La Policía ocupa una fábrica de ahumados en la batida del Gobierno contra las ilegalidades

La Policía de Jovellanos, Matanzas, intervino una mini industria de cárnicos ahumados ubicada en una finca del municipio y acusó a sus dueños del delito de actividad económica ilícita, mientras sube el tono del cuestionamiento oficial a los emprendedores privados, a quienes el Gobierno tilda de "parásitos".

De acuerdo con un reporte de la televisión oficial, en la fábrica había alrededor de siete toneladas de productos cárnicos, además de equipos para el procesamiento de embutidos y ahumados. La producción de los alimentos se hacía sin licencia, aseguraron agentes policiales no identificados a cargo del caso.

El reportaje señaló que en el lugar había 162 cajas de pollo importadas, que a juzgar por las imágenes procedían de Estados Unidos. Los dueños del lugar habrían comprado el producto para "revenderlo" luego de que se los suministrara "un chofer de la Empresa de Servicios a la Construcción de Varadero", quien está en prisión provisional y bajo investigación.

Además, los individuos habrían consumido electricidad sin tener el metrocontador correspondiente, por lo que la Empresa Eléctrica determinó que debían más de 700.000 pesos de deuda no pagada, que según la Policía, deben erogar.

Las autoridades cubanas van elevando, como ya hicieran a mediados de año a raíz de la pandemia del Covid-19, sus críticas contra los "acaparadores", "revendedores" y negocios privados, a quienes entonces acusaron de acaparar productos y provocar escasez, y ahora, tras el anuncio de la reforma monetaria y la llamada "Tarea Ordenamiento", culpan del incremento de los precios al consumidor.

El diario oficial Granma aseguró este sábado que en Cienfuegos "se incrementó el rigor y la exigencia en las inspecciones ante las violaciones de precios cometidas por carretilleros, cocheros ilegales y trabajadores por cuenta propia que venden productos que no forman parte de su actividad". El periódico calificó esa campaña como una "batalla".

Según la nota, desde octubre se produjo allí una "progresiva tendencia alcista en los precios, sobre todo en lo vinculado al sector del trabajo por cuenta propia en la venta de productos alimenticios, textiles y de ferretería. También en los servicios prestados en peluquerías, barberías, manicures, cafeterías y paladares".

Fara Iglesias González, funcionaria del Gobierno provincial y coordinadora del Grupo de enfrentamiento a ese nivel, explicó que aunque han aplicado más de 3.000 multas desde el 15 de noviembre, 600 de ellas en la última semana, "continúan apareciendo ilegalidades".

A partir de denuncias de la población, el Gobierno local sancionó "hechos delictivos asociados a la venta ilegal de cemento, así como a quienes ofertaban la 'pata' de cebolla a 250 pesos, cuando el gravamen establecido es de 40 pesos. En el mismo lapso hubo 23 decomisos, y la Unidad Estatal de Tráfico retiró un número considerable de licencias a cocheros".

Sin embargo, la funcionaria reconoció que "todavía no hemos podido frenar el fenómeno".

A pesar de lo anterior, Granma reconoció que también hay ilegalidades en comercios estatales, como Mercado Agropecuario de la Calzada de Dolores, donde las autoridades detectaron "grandes alteraciones de precios y violaciones en el pesaje".

"Además, nos preocupó que estas faltas graves ocurrieran en ausencia de la Administración. Quienes se hallaban a cargo del almacén incumplían con las responsabilidades propias de su actividad. Tenían guardadas 15 cajas de tomate, y solo uno de los puestos de venta ofertaba dicho producto. Algo había ahí, no pudimos llegar hasta el final, pero logramos que sacaran el tomate para su comercialización con la tarifa establecida", agregó José Luis Calzadilla Olivera, funcionario del Gobierno.

Esto ocurre mientras la empresa estatal CIMEX divulga ofertas de cenas de fin de año en dólares y prácticamente exclusivas para cubanos con familiares en el extranjero que puedan pagarlas. En cambio, el sector privado de la Isla está obligado a operar entre las restricciones y el riesgo de ser clasificado como "parásito" en caso de aumentar los precios.

Para el sector privado, coincidieron varios entrevistados, el año 2020 fue "fatal" y la unificación monetaria —que se implementará en el peor escenario económico y financiero posible— podría ser el puntillazo para coartar cualquier posibilidad "de consolidarnos como pieza imprescindible" en la economía nacional, pues para ellos también han subido los precios y se han incrementado los costos.

Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos del Partido Comunista, advirtió que a partir del 1º enero de 2021 "los precios de los bienes y servicios que ofertan las formas no estatales del país también subirán", pero nunca podrán ser lo que el Gobierno considere "especulativos" o "abusivos".

La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, durante su intervención en el VI período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), catalogó por adelantado de "parásitos" a quienes se aprovechen del reordenamiento monetario para aumentar los precios de sus productos.

Tras admitir que habría una devaluación y un incremento de los costos, la ministra aseguró que se aplicarían medidas rigurosas para impedir "el abuso y el parasitismo, porque los que incrementan precios indebidamente son parásitos".