El régimen cubano raciona la electricidad a los actores privados en plena crisis energética

El régimen cubano ha extendido los planes obligatorios de consumo eléctrico a todo el sector no estatal, una medida que confirma la profundidad de la crisis energética que atraviesa el país y que podría impactar directamente la producción y los servicios privados.

Según explicó al portal oficial Cubadebate, Welner Collejo Jerez, director adjunto de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE), la política se implementó inicialmente en 2025 para los grandes consumidores y fue ampliada posteriormente hasta abarcar a todas las formas de gestión privada.

En total, el país cuenta con alrededor de 470.000 actores económicos no estatales, entre micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), cooperativas y trabajadores por cuenta propia, aunque solo una parte de ellos utiliza electricidad en sus operaciones. De acuerdo con el funcionario, ya se notificó un plan de consumo a 110.089 negocios.

La medida se adopta en un contexto que el propio medio oficial describe como un "escenario electroenergético difícil", marcado por escasez de generación y el elevado costo del subsidio estatal a la electricidad.

Para fijar los topes de consumo, las autoridades tomaron como referencia el gasto eléctrico registrado por cada negocio en el mismo mes de 2024. Sin embargo, el propio directivo reconoció que muchas empresas han ampliado desde entonces su equipamiento, su plantilla o su producción, lo que hace que esos valores no siempre reflejen su consumo real actual.

En La Habana y Varadero, además, el plan asignado parte de una reducción del 15% respecto al consumo del año anterior.

El sistema contempla revisiones en casos específicos, pero mantiene un esquema de control centralizado. "Hay que partir de que nuestra economía es centralizada y planificada", afirmó Collejo Jerez. Algunos de los más grandes y solventes negocios privados en Cuba están vinculados al régimen.

El cumplimiento del plan será supervisado mediante controles de consumo, inspecciones y análisis en los llamados consejos energéticos municipales y provinciales. Las sanciones previstas en la legislación vigente incluyen advertencias, multas e incluso la suspensión de la licencia de operación para los negocios que incumplan las regulaciones.

La política también introduce un nuevo requisito para la creación de empresas privadas: antes de constituirse legalmente deberán obtener una licencia energética emitida por la ONURE que certifique el uso de tecnologías eficientes o fuentes renovables.

Aunque el reportaje oficial presenta la medida como una política de eficiencia energética, los testimonios recogidos por el propio medio estatal muestran las dificultades que enfrentan los negocios en medio de los apagones.

Anabell Meléndez, directora de la MIPYME de lácteos Delola, explicó que su empresa ha tenido que reorganizar completamente su producción para adaptarse a los cortes eléctricos. "Nosotros prácticamente no tenemos corriente", dijo.

Según relató, la empresa trabaja principalmente durante la madrugada, cuando el suministro eléctrico es más estable. Aun así, un apagón reciente provocó la pérdida de 1.000 litros de leche en proceso de maduración, que no pudieron recuperarse por falta de respaldo energético.

La empresa estudia instalar paneles solares, pero la inversión necesaria supera los 80 millones de pesos, un monto que solo podría asumir mediante créditos bancarios.

El proceso para acceder a ese financiamiento, sin embargo, exige proyectos técnicos certificados y múltiples trámites institucionales.

En otros casos, los negocios han optado por reorganizar sus operaciones para reducir el consumo eléctrico. David Marrero, trabajador por cuenta propia que administra un negocio en Boyeros, explicó que tuvo que disminuir el uso de equipos de refrigeración y rotar las cargas eléctricas para ajustarse a los límites asignados.

En Villa Clara, una empresa de confecciones afirmó que los prolongados apagones le impiden incluso consumir toda la energía planificada, lo que afecta su capacidad para producir. Ante esta situación, ha tenido que recurrir a un grupo electrógeno y explorar la importación de combustible y la instalación de sistemas fotovoltaicos.

Otros empresarios advierten que la escasez de energía y combustible amenaza la producción de alimentos y podría obligar al país a incrementar las importaciones.

"La falta de energía y de combustible para producir alimentos trae efectos negativos. Lo único que se consigue es tener que importar más comida", señaló uno de los entrevistados.

La decisión de imponer planes eléctricos al sector privado se produce en medio de una crisis energética marcada por apagones prolongados, escasez de combustible agudizada por las medidas de EEUU sobre el petróleo que llega a Cuba y el deterioro del sistema eléctrico, factores que han afectado tanto a la población como a la actividad económica en toda la Isla.

Este martes, Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, dijo a Martí Noticias que Cuba enfrenta un riesgo inminente de colapso energético por la escasez de combustible, una situación que podría agravarse en marzo si no llegan nuevos suministros a la Isla. El experto alertó de que el país se aproxima a una "situación cero" de combustible tras semanas sin recibir cargamentos significativos. Según explicó, Cuba consume unos 20.000 barriles diarios de diésel, pero desde inicios de enero apenas ha recibido un envío desde México, mientras varios buques con combustible ruso permanecen casi inmóviles en el Atlántico.

Piñón indicó que la crisis responde tanto a la caída de los envíos de petróleo de aliados como Venezuela, Rusia o México, como al deterioro del sistema eléctrico cubano, con termoeléctricas obsoletas y falta de mantenimiento. Aunque el Gobierno permitió a las MIPYMES importar combustible en isotanques desde Estados Unidos, el experto considera que ese mecanismo es limitado y poco sostenible, porque cada contenedor representa una cantidad mínima frente al consumo nacional y además enfrenta obstáculos legales para usar infraestructuras estatales.

Ante este panorama, el especialista advirtió que la única salida rápida sería una negociación con Estados Unidos en un plazo relativamente corto. Planteó dos opciones: que Washington suministre combustibles refinados directamente a Cuba o que conceda una excepción para que Venezuela retome los envíos. De no concretarse un acuerdo, advirtió, la Isla podría llegar a una "hora cero" energética que paralizaría el sistema eléctrico y el transporte.