El Gobierno obtuvo el reconocimiento de la prolongación de la plataforma continental cubana más allá de las 200 millas náuticas en el Polígono Oriental del Golfo de México —logrado tras un estudio presentado en la ONU—, que amplía los derechos de La Habana sobre los recursos del subsuelo marino, pero que no acredita la existencia de nuevos yacimientos de petróleo explotables.
La investigación, distinguida con el Premio Nacional 2025 de la Academia de Ciencias de Cuba, permitió sustentar la incorporación de aproximadamente 1.700 kilómetros cuadrados a la plataforma continental cubana. Para demostrar la prolongación geológica, el equipo multidisciplinario reutilizó estudios de sísmica bidimensional (2D) realizados por la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET) para la exploración de hidrocarburos, según publicó en su perfil de Facebook el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, este 17 de octubre.
El especialista Alejandro Morales Abreu, del Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), explicó que los datos disponibles se reinterpretaron para cumplir los requisitos técnicos de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas. Los trabajos fueron aprobados sin objeciones, según el relato del ministro.
El resultado abre posibilidades para negociar, explorar y explotar recursos del lecho y el subsuelo marinos a medio y largo plazo. Sin embargo, la información divulgada no identifica reservas de crudo, volúmenes potencialmente recuperables ni planes de perforación en el área delimitada.
La distinción es relevante para una industria que necesita nuevas inversiones. El 12 de octubre, como publicó DIARIO DE CUBA, entraron en vigor el Decreto-Ley 135/2026, de Petróleo y Gas, y su reglamento, el Decreto 184/2026, con los que el Gobierno cubano derogó las leyes de minerales combustibles de 1938 y 1959 para flexibilizar las modalidades de participación de empresas nacionales y extranjeras en la exploración y explotación de hidrocarburos.
La normativa contempla contratos de producción compartida de hasta 40 años, prorrogables por diez, concesiones petroleras de hasta 30 años, también prorrogables por una década, y contratos de servicios petroleros. El Estado conserva la propiedad de los yacimientos y la prioridad en la adquisición de los volúmenes necesarios para el suministro interno.
No obstante, la ampliación de los derechos sobre la plataforma continental no implica que existan recursos comercialmente viables ni que vayan a llegar inversiones de inmediato. La exploración en aguas profundas exige financiación, tecnología y estudios adicionales, mientras las sanciones estadounidenses y las dificultades para sostener los proyectos en marcha añaden obstáculos a las operaciones petroleras en Cuba.
El caso de la australiana Melbana Energy ilustra esas dificultades, como recogió DIARIO DE CUBA en septiembre. La empresa registró pérdidas netas de 50,2 millones de dólares australianos en el ejercicio terminado en junio de 2026, después de reducir el valor de sus activos en el Bloque 9, en la costa norte cubana. La compañía atribuyó parte de sus problemas al incumplimiento de los compromisos financieros de su socio, la estatal angolana Sonangol, y a las sanciones de Estados Unidos contra CUPET. Las operaciones del bloque quedaron reducidas al mantenimiento de las instalaciones, mientras la continuidad de la exploración depende de nueva financiación y de las autorizaciones correspondientes.
En ese contexto, Morales Abreu reconoció que el CEINPET afronta limitaciones de recursos y necesita aprovechar al máximo los datos de archivo y las capacidades tecnológicas y profesionales disponibles. El investigador expresó el propósito de mantener la exploración petrolera y realizar nuevos descubrimientos que aumenten el potencial energético nacional, pero no anunció proyectos concretos asociados a los terrenos incorporados a la plataforma continental.
La decisión tampoco resuelve las incertidumbres sobre el suministro de combustible que afronta el país. Una investigación conjunta de DIARIO DE CUBA, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Armando.info, Transparencia Venezuela y La Prensa documentó cargamentos de petróleo venezolano declarados con destino a Cuba en 2025 que no pudieron ser localizados en los registros de arribos a los principales puertos de la Isla. Los documentos consultados identificaban al menos nueve cargamentos despachados entre mayo y septiembre, por un total de 7,57 millones de barriles, aunque no fue posible confirmar la llegada a Cuba de esos buques. Sí permitió seguir el rastro de estos envíos hasta la red empresarial del panameño Ramón Carretero Napolitano, sancionado por Estados Unidos, y con extensos vínculos con Nicolás Maduro y la familia Castro.
La ampliación de la plataforma continental cubana constituye un activo jurídico y geológico que podría facilitar futuras negociaciones sobre los recursos del subsuelo marino. Convertir ese potencial en producción petrolera, sin embargo, dependerá de que existan yacimientos viables, financiación, capacidad técnica y condiciones que permitan desarrollar los proyectos.
No hay estabilidad política y mucho menos, seguridad jurídica. Todas las empresas importantes se fueron de Cuba, y nadie, en su sano juicio, pondría capital de riesgo en estos momentos. Los funcionarios del régimen creen que inventaron el agua tibia.
Son incapaces de sembrar un mísero boniato y ahora les da por preocuparse por la plataforma marina del golfo.
Boniatos de mar que no necesitan agua ...