Ahora que el muro de bagazo levantado por la revolución cubana parece estarse desmoronando, es buen momento para poner en un mismo plato, deudas, reclamaciones, mentiras y diáspora.
La primera reacción del economista Elías Amor ante la entrevista fue de rechazo. "Esto daría para una tesis de doctorado", respondió por correo electrónico.
Hablar de una diáspora cubana que por fuerza ha tenido que rehacerse en el exterior; de las deudas que el régimen ha contraído a través de las expropiaciones y las confiscaciones; y desmentir la campaña que sustenta una Cuba futura donde los antiguos propietarios vienen a desalojar, a humillar al cubano que ha estado por más de 50 años ocupando una vivienda, es demasiada responsabilidad.
No obstante, la visión de Elías Amor, quien se ha mantenido sobre el análisis de la economía cubana por más de 20 años, puede ser un punto de partida para el debate.
Hubo cubanos que se fueron siendo aún propietarios, otros que se fueron porque fueron expropiados. ¿Existe algún récord que agrupe a la relación de los cubanos en el exilio y sus propiedades en Cuba?
No existe ese récord. Por desgracia ese es un asunto complicado que ha sido abordado por algunas entidades como el Instituto de Estudios Cubanos de Miami, o por autores individuales como Tania Mastrapa. Se dispone de algunas cifras aproximadas de la diáspora, que ronda los 2,5 millones, pero aquí se computan los descendientes de los que se fueron del país entre 1959 y 1970. Los cubanos del exterior tienen un gran mérito histórico: salieron de Cuba sin nada y han sido capaces de construir riqueza, empresas, empleo y bienestar en numerosas zonas del planeta. El ejemplo, Miami. Son generaciones que merecen un reconocimiento en la Historia. Y lo tendrán.
Hay cuatro momentos clave en la salida al exterior de los cubanos y su relación con la propiedad privada.
El primero coincide con la llegada de los "revolucionarios", 1959-1961, se trata de un exilio de alto nivel económico, profesionales de alto nivel, dueños de empresas, con estrechos vínculos políticos y sociales con el régimen anterior. Todos se marcharon al exilio sin sus propiedades, que fueron confiscadas sin contraprestación. El valor de lo confiscado, incluyendo las empresas de EEUU, es muy elevado, y podría estar rondando, según algunas estimaciones, el 80% de la riqueza nacional existente en la economía cubana en aquellas fechas.
A partir de 1965, Camarioca, que de una forma u otra se extendió hasta 1970. A partir de entonces, la salida se modera pero integra cada vez más a clases medias. Las propiedades fueron expropiadas pero el valor ya era claramente inferior respecto de la primera ola. El daño más grande que hizo el régimen a esta gente fue la prohibición de sacar de Cuba sus datos profesionales y académicos, lo que hizo que médicos prestigiosos, abogados, economistas, no pudieran encontrar empleos equivalentes en otros países ni convalidar sus profesiones. En cierto modo, este robo de capital humano no se puede computar, pero también hizo mucho daño a sus víctimas. Una parte significativa de los exiliados de este segundo grupo, pequeños comerciantes, limpiabotas, pequeños profesionales, tenderos, vieron confiscadas sus propiedades tras las expropiaciones de la llamada "Ofensiva revolucionaria" de 1967, que supuso que toda la propiedad en Cuba pasara a estar bajo el control absoluto del Estado castrista.
Otro proceso importante fue el Mariel, a comienzos de los 80, tras los sucesos de la embajada de Perú en La Habana. Esta es la primera generación nacida en el régimen que huye al exilio, pero el impacto confiscatorio es mucho menor ya que muchos ya carecían de propiedades al haber vivido en el régimen desde su creación. La salida fue desordenada, sin rigor alguno y con grandes problemas de todo tipo.
Posteriormente, tras el Maleconazo, se produjo Guantánamo en 1995. El impacto sobre la propiedad confiscada en este caso ya fue prácticamente nulo. Los cubanos que se exiliaron en esta época carecían de derechos de propiedad.
