Policías encubiertos en Cuba para detener y sancionar a... vendedores de refrescos

La Policía cubana usa agentes encubiertos para detener y sancionar a vendedores de alimentos que actúan, según aseguran las autoridades, en la ilegalidad.

Así lo corroboró el periódico oficial Escambray de Sancti Spíritus, que publicó un reportaje acerca de las sanciones que imponen los tribunales locales a quienes violan las disposiciones tomadas por el Gobierno desde el inicio de la pandemia del Covid-19 en la Isla.

Según la nota, un policía de incógnito compró un pomo de refresco en un presunto negocio ilegal para a seguidas mostrar al dueño su identificación como oficial operativo del Ministerio el Interior (MININT).

Posteriormente, en un registro en el propio local, se le ocuparon al detenido "99 pomos de refresco Ciego Montero de litro y medio, así como 259 latas de cerveza de las marcas Mayabe y Cristal en total".

Por el delito de actividades económicas ilícitas, el Tribunal Municipal sancionó al individuo a un año de privación de libertad.

El reporte de Escambray, que ofreció este caso como ejemplo del éxito de las autoridades en el enfrentamiento a los delitos, indicó que "desde el diagnóstico de los primeros casos positivos al coronavirus en Cuba, en el territorio espirituano se han realizado 13 juicios, nueve de estos en el municipio capitalino, dos en Trinidad, uno en Fomento e igual número en Yaguajay".

En esos procesos 13 personas acabaron sancionadas por la presunta comisión de los delitos de propagación de epidemias, desacato, actividades económicas ilícitas, especulación y acaparamiento, conducción de vehículo en estado de embriaguez e incumplimiento de sanciones accesorias.

Entre ellos, dos personas recibieron sentencias de prisión por no usar nasobuco en la vía pública mientras consumían alcohol: uno a ocho meses de privación de libertad; el segundo, que llevaba la mascarilla colgada del cuello, recibió un año de encierro, a lo que contribuyó que había sido multado dos días antes por idéntica razón.

Las autoridades cubanas han convertido en una práctica habitual durante las últimas semanas la celebración de juicios orales y procesos expeditos contra los infractores de las medidas de distanciamiento social, invocando el Artículo 45 de la Constitución de la República, que refiere que el ejercicio de los derechos individuales está limitado por la seguridad colectiva y el bienestar general.

De conjunto con esa cruzada, las denuncias de delitos han tomado un inusual protagonismo dentro de la prensa oficial. Numerosos periodistas y juristas han condenado estas prácticas por sus contradicciones éticas y legales. 

En una evidente estrategia de atemorizar a la población ante este tipo de actos, relacionados en su mayoría con desvío de productos, acaparamiento y comercialización fuera del amparo de la ley, se violan sistemáticamente los derechos de los acusados.

Tanto desde el punto de vista jurídico como periodístico se cruzan numerosas líneas rojas: son publicados interrogatorios a los sospechosos en la misma "escena del crimen"; en ocasiones se muestran sus nombres e incluso los de sus padres, la dirección de sus viviendas y el número de carné de identidad.

Mientras tanto, Ricardo Ronquillo, presidente de la UPEC, único gremio periodístico autorizado en el país, comentó como quien vive en otro planeta que "el sistema de prensa cubano está alcanzando su mayor brillo y ofrece sensibles señales de responsabilidad social, el carácter ético de la profesión, su indeclinable vocación de servicio público y capacidad de respuesta ante imprevistos y requerimientos de innovación y cambio".

Como escribió el doctor en Ciencias Jurídicas René Fidel González: "No hay manual, ni práctica, ni ejercicio de periodismo serio y ético en que quepan tales barbaridades. Hay que salvar al Estado de Derecho en Cuba para hacer que él, por lo menos, nos salve de esta oleada conservadora que hace de la arrogancia, la fatuidad y lo pueril virtud".