Los Lineamientos de la Política Económica y Social tienen su origen en 1997. El V Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) reconoció el declive sostenido de la economía y en consecuencia aprobó un plan de crecimiento del PIB entre el 4% y el 6% anual. Una de sus metas era alcanzar siete millones de toneladas de azúcar, pero la producción no rebasó los cuatro millones, una cifra que se producía en Cuba en 1920. Ante el fracaso, en diciembre de 2010, Raúl Castro anunció la introducción de “cambios estructurales y de conceptos en el modelo económico cubano“.
En el VI Congreso del PCC, celebrado en 2011, los cambios anunciados tomaron forma en los Lineamientos. Entre otras deficiencias, la introducción reconoció la presencia de una baja eficiencia, descapitalización de la base productiva y de la infraestructura, elevada centralización de los mecanismos de asignación y utilización de las divisas, limitaciones de la economía para enfrentar el déficit de las finanzas, retenciones bancarias de transferencias al exterior y un elevado monto de los vencimientos de la deuda externa.
Para su solución, el Congreso determinó que "el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional; que la empresa estatal socialista es la forma principal en la economía; y que en las formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales".
Ante el reconocimiento de la ineficiencia, en lugar de buscar la solución en las leyes de la economía, se buscó en la ideología: "la política económica se corresponderá con el principio de que solo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución". Y en cuanto a las causas del problema: "el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal y primará la planificación y no el mercado". Para no variar, se añadió otro de los frenos: entre las posibles fuentes de financiamiento no se contempló a los cubanos. Es decir, las causas del problema seguirían siendo la vía para la solución.
El PCC, sin tener en cuenta el papel del tiempo en la política, no se percató que el mismo se les había agotado para introducir cambios parciales y se les venía agotando para acometer los cambios integrales que la realidad demandaba, lo que convirtió el propósito en simples enunciados. Sin embargo, el valor de los Lineamientos radicó en el reconocimiento de la necesidad de cambiar, pues las medidas parciales generarían nuevas contradicciones que obligarían a nuevos cambios, lo que yo denomino como "reformar las reformas" en un contexto desfavorable para el inmovilismo y la marcha atrás. Y así sucedió.
Cinco años después, en 2016, Marino Murillo, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, informó que de 313 Lineamientos solo se habían implementado 67, de los cuales se cumplieron menos de la mitad. Entonces el VII Congreso, en 2016, redujo la cifra a 274 Lineamientos, los cuales corrieron la misma suerte.
El VIII Congreso del PCC, que inauguró sus sesiones ayer, eliminará 92 de los 247 Lineamientos, añadirá 18 y modificará 165, para un total de 200. Unas estadísticas que en nada cambian el resultado y que son ajenas a las necesidades de los cubanos, obligados a emplear la mayor parte de su tiempo en interminables colas para conseguir alimentos.
La principal causa estaba, y hasta hoy sigue estando, en que el sujeto de los cambios es el mismo responsable de la crisis, lo que le impide acometerlos con la profundidad necesaria. Algo que a su vez está determinado por la ausencia de la alternancia debido a la existencia de un partido único. De ahí que dos de los grandes obstáculos —la planificación socialista y el monopolio de la propiedad estatal— continúen como factores inamovibles.
En la clausura del VII Congreso, en 2016, el primer secretario del PCC, Raúl Castro, expresó que el proceso de actualización del modelo económico "no era una tarea de uno o dos quinquenios" y que "el ritmo dependerá del consenso que seamos capaces de forjar al interior de nuestra sociedad y de la capacidad organizativa que alcancemos".
La realidad del actual congreso es que no existe el consenso, ni la capacidad organizativa a la que se refirió. El cambio en el pueblo cubano, las medidas estadounidenses, el Covid-19, las redes sociales y las crecientes protestas y demandas de la sociedad civil emergente obligan inexorablemente en o después del Congreso a introducir los cambios que han querido evitar: cambian o serán cambiados. El tiempo complementario se agotó.
Todo está en la capacidad de los órganos represores de seguir controlando al pueblo y ahogando la explosión social.
Mientras exista esa premisa, poco importan todas estas teorizaciones y análisis.