Como se puede observar, de algún modo, cada 15 años, más o menos, el régimen castrista explota por sus contradicciones internas y expulsa al exterior amplios volúmenes de población. Es una estrategia de supervivencia castrista que tiene como objetivo reducir la presión interna que podría conducir a un levantamiento social, al tiempo que aumenta la base de potenciales personas que envían remesas a sus familiares en Cuba.
La mayor parte de los que han salido del país se establecieron en EEUU por los vínculos familiares y sociales, pero se observa un aumento relativamente importante en Europa.
¿Estos dos grupos estarían en las mismas condiciones legales frente a sus propiedades en Cuba?
Como ya he destacado, los propietarios exiliados prácticamente concluyen a comienzos de los años 70. Los que salen al exterior posteriormente carecen de derechos, ya que el régimen los había suprimido anteriormente.
Los cambios recientes en la legislación han creado una cierta confusión que se deriva, en mi opinión del hecho de que la titularidad de una propiedad confiscada ilegalmente por el régimen en 1961 continúa siendo del propietario inicial o sus descendientes, aunque la misma esté en usufructo en la Isla por otros. Los cambios en la ley en los últimos años son alegales, por cuanto no garantizan el derecho real, el tracto sucesorio, de quien fue confiscado. Este es un asunto que exigirá en el futuro compensaciones tan pronto como se produzcan las oportunas reclamaciones.
¿Hubo o ha habido algún intento legal de reclamación de bienes? ¿Cuáles? ¿Qué resultados obtuvo?
Que yo conozca, las reclamaciones han sido una constante desde que comenzaron, incluso en los primeros momentos en Cuba, pero el régimen nunca las ha atendido. Los abogados en aquellos momentos de fervor revolucionario aconsejaban a sus clientes "olvidarse" de las propiedades para evitar penas mayores. Se pueden enumerar casos de detenciones y fusilamientos sin juicio a personas que protestaron por el robo de sus propiedades.
Se produjo un episodio "gracioso" con los expropietarios españoles que fueron compensados por el régimen cubano a mediados de los 80, con unos contenedores de langosta y abalorios de santería que llegaron deteriorados. Tampoco se realizó una valoración descontada de las propiedades (habían pasado 17 años). Fue una burla de Fidel Castro a Felipe González en la época en que ambos mantenían buenas relaciones personales.
En Estados Unidos, se han creado empresas y sociedades por los expropiados para reclamar sus derechos ante los tribunales y existen empresas especializadas de consultoría y legales, en España, por ejemplo, que se dedican a preparar demandas para las reclamaciones de propiedades que, en su momento, se tendrán que atender.
Teniendo en cuenta que Cuba es un país deprimido económicamente por una dictadura de más de 50 años, ¿pudiera existir alguna estrategia legal para saldar deudas o para la reclamación de las propiedades en Cuba?
Por supuesto. Otros países que expropiaron a sus legítimos dueños los derechos de propiedad tuvieron que hacer lo mismo, como todos los del este de Europa, o Nicaragua durante el sandinismo.
Existen muchas soluciones técnicas para compensar los daños, desde los llamados bonos compensatorios equivalentes al reintegro monetario, en especie, o en deuda consolidada y negociable, pasando por las devoluciones directas de empresas cuyos titulares continúan existiendo (el caso del hotel Hilton, por ejemplo, o Bacardí). Incluso se pueden realizar permutas de valor de suelo equivalentes.
Todas estas fórmulas, y muchas más, son factibles en el caso cubano, porque el Estado posee toda la propiedad existente en el país, y lo que debe hacer es desprenderse de la misma y ponerla en manos de los particulares. Para ello existen numerosas fórmulas, desde las subastas controladas por organismos internacionales hasta el recurso a la financiación que pueden conceder entidades como el Fondo Monetario Internacional, una vez que Cuba se reintegre en este tipo de instituciones, de las que se marchó al instaurar el régimen comunista.
