Una cubana no identificada de Matanzas fue condenada a seis años de cárcel por el desvío y la reventa ilegal de medicamentos. También otra mujer cumplirá un año de limitación de libertad por ser coautora del delito de falsificación de documentos privados y dos médicos deberán pagar multas de 2.000 pesos, informó el periódico oficialista Girón. Miguel Díaz-Canel culpó a inicios de agosto a los revendedores de la creciente escasez de fármacos en la Isla y llamó a las autoridades locales a no tener contemplaciones en medio de crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.
Según la citada fuente, "con el ánimo de obtener dinero, una ciudadana concibió la manera de conseguir y acumular Tramadol, analgésico que compró en varias unidades de Jagüey Grande –donde reside–, Jovellanos y Limonar, para su posterior venta a sobreprecio a través del mercado informal en La Habana".
La mujer logró, "sin precisar cómo, algunos modelos en blanco de recetas médicas que contenían impresos los cuños gomígrafos de diferentes galenos del sureño territorio. En cada uno de ellos plasmó nombres y números de identidad de personas inexistentes, además de la prescripción del fármaco por cantidades oscilantes entre 60 y 120 tabletas".
"De una u otra forma, varios sujetos –con conocimiento o no de su intención–, le ayudaron en su propósito; al punto de involucrar a dos médicos que, luego de recibir en su casa a supuestos pacientes aquejados de dolor severo, y en desobediencia de la Resolución 1 de 2018 del Director Nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas, se arriesgaron a indicar el Tramadol, sin siquiera verificar los datos que los fingidos enfermos les ofrecieron".
El Tribunal Municipal Popular de Jagüey Grande impuso una pena de seis años de privación de libertad a la ejecutora principal porque "no reveló los lugares ni las personas a las que vendió el producto, y tampoco se interesó por alguno de los otros tantos medicamentos que actualmente tienen gran demanda en el país. Se le reconoció como autora del delito de falsificación de documentos privados de carácter continuado, como medio para cometer tráfico ilícito de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos similares", detalló Girón.
"A una ciudadana que colaboraba en la entrega y llenado de recetas sin conocer cuál era el objetivo real, se le sancionó a un año de privación de libertad, subsidiado por igual período de limitación de libertad, como autora del delito de falsificación de documentos privados. A los galenos implicados se les consideró autores del delito de tráfico de drogas en la modalidad del artículo 193, por haber prescrito sendas recetas de medicamentos controlados como similares a las drogas, sin los requisitos legales establecidos. Se les aplicó una multa de doscientas cuotas de diez pesos cada una", agregó el periódico oficialista.
Girón especificó que "si bien no existen límites ni restricciones para su prescripción, el citado fármaco (Tramadol) figura entre los que producen efectos similares a las drogas, sustancias estupefacientes y psicotrópicos, sometidos a control nacional acorde con lo dispuesto en la Resolución 335 de 2005 del Ministro de Salud Pública. Según la literatura médica, puede ocasionar problemas graves de respiración o poner en riesgo la vida, especialmente durante las primeras 24 a 72 horas de su tratamiento y en cualquier momento en que se incremente su dosis. De ahí que esté de más calificar de muy irresponsables dichas conductas".
"Que los responsables de acciones como las descritas –y hasta otros que por diversos motivos escapan de la justicia– respondan ante la ley es el reclamo de un pueblo que se muestra inflexible con quienes revenden medicamentos, sobre todo en medio de la compleja situación que vive el país a causa de la pandemia. Como indicó el presidente, tiene que acabarse la contemplación con ellos", concluyó en referencia a las palabras de Díaz-Canel.
"Mientras que no se tomen medidas serias en las farmacias ese tema no va a acabar. Hoy fue esa señora y ese médico y mañana será otro desgraciadamente. Si al árbol no lo eliminamos de raíz y solo le cortamos las hojas, seguirá creciendo", opinó Amarilys Arencibia.
Yusimí Hechavarria Peña dijo que no le convence. "Esos son productos controlados. ¿Nadie vio que no eran reales los nombres? El oficial que atiende en farmacia este control. ¿Nunca verificó? Estos productos eran antes bien controlados. ¿Ahora qué pasó? El descontrol y la falta de exigencia".
Hallo excesivas esas sentencias. Al punto de que son draconianas. Si se trata de medicamentos controlados dados sus efectos psicotrópicos, cabe tomar medidas punitivas. Pero una pena de seis años correspondería a un delito de más entidad. Un homicidio no doloso aunque culposo, p. ej. Creo yo, que no soy ducho en materia jurídica. Lo que sí tengo claro es que la escasez de medicamentos no se debe a los revendedores, como dice Canel, sino a la inversa. Hay reventas porque muchos fármacos están en falta, como dicen en Cuba. O sea, que están perdidos del mapa nacional.
Concuerdo en que es injusta la condena, sin embargo, en muchos paises son aun mas duros con el trafico de Tramadol.
Tramadol es un opioide sintetico y su comercio ilegal en Reino Unido (por ejemplo) puede acarrear una condena de hasta 14 años. Injusto, de acuerdo. Creo que escogio mal el medicamento para vender.