En el año 2020 las autoridades cubanas impusieron más de 13.000 multas por robo de electricidad, con un promedio de 2,3 MWh por cada caso detectado, lo que posibilitó que se recuperara "una energía de 31.964 MWh en todo el año", informó el portal oficial Cubadebate.
Los datos durante el 2021, marcado por un incremento del costo de la electricidad, no muestran una mejoría significativa, pues solamente hasta el mes de febrero los inspectores de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) aplicaron 1.467 multas, recuperando unos 3.337MWh.
Según la información oficial, en la mayoría de los casos los cubanos realizan estas "estafas" a través de la manipulación de los relojes contadores, del uso de imanes para evitar que el metro contador registre la totalidad de la energía o conectando directamente algunos equipos a la línea eléctrica.
Además, directivos de la UNE señalaron al medio estatal que muchos de estos casos se ven agravados por hechos de corrupción, en los cuales suelen estar involucrados trabajadores de la propia empresa eléctrica.
La directora comercial de la UNE en La Habana, Leisy Hernández González, dijo al diario estatal Granma que "las irregularidades son identificadas tanto en los procesos de medición como de facturación, pero sobresalen en este último".
Las personas que sean descubiertas realizando este tipo de fraudes pueden ser sancionadas con el Decreto Ley 260 sobre las Contravenciones personales de las regulaciones del servicio eléctrico o a través del artículo 325 del Código Penal, que establece que la persona que sustraiga fluido eléctrico puede ser castigada con privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas.
Las autoridades cubanas dijeron que estas prácticas no son solo detectadas en viviendas particulares, sino también en el sector privado, cooperativo agropecuario e incluso el estatal, vinculado fundamentalmente al comercio y la gastronomía.
Un documento de la UNE señala que entre las principales causas del robo de electricidad se encuentra la cantidad de metros contadores en todas las provincias que se encuentran ubicados en el interior de las viviendas, la no existencia de un correcto sellado, la certificación del servicio para cada una de las rutas, así como la falta de análisis e investigación incorrecta de las claves de facturación relacionadas con las casas cerradas, metros defectuosos y la disminución o aumento del consumo en los clientes.
Jorge Armando Cepero Hernández, director general de la UNE, dijo que también el sector no residencial tiene una elevada incidencia en el robo de electricidad, pues se conocen numerosos casos de corrupción por parte de trabajadores y administrativos que invaden el tendido delante del metrocontador para utilizar esa corriente en más producción, que claramente será desviada.
"A veces sucede que la distribución del plan de consumo del organismo no llega a algunas entidades, y ciertos directivos deciden tomar energía igualmente, sin un plan que lo respalde, ya sea por mal desglose de la corriente planificada en el mes o que el plan no es suficiente para todos los establecimientos y se prioriza entonces, según las necesidades", agregó el directivo.
Para combatir este tipo de prácticas la Empresa Eléctrica propone inspeccionar a los 39.000 trabajadores del sector privado cuya materia prima fundamental es el uso de la electricidad para su actividad; mover hacia el exterior los metros contadores que se encuentran dentro de las viviendas, así como estudiar los 3.000 bancos de transformadores medidos en los secundarios ubicados en las provincias de Artemisa, La Habana, Matanzas, S. Spíritus y Camagüey.
También las autoridades trabajan en completamiento de la plantilla de inspectores eléctricos residenciales, la que se encuentra cubierta al 73%, con un déficit de 414 inspectores en todo el país.
El propio medio estatal reconoció que muchos de los infractores lo hacen debido al elevado precio de la electricidad tras la Tarea Ordenamiento.