La campaña mediática del castrismo describe una Cuba postcastrista donde los propietarios de viviendas vendrán a desalojar de modo masivo a los que han estado en posesión de sus bienes. ¿Cuánta verdad puede haber en esta afirmación y cuánto mito?
Como bien dices, es una campaña mediática bastante idiota y ridícula. Nadie en el exilio, en su sano juicio, va a desalojar a los que han estado en posesión de sus bienes en Cuba, porque el estado del patrimonio urbano es tan lamentable y deteriorado que, allí donde antiguamente existían palacios y residencias de lujo, o viviendas confortables, ahora solo queda cochambre y abandono por culpa del régimen. Incluso, muchos exiliados cuando regresan a la Isla después de 40 años, se encuentran con que sus viviendas han desaparecido a causa de derrumbes.
Los herederos de los propietarios pueden tener mucho más interés en otras opciones de derechos de propiedad que en las residencias del Vedado o La Habana Vieja donde se hacinan las familias que, por otra parte, tendrán que tener el derecho a una vivienda digna que el régimen les niega.
La restitución de los derechos de propiedad en Cuba a la situación existente antes del colapso comunista, digamos en 1959, es necesaria para que la economía nacional vuelva a arrancar. La construcción del capital productivo que se realizó con esfuerzo por millones de cubanos antes de 1959 tiene que ser reintegrado a sus legítimos propietarios. De ese modo, la experiencia colectivista castrista debe quedar enterrada para siempre y retornar a una normalidad lo más parecida posible a la que existe en otros países del mundo.
Primero, se tiene que empezar, básicamente por la tierra, que tiene que ser vendida a privados, o restituida a los dueños. No puede ser que el Estado mantenga la propiedad de más del 60% de la tierra y casi toda improductiva o en manos de absurdas UBPC que no sirven para producir. Se tiene que autorizar la compraventa de tierras, el mercado inmobiliario y las operaciones entre propietarios para aumentar la escala de las explotaciones para obtener mejores rendimientos. Los miembros de las cooperativas, si lo desean, deberían poder dejarlas libremente y unir sus tierras a las nuevas empresas que se creen. Una nueva regulación del movimiento cooperativo en el campo cubano es necesaria para adaptarla a las normas internacionales.
En el sector industrial y los servicios, todas las empresas tienen que ser privatizadas. Los actuales conglomerados y grupos empresariales en manos del Ejército y la Seguridad del Estado tienen que ser privatizados y pasar a manos de los trabajadores que, posteriormente, pueden retener esos derechos o venderlos libremente en el mercado. Las empresas tienen que ser privatizadas en su totalidad para que generen riqueza y empleo como en el resto del mundo, y se deben abrir espacios a sectores marginales en el régimen castrista, como la banca, los seguros y las finanzas en general, los mayoristas privados, la producción industrial en serie y la construcción de viviendas y edificaciones, así como las infraestructuras privadas.
El Estado finalmente tiene que reducir su actual participación en los activos de la nación a un 25% o menos, y el resto, ser transferido a manos privadas, favoreciendo el desarrollo de las relaciones comerciales, el crecimiento sostenible, el empleo y la riqueza de los privados.
El Estado debe dedicarse a sus funciones clásicas: estabilización de la economía, asignación de recursos (sanidad, educación, etc) y distribución de la renta, por medio de un sistema impositivo moderno y no extractivo de rentas como el que existe actualmente.
Todos estos cambios deben, necesariamente, pasar por un cambio constitucional que elimine del texto la propiedad estatal de los medios de producción para siempre. La nueva Constitución debe garantizar el derecho privado y relegar las expropiaciones al papel que históricamente los otorgó la Constitución de 1940, o si se quiere a otros diseños más actuales.
Como ves, las ideas están claras respecto a lo que se tiene que hacer. Lo que pasa es que se tiene que hacer con voluntad política, y el actual régimen no la tiene.