El plan de construcción de viviendas para las personas vulnerables se ha incumplido en más de 12.000 unidades.
Uno de los daños colaterales de la exorbitante estatización de la sociedad cubana a partir de 1959 es la gran cantidad de inmuebles y locales que han sido destinados a cobijar el aparato burocrático de Gobierno. Todo en detrimento del fondo habitacional de la población.
Si a lo anterior agregamos el enorme lapso en que no se permitieron las compras y ventas de viviendas, la escasez de materiales de construcción para acometer las reparaciones necesarias, así como el poco oficio de muchos constructores improvisados, que alargaban el período de terminación de las obras, o las construían de manera chapucera, tenemos un abanico de problemas que explicarían el porqué de la crisis de la vivienda en el país.
Por otra parte, tampoco podemos obviar el hecho de que la construcción de viviendas debe ser un proceso continuo, pues la población crece y las necesidades se van incrementando. Mas, lamentablemente, en Cuba no ha sido así.
Por ejemplo, en una ciudad tan populosa como La Habana, y durante los primeros 50 años del castrismo en el poder, solo en tres momentos se observó un accionar articulado para la construcción de viviendas. Nos referimos a la gestión de Pastorita Núñez al frente del Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas (INAV) en los primeros años 60, al barrio de Alamar en los 70, y después al movimiento de microbrigadas —hoy casi olvidado— a finales de los años 80.
Durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros, el titular de la Construcción, René Mesa Villafaña, se refirió a "una cifra de viviendas que se ha empleado en funciones administrativas, estatales o empresariales, y que, si se les devuelven sus características originales, podrían utilizarse para elevar la disponibilidad de viviendas en el país". (Granma, edición del 5 de mayo).
Curiosamente, tal planteamiento tuvo lugar cuando las redes sociales nos informaban que algunas madres, agobiadas por la falta de viviendas, habían ocupado con sus hijos algunos locales pertenecientes a entidades estatales.
El año 2019 comenzaba con el anuncio de que se iniciaba una nueva política de la vivienda que, al decir del señor Díaz-Canel, iba a posibilitar que cada municipio del país construyese una vivienda por día, lo que resolvería el problema de la vivienda en un plazo de diez años. Sin embargo, la propia aseveración del ministro Mesa Villafaña, y otras evidencias, indican que la citada política no ha transitado por los cauces esperados.
Al final del año pasado se dio a conocer que el plan de construcción de viviendas para las personas vulnerables (núcleos disfuncionales, con personas discapacitadas o ancianos enfermos) era el que más se incumplía. Eso demuestra el poco interés de las fuerzas constructivas para acometer la construcción de estas células básicas, como también se les denomina. Ha trascendido que alrededor de 12.000 de estas células básicas, ya con financiamiento aprobado, esperan para ser construidas,
Otra evidencia de lo mucho que resta por hacer en la Isla para que cada cubano cuente con una vivienda digna la conocimos por medio de un reportaje aparecido en el periódico Juventud Rebelde, en su edición del 25 de julio de 2019. Ahí se informaba que en la provincia de Granma había más de 50.000 casas con piso de tierra, lo que sin dudas ponía en precarias condiciones de existencia a sus moradores. Y eso sucedía cuando Díaz-Canel confiaba en las bondades de la nueva política de la vivienda.
Ahora se anuncian nuevas normas jurídicas para la asignación de viviendas, y el otorgamiento de subsidios a personas naturales con vistas a la rehabilitación, ampliación o remodelación de sus inmuebles. Pero todo orientado a los núcleos que cuenten con tres o más hijos de hasta 17 años.
Como se ve, parece más un intento por estimular la natalidad en el país, que una medida para satisfacer las necesidades del cubano de a pie.
