El Departamento de Justicia de EEUU da la razón a Exxon Mobil en su demanda contra CIMEX y CUPET

El Departamento de Justicia de EEUU apoyó la posición de la petrolera estadounidense Exxon Mobil en su demanda en virtud del Título III de la Ley Helms-Burton contra las empresas estatales cubanas CIMEX y Cuba Petróleo (CUPET), lo cual podría influir en el desenlace del caso.

Asimismo, la máxima institución federal para el cumplimiento de la ley dio su aval a Havana Docks Corporation, la entidad demandante en un caso similar contra las empresas de cruceros Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival Corporation y MSC Cruises, acusadas por violar el embargo de Washington contra La Habana.

Según documentos de la Corte Suprema de EEUU, donde se ventilan ambos casos, el Departamento de Justicia concluyó que "Estados Unidos tiene intereses apremiantes en política exterior para garantizar que los ciudadanos estadounidenses cuyos activos fueron expropiados ilegalmente por el régimen comunista de Fidel Castro reciban una recompensa y para evitar que el Gobierno cubano se beneficie aún más de sus fechorías".

Además, señala la toma de postura del Departamento de Justicia, en la "Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana" de 1996 (conocida además como Ley Helms-Burton), el Congreso proporcionó un mecanismo vital para imponer la rendición de cuentas al Gobierno cubano al autorizar a las partes privadas a presentar demandas contra 'cualquier persona' que trafique con bienes confiscados".

La entidad federal instó a la Corte Suprema a revisar el caso contra CIMEX y CUPET y a "sostener que las demandas del Título III contra agencias e instrumentalidades cubanas pueden proceder sin tener que satisfacer adicionalmente una de las excepciones enumeradas a la inmunidad soberana extranjera" en las leyes de EEUU, que han estado entre los argumentos de la partes demandadas en casos similares.

El Departamento de Justicia, además, califica como "errónea" la decisión del Tribunal de Apelaciones de Washington D.C., que congeló el caso en 2024 luego de que en 2019 ambas empresas de La Habana intentaran sin éxito desestimar la demanda, alegando inmunidad soberana extranjera, en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, o FSIA (por sus siglas en inglés), que impide que los tribunales estadounidenses ejerzan jurisdicción sobre entidades fuera de su territorio.

Pero, según la opinión del organismo federal, ese Tribunal "superpuso incorrectamente el marco general de la FSIA a un estatuto estrecho centrado en Cuba que claramente abroga la inmunidad de las agencias e instrumentalidades cubanas. Esa decisión errónea impide las demandas privadas contra las agencias e instrumentalidades cubanas y obstaculiza importantes intereses de política exterior al responsabilizar al Gobierno cubano por continuar beneficiándose de sus expropiaciones ilegales". 

"La revisión está especialmente justificada ahora, durante una ventana en la que el presidente ha permitido que procedan las demandas del Título III, y en un momento en que Estados Unidos cree que tales demandas podrían contribuir significativamente a los objetivos de la política exterior estadounidense que involucran a Cuba", enfatiza el Departamento de Justicia.

Luego de la decisión del Tribunal de Apelaciones de Washington D.C., Exxon Mobil presentó el caso a la Corte Suprema para su valoración y esta lo aceptó.

El gigante de los hidrocarburos exige una compensación a las entidades propiedad del conglomerado empresarial de los militares de Cuba, GAESA, por la nacionalización y explotación de la refinería Ñico López y de más de 100 estaciones de servicio, ejecutada por el régimen de Fidel Castro en 1960.

Exxon Mobil presentó un auto de certiorari (procedimiento de revisión de decisiones de los tribunales inferiores basado en la selección o arbitrio del propio tribunal que asume la decisión última) para su reclamo.

En enero último, la petrolera añadió a sus trámites legales la presentación de amicus curiae (aportes de terceros ajenos a la disputa, que ofrecen a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio relativos a aspectos de derecho que se ventilan ante la misma) de la empresa King Ranch, Inc. y de la Cámara de Comercio de EEUU.

Por su lado, la Corte Suprema solicitó en mayo al procurador general de Justicia que expusiera la opinión del Gobierno de EEUU sobre el caso, e hizo lo mismo en junio acerca de la demanda contra Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival Corporation y MSC Cruises.

Sobre esta última, la toma de posición del Departamento de Justicia recuerda que el Título III de la Helms-Burton señala que para realizar una demanda por propiedades confiscadas en Cuba no es necesario "que el ciudadano estadounidense tenga un interés en la propiedad en el momento del tráfico, sino durante su expropiación".

Añade que "antes de la Revolución Cubana, 'a los estadounidenses se les animó a invertir fuertemente en la economía de Cuba, y lo hicieron. (...) Pero después de que Fidel Castro tomó el poder en 1959, 'el Gobierno de Cuba efectivamente se apoderó y pasó a ser propiedad estatal' propiedades de ciudadanos estadounidenses. Estados Unidos ha solicitado compensación por esas expropiaciones injustas durante más de 60 años".

La entidad cuestiona largamente los argumentos del Tribunal de Apelaciones del 11no. Circuito de EEUU, que en diciembre último había rechazado una solicitud de Havana Docks Corporation para una audiencia en pleno sobre el caso, lo cual le dejó solo la opción de recurrir a la Corte Suprema para proseguir la demanda.

Havana Docks Corporation pidió realizar la audiencia en pleno ante el tribunal después que este revocara en octubre una decisión judicial que obligaba a las empresas a pagar multas por encima de los 400 millones de dólares por haber realizado operaciones utilizando propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro después de 1959, sin pagar compensación a sus titulares.

Las líneas de cruceros luchan contra un veredicto, emitido a finales de 2022 por la jueza federal de distrito, Beth Bloom, que las acusa y sanciona por participar en "turismo prohibido" y "actividades de tráfico", al transportar pasajeros a Cuba y utilizar los muelles e instalaciones construidos por la empresa estadounidense Havana Docks.

Dicha sentencia, la primera de su tipo en aplicar el Título III de la Helms-Burton, fue considerada entonces por la Cancillería cubana como "una agresión económica del Gobierno de EEUU, a escala internacional y de modo abarcador".

Según fuentes legales consultadas por DIARIO DE CUBA, la opinión del Departamento de Justicia es un elemento testifical en el proceso de argumentación que la Corte Suprema tomará en consideración para alcanzar su veredicto.