Llegar a la comunidad Campamento 14 en época de lluvias es dar por seguro que tus zapatos terminarán enfangados y que tus ojos -si acaso creían estar curados de espanto y asombro- entenderán cuán extendida está la miseria en Cuba.
Esta comunidad capitalina, ubicada en el municipio Cerro, que nació de la carencia de viviendas que padecen miles de cubanos, hoy vive bajo la permanente amenaza de ser arrasada por las autoridades y sus más de 300 viviendas improvisadas, demolidas sin rasgo alguno de piedad.
“Cuando llegamos aquí hace dos años todo era marabú y hierba mala, poco a poco lo fuimos limpiando y empezamos a levantar nuestras casas de madera. La comunidad fue creciendo, casi todos los que vivimos aquí llevamos muchos años en La Habana y no teníamos casa. Hay niños que ya han nacido aquí, pero nada de eso importa. Las autoridades de Vivienda, de conjunto con la policía, quieren sacarnos de aquí sin justificación alguna”, señala con pesar María González, una de las residentes del lugar.
“Hace como un año comenzaron las amenazas, supuestamente vinieron autoridades de la Vivienda a enumerar las casas con el objetivo de legalizarnos, pero era falso, con el tiempo nos dijeron que debíamos irnos y abandonar el lugar porque iba a ser demolido y que habíamos construido estas casas sin autorización”, explica Josué Fraga, otro residente de la comunidad.
“Casi todos los que vivimos aquí hemos sido multados con cifras de 300 y 1.000 pesos por construir de manera ilegal, multas que no pagaremos porque antes debemos alimentarnos. A otros los han presionado en sus centros de trabajo con la amenaza de expulsión sino se van de esta comunidad. En plena pandemia del Covid-19 y sin respetar ninguna regla de distanciamiento social fueron casa por casa para darnos el ultimátum: debíamos irnos o vendría la brigada de demolición a sacarnos por la fuerza”, explicó Roberto Frómeta, otro de los residentes de Campamento 14.
“No podemos entender que si el gobierno dice que hay baja natalidad y las personas que tienen varios hijos y quieren casa propia no legalicen las viviendas que hemos levantado con esfuerzo propio. Nunca nos dan una explicación de para qué quieren este terreno o por qué no nos autorizan a legalizarnos. Desde hace un año vivimos con el susto de que vengan de madrugada a sacarnos”, refiere visiblemente indignado Roberto Frómeta.
La comunidad ha creado sus propios mecanismos de alerta y aviso en caso de que lleguen los buldózeres de la brigada de demolición a consumar un desalojo de gran magnitud.
Los residentes del lugar no pudieron dar una cifra exacta, pero es casi una certeza que en el lugar viven más de quinientas personas. La inmensa mayoría son casas de madera, el piso es de tierra o cemento y el asfalto es inexistente. Ni el intento de crear un Comité de Defensa de la Revolución por parte de los vecinos ha persuadido a las autoridades de transformar ese lugar en tierra de nadie.
“Ya enviamos una carta al Consejo de Estado a ver si nos escuchan. Pensamos resistirnos si vienen por nosotros y lo divulgaremos por todos los medios posibles. Estamos defendiendo nuestro derecho a tener una vivienda y a vivir como personas y eso me parece que es lo verdaderamente justo”, advirtió Frómeta.
Aunque las autoridades niegan que en Cuba exista el desalojo y califican esas acciones con el eufemismo de “extracción forzosa” lo cierto es que es una práctica común y extendida, la cual en los últimos tiempos ha adquirido mayor visibilidad por su divulgación en los medios independientes y las redes sociales.
DIARIO DE CUBA ha divulgado otros intentos de desalojo en varios lugares del país que en su mayoría las autoridades no han llegado a ejecutar.
