Leonides Sánchez Danger, director del estatal Grupo Empresarial de Gastronomía Especializada en el municipio de Santiago de Cuba, fue instruido de cargos y se encuentra en prisión provisional por presuntos delitos de malversación, acaparamiento y tráfico de influencias, en los que habría incurrido para tutelar el contrabando y la venta ilícita de cigarros en la ciudad, informaron fuentes del Consejo de Dirección de la empresa y de la Dirección Provincial de Comercio y Gastronomía.
Su detención forma parte del operativo con el que el Gobierno y la Fiscalía intentan desmantelar las redes que operan el lucrativo negocio ilegal de los cigarrillos, que —según algunos de los implicados— mueve anualmente entre 100 y 150 millones de pesos en el mercado negro de la segunda provincia en importancia de la Isla.
Como parte del proceso, también habrían sido acusados varios administradores de las tres unidades básicas del Grupo Empresarial de Gastronomía Especializada: Paraíso, Recreación y Coyaba. Asimismo, otros funcionarios que participaban en la estafa y vulneraban el esquema de distribución establecido por el Estado. Los miembros del Consejo de Dirección aseguraron que se han producido varios registros e incautaciones.
Según pasan los días se suman arrestos en la cadena de involucrados, incluidos los receptadores a quienes los funcionarios ofertaban la mercancía con facilidades de pago y que luego la vendían a precios exorbitantes. DIARIO DE CUBA no pudo confirmar el número de detenidos.
Para Alexis, uno de los asesores jurídicos del sector, el entramado es tan grande que duda que las autoridades cubanas lleguen al fondo. "Los cuadros del Partido y el Gobierno no tienen moral para hablar de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, precios especulativos y delitos de cuello blanco", dice.
Uno de los instructores policiales comentó a los trabajadores que Sánchez Danger fue trasladado de la Prisión Provisional de Aguadores hacia una nueva conocida cárcel como la "Polipalo", debido a una golpiza que le propinaron otros convictos por confesar, devolver parte del dinero y explicar el modus operandi.
Las autoridades abrieron Polipalo para intentar bajar el nivel de hacinamiento en las cárceles de la provincia.
"Del almacén a su bolsillo"
A pesar del secretismo, las filtraciones comienzan a arrojar luz sobre el funcionamiento del negocio ilegal de los cigarros en Santiago de Cuba. Según información no confirmada, Sánchez Danger "estimulaba" a los administradores de las unidades básicas con 12 cajones de 500 cajetillas de cigarros Criollos cada uno.
Esa cifra les reportaba como mínimo 180.000 pesos, vendiendo cada cajetilla a 30 pesos cuando su precio oficial es de diez.
Con esa cantidad, los administradores cubrían los 60.000 pesos del Estado y, sin invertir un centavo, obtenían una ganancia de 120.000 pesos. Según las fuentes, con esto el director aseguraba la "colaboración" de sus subordinados para que nadie interfiera en su negocio.
Durante el proceso de instrucción, los oficiales de la Unidad de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior condujeron al Sánchez Danger hasta su oficina, donde le incautaron, de acuerdo con testigos presenciales, más de dos millones de pesos.
Miladis Sanjurjo Berroa, subdirectora de servicios y miembro del Consejo de Dirección que sirve de enlace a los auditores y los peritos del Departamento Técnico de la Policía, filtró que el resto del "botín" se especula está escondido en casas de amantes, familiares y amigos de los detenidos.
En tanto, Daniel Calvet Yero, director adjunto y quien sigue bajo "lupa" de la Fiscalía, negó en su círculo de amistades estar involucrado en un delito que al parecer tenía dos vertientes: una con los cigarros de factura nacional y otra con los comercializados por BRASCUBA".
Según personas de ese círculo, Calvet Yero dijo que, si bien permitía a sus subordinados el negocio con las marcas Criollos, Aromas y Populares, Sánchez Danger "monopolizaba, manejaba temerariamente y no le daba participación a nadie", en las marcas de BRASCUBA.
"Los cigarrillos de BRASCUBA iban directo del almacén a su bolsillo". Sánchez Danger "se escudaba argumentando que su venta debía controlarla él para evitar los precios abusivos", dijo Paquita, una gastronómica con 30 años de servicio.
El descontrol del Gobierno abrió la puerta al desorden
Al indagar sobre el tema, DIARIO DE CUBA conoció que, a raíz de la Tarea Ordenamiento, los cigarros H.Upmann, Monterrey, Cohiba, Populares y Hollywood —en todas sus denominaciones— quedaron fuera del esquema de distribución de la estatal Empresa de Gastronomía.
Como norma, los representantes de BRASCUBA los llevaban directo a las unidades seleccionadas por sus "comisiones y capacidad de pago".
Esta brecha permitió que Sánchez Danger simulara un estricto control en la distribución de los cigarros Criollos y Populares, mientras por "debajo de la mesa" entregaba a los administradores otras cifras para que lucraran y nadie se fijara del contrabando que hilvanaba con los surtidos de BRASCUBA.
Una especialista en contabilidad que prefirió quedar en el anonimato, dijo que "del 1 de enero al 30 de abril del 2021 la empresa recibió entre 200.000 y 400.000 cajetillas de cigarros H.Upmann, Monterrey, Populares, Cohiba y Hollywood, sin contar las de los inventarios que fueron retirados de la venta".
De ser ciertos esos datos, la empresa debió erogarle al Estado entre dos y diez millones de pesos, a razón de entre 12 y 44 pesos la cajetilla, según la marca. Sin embargo, esos cigarros apenas salieron al público y se comercializaron a entre 50 y 200 pesos la cajetilla en el mercado negro.
Recientemente, DIARIO DE CUBA público un reportaje sobre el contrabando de cigarros y la medida de volver a racionarlos a través de la Libreta de Abastecimiento, una decisión de la Intendencia local que, en vez de enrumbar la distribución, solo ha logrado hacer cambiar la estafa de dueño.
Aunque los Anuarios Estadísticos reflejan la contribución al presupuesto estatal de la venta de tabacos y cigarros Criollos, Populares y Aromas, nada dicen de los que produce BRASCUBA, una sociedad anónima que opera desde 1996 formada por la firma Souza Cruz, de Brasil, y el grupo empresarial estatal cubano Tabacuba.
Al filo de 25 años, esa firma exporta a 20 mercados de todos los continentes, pero su slogan de respeto al consumidor se ve comprometido en los más de 7.000 puntos de venta de Cuba por las ilegalidades.
A juicio de funcionarios, este delito es difícil de detectar, porque el Estado no sufre daños económicos, ingresa lo que tiene previsto.
Cuando el DTI va a mirar hacia arriba para acabar con la corrupcion de mas de 60 anos ?
Nunca es un blanquito ... nunca un familiar de un desembarcado ....
Imagínate este muerto de hambre comparado a los altos jerarcas como el dueño de GAESA le entraban millones de pesos. Como estarán viviendo los generales. Por eso es que ninguno quiere soltar la teta de la vaca gorda. ¿Y pensándolo bien, porque siempre cogen al negro?
Juan, la culpa es del totí. Las águilas vuelan más alto