La reconfiguración política e institucional que vive El Salvador sigue avanzando, teniendo como pivote una Asamblea Legislativa controlada ampliamente por el bukelismo, como ha sido bautizado el bloque en el poder constituido alrededor del presidente Nayib Bukele. Un tercio de todos los jueces del país pasarán a retiro, así como decenas de fiscales.
El Salvador vive su más profundo proceso de reacomodo, desde que se pactó la paz y un sistema democrático bipartidista en 1992, con pesos y contrapesos institucionales. Por casi dos décadas, dos partidos condujeron al país sin atreverse romper con las reglas del juego. Tanto el conservador Arena como el antiguamente procastrista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), habían logrado pactar una paz tras largos años de guerra civil. Esto fue barrido en este 2021.
El último día de agosto, los diputados de Nuevas Ideas, el partido de Bukele con amplia mayoría, y sus aliados minoritarios, Gana, Partido Demócrata Cristiano y Partido de Concertación Nacional, todos de orientación conservadora, aprobaron una reforma legislativa que de forma automática expulsa al menos a un tercio de los 690 jueces de todo El Salvador, así como a decenas de fiscales.
Bukele respaldó abiertamente la decisión del Parlamento, controlado por figuras allegadas al jefe de Estado, al sostener que el objetivo de esta barrida sin precedentes de jueces, busca sacar a figuras corruptas del Poder Judicial.
"Desde que los legisladores de Bukele obtuvieron el control de la Asamblea en mayo, han adoptado medidas drásticas orientadas a destruir la independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
"Estas nuevas leyes parecen tener el propósito de asegurar el control del Gobierno sobre un número importante de fiscales y jueces de tribunales inferiores", recalcó el defensor de derechos humanos.
Vivanco reiteró a DIARIO DE CUBA que la comunidad internacional, y en particular la Organización de Estados Americanos (OEA), debe prestar atención a lo que ha venido ocurriendo en El Salvador, dado que se trata de un desmontaje de la institucionalidad democrática.
HRW advierte que el proceso para esta destitución masiva de jueces y para la designación de los nuevos operadores de la justicia estará en manos de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados fueron destituidos de forma abrupta el pasado 1 de mayo, en una decisión igualmente polémica de la Asamblea Legislativa dominada por el bukelismo, y en su lugar se designaron a figuras complacientes con el presidente.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema, previa al bukelazo del 1 de mayo, había puesto coto a polémicas decisiones de Bukele en el manejo de la pandemia de Covid-19.
Aquellas destituciones del 1 de mayo fueron el debut del nuevo Cuerpo Legislativo. Además de destituir a los magistrados, los legisladores se cargaron al fiscal general. Posteriormente se ha conocido que aquella decisión buscaba cortar las investigaciones sobre las negociaciones secretas entre las maras, bandas criminales salvadoreñas, y el Gobierno de Bukele, para reducir las tasas de homicidios en el país centroamericano.
Todo este terremoto judicial ha puesto en alerta a organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, entre los jueces destituidos figura Jorge Guzmán, el juez a cargo del caso El Mozote, una masacre en la que, al menos, 1.000 civiles fueron asesinados en 1980.
El año pasado Guzmán pidió a la Fiscalía determinar si Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales en varias unidades militares, incurriendo en supuestos "incumplimiento de deberes, desobediencia, ocultación de documentos y encubrimiento". Ni Guzmán ni el fiscal general de entonces, Raúl Melara, están ya en sus cargos.
El legislador estadounidense, Jim McGovern, del Partido Demócrata condenó la reforma a la Ley de la Carrera Judicial aprobada este 31 de agosto. A su juicio, tal decisión desnuda el intento de Bukele para "destripar la independencia judicial y consolidar su marca de autoritarismo".
McGovern ratificó que seguirá presionando tanto en el Congreso, como ante el Gobierno demócrata de Joe Biden, para que se haga justicia en el caso de El Mozote y se establezca también las razones que han llevado a Bukele a obstaculizar la investigación de esta matanza.
En sus dos años de gobierno, tras ser electo democráticamente, Bukele ha profundizado un estilo autoritario, y ha tenido el abierto apoyo del alto mando militar.
En un duro editorial, el medio independiente El Faro sostuvo que en El Salvador la democracia está en coma.
El Gobierno de Bukele "controla la Asamblea, donde se crean y aprueban leyes; la Fiscalía, que tiene la potestad exclusiva de promover y ejercer la acción penal, es decir, de acusar; la Policía, para llevar a cabo capturas; controla la Corte Suprema de Justicia y, tras las reformas a la carrera judicial, controlará también a los jueces", advierte el editorial.
Tanto El Faro como HRW sostienen que las decisiones tomadas en este 2021 si bien son muy graves, no son del todo sorpresivas, ya que desde que asumió en 2019, el presidente Bukele ha apostado por debilitar el sistema básico de pesos y contrapesos propios de una democracia.
Muchos de estos jueces son izquierdosos amiguitos de los Lulas y cuanto corrupto se arrastra por sur América. Si no se limpia la casa no se puede arreglar.
No es que sea fan de Bukele pero por favor, ninguna de esas organizaciones dijo nada después de décadas de corrupción, asesinatos de los maras y demás. En latinoamerica es casi todo igual un sistema judicial que le da infinitos derechos a los delincuentes y los politicos y muy pocas garantías a la gente común. Yo le voy a decir lo que en realidad le preocupa a los demócratas y otros mas. Que Bukele siga arreglando El Salvador como lo esta haciendo y se les acabe el flujo constante de emigrantes y futuros votantes agradecidos a los demócratas. Recuerdo cuando el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte empezó a fusilar a todos los drogadictos y traficantes dijeron que era un asesino y empezó una campana contra el. Alguien ha oido hablar mas de el en la prensa ?. Todos quisiéramos que todo se resolviera como en los paises decentes, pero olvidan que en Inglaterra hubo un tiempo en que ahorcaban por cualquier cosa.
Cierto. Sin educación formal y educación civil, las únicas opciones son los extremos: Batista o Castro, Pinochet o Allende, Perón o Galtieri, Lula o Bolsonaro... Para que los países sean como Suiza, lo primero que tiene que haber son suizos... es decir, gente educada y patriota, que aprecie la tolerancia y la diversidad, para que no se deje arrastrar por ningún extremista ni de derecha, ni de izquierda. Y eso, francamente, es muy difícil de lograr.