Las autoridades cubanas dan otra vuelta de tuerca al tema del militarismo, utilizado ahora como fórmula para sofocar las consecuencias de la crisis económica y moral que desde 1959 devasta al país y que se agudiza a raíz de la pandemia del Covid-19.
Miles de efectivos acompañados por perros, protegidos en blindados y armados con fusiles de asalto, patrullan ciudades, imponen multas, organizan colas, custodian carreteras, vigilan hospitales, establecen puntos de control, registran viviendas y deciden quiénes compran.
Esta campaña ha alcanzado la categoría de política combativa al conocerse que el Ministerio del Interior (MININT) y las Fuerzas Armadas (FAR) incrementarán sus efectivos y ampliarán de forma indefinida sus misiones de contención y tutelaje.
El teniente coronel Eddy Sierra, segundo jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), informó el pasado 17 de abril que las fuerzas del orden público asumirían de inmediato mayor protagonismo en cuestiones civiles y reforzarían el combate contra el mercado negro y la apropiación indebida.
En su comparecencia televisiva, avisó que Raúl Castro comandaba el restablecimiento del orden. Y para ponderar la "eficacia" de sus subalternos, puso ejemplo de varios operativos en los que se incautaron decenas de camiones cargados de cereales, cerdos, combustibles, viandas, madera y hasta diez toneladas de arroz donadas por Vietnam al pueblo de Cuba.
También se refirió al decomiso de una embarcación cargada con una tonelada y media de colas de langostas, la ocupación de un local con miles de ristras de cebollas valoradas en cinco millones de pesos, así como la detención del propietario de una fábrica "ilegal" de pinturas con las que se decoró la capital cubana en ocasión de su 500 aniversario.
No se refirió, por supuesto, a la responsabilidad estatal en el hambre, las causas que generan el robo y los precios que disparan las alarmas y calientan los bolsillos.
El teniente coronel Sierra destacó que se trataba de una "misión histórica y que sería asumida por sus subalternos con el rigor que ameritaba el panorama económico y la situación epidemiológica".
Ponderó los intereses del poder que encarna, pero obvió referirse a la cruda realidad que salta a la vista: la PNR es un nicho de atropellos y un sinónimo de incultura.
Evidentemente, el móvil de los militares no es ordenar el desastre imperante, sino controlarlo todo y sofocar hasta el menor indicio de protesta. En medio de un panorama como el actual, el Gobierno y los medios de comunicación dan por probado hechos que no han sido juzgados por los tribunales, con el propósito de predisponer al pueblo, justificar la mano dura y privar a los inculpados de un proceso sujeto a derecho, como establece la Carta Magna.
Muestran a los militares como los salvadores de la nación y promueven entre los vecinos el odio y la división. Sin lugar a dudas esta es otra estafa de la intriga y la simulación contra un pueblo herido por el desengaño, con la paciencia agotada, harto de necesidades, mal comido y con un fardo de demandas postergadas.
La tradicional militarización, ahora recrudecida y maquillada con visos de deber cívico, se inserta dentro del extremismo y el fundamentalismo socialista, que a espaldas del pueblo dedica más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) a cuestiones de defensa y antojos políticos.
Más que a reprimir o amordazar al pueblo resultaría necesario estudiar y denunciar los problemas de un país donde el salario no alcanza para ser honesto, la economía viaja a la deriva, las empresas se ahogan en desfalcos, el robo está institucionalizado y los pobres optan por la apropiación indebida como sustento de sus necesidades básicas.
Mientras todo esto ocurre, las FAR disponen de más tiendas en divisas que unidades militares y disfrutan de una cadena de hoteles, una agencia transportista, un grupo bancario y una compañía de vuelos que nada tienen que ver con la defensa nacional y sí mucho con el acelerado deterioro de la solvencia del Estado.
Peor resulta el mutismo del Gobierno en torno a la usurpación de las funciones públicas, en especial del Banco Nacional y varios ministerios, al encargar a los militares financiar y construir campos de golf y balnearios de lujo en momentos en que no hay dinero para nada.
¿De dónde salen esos recursos si las arcas del Estado están vacías y el sistema productivo de la nación pervive deteriorado? ¿Por qué el Parlamento o la Contraloría de la República no pueden auditar la gestión del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas?
Ahí estriba parte importante del acoso y el fracaso comunista: en impedir que los caprichos, las malas prácticas y la impunidad prosigan su cosecha de vicios; en culpar al bloqueo del desastre financiero; en endeudar a los cubanos en nombre del progreso; y en interpretar erróneamente los desafíos de una economía degradada y fallida.
