En un nuevo reporte del Noticiero Nacional de Televisión se informó sobre el decomiso de 800 quintales de cebolla y 150 sacos de cemento en la Finca Vivero Las Marías, ubicada en Sancti Spíritus como parte de la cruzada que ha acometido el Gobierno cubano contra los delitos de carácter económico.
Se trata de la cooperativa Julio Hidalgo, del Consejo Popular Guayos, donde el propietario había construido dos cámaras frías sin autorización y pretendía con esos materiales fabricar una tercera, para lo cual almacenaba un centenar de sacos de cemento adquiridos ilegalmente, reportó la nota.
El primer teniente del Ministerio del Interior (MININT) José Batista Tamayo explicó que las autoridades tenían "conocimiento de que había dos neveras de gran tamaño. Cuando procedemos al registro, observamos que tenía esa gran cantidad de cebolla que luego comercializaba".
El presidente de la cooperativa, Alfredo de la Cruz, declaró que no tenía conocimiento de esas irregularidades, pues la construcción había sido realizada por el propietario antes de que él se incorporara al equipo.
La finca estaba autorizada exclusivamente a la producción de frutas y plantas ornamentales, aunque en el reportaje televisivo no aclararon si las cebollas incautadas fueron sembradas allí o solamente almacenadas.
La persona acusada de los delitos no fue señalada en ningún momento del reportaje, algo que contrasta con trabajos anteriores, donde se exponían a interrogatorios televisados a los sospechosos, además de publicar su nombre, su rostro y en ocasiones hasta su número de carné de identidad.
También se señaló en la información que las máquinas de refrigeración de la fábrica eran de origen industrial y no contaban con documentos legales, aunque no se precisó de qué forma fueron adquiridas. Lo mismo sucedió con nueve balones de gas refrigerante que fueron incautados.
Un millón de pesos y cientos de piezas de automóviles
En otro reporte del mismo noticiario, se informó sobre el decomiso de cientos de piezas de repuesto de automóviles, así como de más de un millón de pesos, a un individuo que tenía licencia de mecánico en el municipio habanero de Cotorro.
El acusado, quien fue grabado sin su consentimiento por los autores del reporte, dijo frente a las cámaras que no tenía nada que ocultar, aunque los oficiales del MININT aseguraron que no había podido demostrar la procedencia de las piezas decomisadas.
Los agentes aseguraron a la prensa que algunos de los repuestos se importaron a través de la Aduana, mientras que otros fueron comprados a través de la plataforma de clasificados online Revolico. Añadieron que el sospechoso los vendía al doble del precio en que los compraba, afirmación que deja muchas dudas, pues no queda claro cómo adquiría estos materiales y mucho menos su coste.
A pesar de que el acusado explicó que las piezas las almacenaba en su casa, mientras los trabajos de reparación de vehículos los realizaba en otro lugar por cuestiones de higiene, los agentes desestimaron esa información.
Desde los inicios de la pandemia del coronavirus se ha vuelto habitual en la prensa cubana las denuncias de delitos con carácter económico, tema del cual han publicado un centenar de casos sin indagar en ninguna ocasión en los motivos de estos actos ni en la responsabilidad de la administración estatal en ellos.
Numerosos periodistas y juristas han condenado estas prácticas por sus contradicciones éticas y legales.
El abogado Eloy Viera Cañive, en un texto publicado en Periodismo de Barrio, opinó que estos trabajos son "materiales lesivos para los implicados y para una sociedad que continúa reproduciendo y aceptando las actitudes de vigilancia policial que ven premiadas con estos reportajes. Una actitud que demuestra que en Cuba muchos siguen prefiriendo sacrificar al individuo y sus derechos, antes que mirar y enfrentar la causa real de los problemas que le aquejan".
Lo mejor que tiene Cuba es lo malo que se esta poniendo aquello y ahora 4 anos mas con Trump apretando la tuerca.