El viceprimer ministro, Alejandro Gil Fernández, negó que en Cuba se está subiendo el costo de la electricidad porque no hay combustible para garantizar ese servicio, pero sí admitió que este es uno de los elementos que más repercusión ha tenido en la compleja situación económica que padece el país, según publicó el diario oficial Granma.
Gil compareció el domingo en un programa especial de la televisión oficial junto al jefe de la denominada Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, y el ministro de Energía y Minas, Liván Arronte, para justificar la nueva tarifa para el cobro de la electricidad.
Tras el anuncio del inicio del proceso de unificación monetaria y cambiara a partir del próximo 1 de enero el Gobierno cubano dio a conocer de los nuevos precios incrementados de servicios básicos como son la electricidad, el agua y el gas, entre otros.
En el caso de la electricidad se establecieron diez tramos. El primero de ellos, que abarca desde 0 kWh hasta 100 kWh crece de 0,09 centavos a 0,40 centavos, de 101 kWh a 150 kWh la tarifa aumenta de 0,30 centavos a 1,30, y así hasta llegar hasta el penúltimo tramo, en el que quienes consumas entre 1.001 kWh y 5.000 kWh deberán pagar 15 pesos de 3 que se pagaban anteriormente.
La tarifa más elevada, para quienes consuman más de 5.000 kWh, se incrementará de 5 pesos cubanos a 25 a partir del 1 de enero próximo.
"El país vive una situación económica compleja, y uno de los aspectos que más ha presionado es precisamente el del combustible, algo en lo que los enemigos han insistido, a fin de que no podamos disponer de las cantidades suficientes para garantizar la vitalidad de la nación", se quejó Gil.
Dijo que al Gobierno el combustible "le cuesta más caro que a otros países". Según el ministro de Economía, muchas veces teniendo el dinero no pueden acceder a algunos mercados internacionales o "lo cobran más caro de lo normal".
Negó que la nueva tarifa está relacionada con que no haya disponibilidad de combustible o que se trate de disminuir la demanda aumentando el precio. "Sería aplicar una política de choque para llevar a las personas a un ahorro forzoso, haciéndoles inaccesible el servicio, algo sin sentido", dijo.
Según el ministro, en 2020 el sector residencial debe consumir en el entorno de 9.450 gwh, lo que representa el 62,7 % del consumo total del país, que se traduce en unos 15.065 gwh. Para 2021, en el plan de la economía se está planificando que la población consuma 9.690 gwh, es decir, habrá un crecimiento en el consumo en el entorno de un 2,5 %.
"Si fuera como expresan algunos, que está elevándose la tarifa para restringir el consumo y hacer inaccesible el servicio a un grupo de la población, hubiéramos planificado para el próximo año 6.000 o menos gwh; sin embargo, estamos proyectando un crecimiento porque sabemos que las personas compran equipos electrodomésticos y tratan de mejorar su calidad de vida", argumentó Gil Fernández.
El viceprimer ministro explicó que el plan del próximo año no diseña que ocurran apagones, a pesar de las serias limitaciones que enfrenta la economía.
En palabras de Gil, para comprender mejor el problema, hay que explicar que una cosa son los costos y otra la tarifa. Los costos de la generación se expresaban hasta ahora al tipo de cambio de uno por uno, y ahora es a uno por 24.
Si la tarifa fuera más baja no se pueden resarcir los costos en los que incurre el país en producir la electricidad, justificó.
Presentó el nuevo plan como "una fórmula socialista, protegiendo a los que menos ingresos reciben, que solo pagarán una parte de ese consumo y el resto lo asumirá el presupuesto del Estado, mientras que los que más ganan asumirán una mayor parte de ese costo".
Así, aseguró que el Gobierno mantendrá subsidios a la electricidad al 89% de los hogares.
Según Murillo, una familia que gaste 100 kw pagará 40 pesos; la que consuma 150, pagará 105 pesos; los que gasten 200, abonarán 192 pesos; mientras la que consuma 300, pagará 542 pesos; y la que gaste 350, abonará 917 pesos, tramos que incluyen al 89 % de los clientes, que son a su vez las personas de menores ingresos y los que serán subsidiados.
El conocido como zar de las reformas del Gobierno, dijo que no es aconsejable realizar comparaciones a partir del salario de una persona: "El consumo de la tarifa eléctrica deberá considerar los ingresos del núcleo familiar".
Murillo dijo que de los 30.000 millones de pesos previstos para subsidiar a personas vulnerables, cerca de 18.000 millones estarán destinados al sector de la energía eléctrica.
Gil Fernández dijo que "si se decidiera poner una cifra más elevada de dinero del presupuesto del Estado para subsidios, tendrían que quitárselo al salario, a la educación o a la salud pública, entre otros sectores".
Insistió en que la fórmula que buscó su Gobierno "es la más justa, equitativa (…) y toma en cuenta la protección de las capas de menores ingresos de la población".
El Gobierno estableció el salario mínimo a partir de enero en 2.100 pesos y las pensiones menores en 1.528 pesos.
