Hace dos años, las viviendas de diez familias habaneras que residían en San Antonio No. 4, entre Calzada de Puentes Grandes y Santa Rosa, estaban ya en muy mal estado. El Gobierno del municipio Plaza de la Revolución decidió demolerlas con la promesa de levantar casas nuevas. El estado actual de los trabajos constructivos hace suponer que pasará aún más tiempo antes de que estas familias puedan habitar las viviendas prometidas.
Los afectados por esta situación suman casi 40 personas, que incluyen adultos mayores, niños y adolescentes con discapacidad. DIARIO DE CUBA conversa con algunos de los que esperan por las nuevas viviendas.
"El 25 de noviembre de 2019, (las autoridades) decidieron demoler esta ciudadela completa, con la promesa de hacernos casas nuevas a cada familia. Pero las obras no comenzaron hasta casi un año después y la ejecución, a cargo de la cooperativa 1ro de Julio, ha sido en extremo lenta. Vienen unos días, levantan unas paredes y se vuelven a desparecer", cuenta Héctor Javier Tamayo, uno de los moradores de las casas demolidas.
"Hemos reclamado mediante cartas a todas las instituciones involucradas y a todos los niveles, desde el Ministerio de la Construcción hasta Vivienda, porque llevamos casi dos años viviendo en la calle o en casa de amistades y familiares. Algunos hemos tenido que alquilar. Ninguna de estas instituciones nos da una respuesta que pueda resolver nuestro problema", señala Minerva Ordoñez, quien también espera por que se cumpla la promesa de las autoridades.
De las viviendas prometidas, solo se han levantado algunas paredes. No tienen techos ni suelos que les permitan a sus dueños habitarlas.
"Hemos denunciado en Fiscalía General la malversación de los recursos destinados a esta obra y no hemos obtenido ninguna respuesta. Buena parte del cemento, de las cabillas y de la arena destinada a levantar nuestras casas tomaron otro camino y nosotros seguimos esperando por nuestras", denuncia Felicia Cuesta, otra de las afectadas.
"Ha habido mucha corrupción y malversación, y sus autores están libres. Nos sentimos totalmente desamparados", reitera esta mujer de casi 80 años y con graves problemas de visión.
Pero no todos los habitantes del extenso solar de Puentes Grandes aceptaron la demolición de sus viviendas para recibir casas nuevas. Unas cinco familias prefirieron seguir en sus moradas, pese a que también están en mal estado. Ahora, a diferencia de sus vecinos, siguen teniendo un techo sobre sus cabezas, aunque viven entre ratas y con una constante falta de agua.
La prensa estatal en raras ocasiones hace mención a la malversación y la corrupción en las empresas e instituciones estatales involucradas en la construcción, reparación y el posterior otorgamiento de viviendas.
Un reciente informe publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI) arroja que de las 100.916 viviendas que se construyen en el país, la mitad (60.908) se encuentran paralizadas.
La mayoría de las obras cuya construcción no avanza corresponden a viviendas levantadas por esfuerzo propio de los ciudadanos, que son en total 89.456, mientras que 11.460 están a cargo de empresas estatales.
La paralización de los trabajos constructivos de viviendas y el déficit habitacional que cifras oficiales ubican en más de 900.000 viviendas, contrastan con la construcción de hoteles. Entre enero y diciembre de 2020, más de la mitad de las terminaciones correspondió a los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler.
Pese a la pandemia del Covid-19, en ese sector se invirtieron 3.196 millones de pesos, una cifra superior a los 3.095 de 2019, según la ONEI.
Tienen 62 años siempre esperando las promesas de los mandamases y siguen haciéndose los ingenuos, pero de bobo no tienen ni un pelo. Todo lo que la revolución le dio se la quitaron a los dueños, ya el gobierno no tienes a quien quitarle y estos siguen esperando que le sigan dando algo. Son unos idiotas.
El cuento de la buena pipa ...