia de desarrollo del sector turístico en Cuba hasta 2030.
Iyolexis Correa Lorenzo, delegada del MINTUR en el territorio, declaró, según ACN, que también están en terminación en ese islote otras dos instalaciones (Roca Norte 1 y Roca Norte 2), a cargo de la Inmobiliaria Almest (perteneciente al conglomerado militar GAESA), con fecha fijada para el año 2023.
La funcionaria añadió que, en Jardines del Rey, conformado por los cayos Coco, Guillermo, Paredón Grande y Antón Chico, están en marcha unos 37 proyectos, que abarcan áreas de alojamiento, recreativas y de apoyo.
El MINTUR prevé además reparaciones capitales en los hoteles Santiago-Habana y Perla del Norte, ubicados en las ciudades de Ciego de Ávila y Morón, respectivamente; así como el mejoramiento Villa Gregorio y Casa Vigía, en Cayo Guillermo, obras que serán ejecutadas por la Inmobiliaria del Turismo (INMOTUR), de acuerdo a las declaraciones de Correa Lorenzo, y que permitirán disponer de otras 36 capacidades de hospedaje.
En correspondencia con el aumento de las capacidades de alojamiento también se prevé la creación de un centro de elaboración de alimentos y una panadería-dulcería en Morón, además de una base de apoyo para Empresa de Servicios al Turismo (EMPRESTUR) en Cayo Paredón, y un albergue para obreros de la propia entidad en Cayo Coco.
A esto se suma la construcción de talleres, en la ciudad cabecera y Cayo Coco, para los vehículos de la Empresa de Transportaciones TRANSTUR.
Como parte de los aseguramientos para el crecimiento y progreso del sector, Almest planificó, hasta el año 2030, la construcción anual de 140 viviendas para trabajadores en la ciudad de Morón. Por su parte, INMOTUR estima, antes de finalizar el año 2024, edificar otras 318 en terrenos de la propia urbe y la localidad de Turiguanó.
Los cubanos con problemas de vivienda que no trabajan en el sector turístico no tendrán tanta suerte y continuarán viviendo en condiciones de hacinamiento en casas de familiares, en albergues o en locales estatales que estén ocupando de manera ilegal.
Los mencionados planes para el turismo y la disponibilidad de recursos para llevarlos a cabo demuestran cuáles son las prioridades del régimen cubano, mientras el problema de la vivienda en la Isla solo empeora.
