El Gobierno de Cuba no logra reducir las ilegalidades en materia urbanística y culpa al mal funcionamiento de las organizaciones de masa, subordinadas a las autoridades y encargadas de ejercer la delación.
Lo anterior se puso de manifiesto este martes, cuando el general de división, Raúl Acosta Gregorich, presidente del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU), se quejó de que "si las organizaciones de masas funcionaran bien", disminuiría el delito, según citó el medio oficial Granma su intervención ante la Comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en una nota llena de ambigüedades.
Acosta Gregorich llamó "a librar el combate con un trabajo político en los barrios", convencido, según Granma, de que "la unión entre diversos factores permite avanzar".
La queja del general de división parece demostrar que los cubanos tienen menos disposición para la chivatería y para sumarse al llamado "trabajo político".
Según los datos ofrecidos por la vicepresidenta del organismo, Yordanka Vázquez Cuñat, hasta mayo existían cerca de 11.700 ilegalidades. De ellas, la funcionaria aseguró que 97% han sido erradicadas.
No obstante, dijo que la cifra solo representa el 16% del inventario previsto para el año.
"Algunas provincias han adelantado muy poco en ese sentido y la Isla de la Juventud genera especial preocupación, pues se encuentra en cero en ese acápite", la citó el medio oficial.
Según Vázquez Cuñat, en 2025 han surgido más de 6.000 violaciones nuevas y quedan pendientes 132. S realizaron 6.242 inspecciones y más de 1.300 reinspecciones. Fueron aplicadas más de 11.000 multas, de las que más de 800 fueron reiteradas y 105 fueron impuestas a personas jurídicas.
"Entre estas últimas, el 93% de las ilegalidades corresponde a la ocupación ilegal de terrenos, el 4% a áreas comunes de edificios multifamiliares y el resto a la ocupación de locales", citó Granma a la funcionaria.
La nota de Granma no deja claro si las personas jurídicas ocuparon ilegalmente terrenos, áreas comunes de edificios multifamiliares o locales.
A lo anterior, la vicepresidenta del INOTU añadió que han sido visitados más de 13.000 quioscos y se detectó una cifra de infracciones que supera las 10.000. Entre estas, mencionó las vinculadas con los deficientes servicios de electricidad y agua, que no han hecho sino empeorar en 2025 y para los que las autoridades no parecen tener solución a corto ni mediano plazo. También se descubrieron violaciones relacionadas con la falta de documentos.
A continuación, Granma señaló que "inciden organismos como los ministerios de Agricultura, Industrias, Transporte, Construcción, Turismo, Industria Alimentaria, Educación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Grupo Azucarero y el Grupo de Administración Empresarial, enumeró", citando a Vázquez Cuñat.
No queda clara la relación entre las infracciones observadas en los quioscos y los mencionados organismos, o si las violaciones se detectaron en espacios que están bajo la responsabilidad de estos últimos.
La funcionaria también actualizó el "universo de barrios y focos" y dijo que hay "961 y con 513 de carácter informal". De estos, 379 tienen carácter precario. "El 34% de esos ciudadanos provienen de otras provincias", citó el medio oficial a Vázquez Cuñat, lo que parece indicar que los datos sobre "barrios y focos" corresponden a La Habana.
Sobre las viviendas consideradas ilegales, la vicepresidenta del INOTU precisó que "más de la mitad usa electricidad, la décima parte posee teléfono fijo y más del 60% cuenta con libreta de abastecimiento".
No aclaró si esos moradores reciben los servicios de electricidad y teléfono fijo de manera ilegal o de manera legal. La segunda variante vendría a demostrar una aceptación por parte de las autoridades de esas viviendas calificadas de ilegales, debido a su propia incapacidad para solucionar el profundo déficit habitacional en Cuba.
Vázquez Cuñat informó que, al cierre de mayo, estaban emitidas todas las solicitudes de habitables de las 2.382 casas terminadas, que constituyen solo el 22% de las 10.795 planificadas, según datos presentados esta semana ante la ANPP.
El plan de 2025 —que de cumplirse no cubriría ni el 5% de un déficit que en Cuba asciende a 805.583 moradas—es incluso inferior al de 2024, cuando debieron fabricarse 13.492 casas y solo se terminaron 7.427.
Por otra parte, el hecho de que ni el 70% de las viviendas ilegales cuente con la posibilidad de comprar los escasos y racionados productos que el Estado les vende a los cubanos mediante la libreta de racionamiento evidencia el poco avance en ese sentido desde 2021.
La entrega de ese documento a residentes en ese tipo de viviendas fue una de las medidas anunciadas por el régimen para paliar el descontento popular que provocó las históricas protestas antigubernamentales que estallaron el 11 de julio de ese año en al menos 50 ciudades y localidades de Cuba.
La vicepresidenta del INOTU añadió que solo el 17% de los moradores de las viviendas ilegales trabaja para el Estado cubano —que paga salarios de miseria— y consideró que ello, unido a los datos previos sobre ese tipo de inmuebles, "incide de forma negativa en la imagen urbanística".
Agregó, como otras afectaciones para la imagen urbanística, "la falta de fuerza de trabajo calificada; insuficientes medios informáticos y de transporte, entre otros; así como la desactualización de los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, unido a la falta de control en el empleo de los montos definidos desde la contribución territorial a las acciones e inversiones de los planes de Ordenamiento Territorial y Urbano".
Nadie quiere chivatear pa que no lo arrastren cuando llegue el momento soñado.
Segun este tipejo la solucion al problema de la basura pasa por chivatear.......
En Cuba todo está al garete, por lo que las violaciones a la arquitectura y urbanismo, no deben extrañar a nadie. El barrio donde me crié y viví toda mi vida en Cuba, el reparto Casino Deportivo en el municipio Cerro, fue desde sus inicios un barrio de cierto caché de clase media y hasta algunos adinerados, la línea de fachada establecida era de 5 metros entre jardín y portal desde la acera. Las fotos recientes que he visto, pues hace más de 20 años, que lo vi en mi única visita, después que me fui ( hace 32 años), no logro identificar una cuadra de un reparto que conocía de memoria, son muchas las casas que han invadido esta línea con los materiales más diversos, según las posibilidades de cada cual, desde cercas de 6 pies de altura ( también prohibidas) hasta la lujosa casa del reguetonero Yomil Hidalgo, creo que en la calle Blanquita, que la extendió hasta la acera. Me pregunto qué están haciendo las oficinas de arquitectura y urbanismo municipales, si es que aún existen.
Quien puede pagar, paga y quien no puede pagar, mientras no moleste demasiado o sea "políticamente correcto", dada la eficiencia gubernativa, será "respetado".