El régimen cubano abre una tienda en dólares para la venta mayorista que prohibirá a las MIPYMES

El régimen de Cuba abrió una nueva tienda en dólares, pero destinada a la venta mayorista para las formas de gestión no estatal, en la misma semana que volvió a aplazar la medida con la que prohibirá a las MIPYMES realizar ese tipo de venta.

La tienda está ubicada en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) —un enclave económico en el que La Habana depositó grandes esperanzas para el pretendido desarrollo del país, pero ha sido un rotundo fracaso— y su apertura tuvo lugar el 6 de mayo, bajo el nombre Mayorista Caribe "Mariel", informó la Cadena de Tiendas Caribe en su página de Facebook.

El megaproyecto de la ZEDM cumplió diez años en 2023 y, al menos hasta julio de 2022, solo había 62 negocios aprobados, de los que solo funcionaban 36. La economista y columnista de DIARIO DE CUBA Rafaela Cruz señaló en un análisis sobre el rendimiento del megaproyecto del régimen hasta ese momento, que de los 22.000 millones en inversión —2.500 millones anuales— que se suponía que la ZEDM atraería, a esas alturas solo había 3.000 millones de dólares "comprometidos", y los concretados apenas superaban un tercio de esa ínfima cantidad. Cada año se había invertido 25 veces menos de lo esperado cuando se promovió la inauguración de la zona.

"La Mayorista Caribe 'Mariel' nace con el propósito de brindar soluciones eficientes y accesibles a empresas, emprendedores y otras formas de gestión no estatal, facilitando el acceso a insumos y materiales esenciales para su desarrollo", explicó la cadena en su página el 6 de mayo.

Los métodos de pago admitidos son las tarjetas nacionales e internacionales en dólares, pese a que las MIPYMES venden en moneda nacional y las autoridades no les venden la moneda estadounidense a los negocios del sector no estatal, que tienen que acopiarlas en el mercado informal.

La apertura de esta tienda en dólares podría disparar aún más el precio de la moneda de Estados Unidos en el mercado informal de Cuba, donde se cotiza en estos momentos a 370 CUP.

Con este nuevo negocio, el régimen ocupa el lugar que dejarán las MIPYMES que realizan venta mayorista, cuando se concrete la aplicación de la Resolución 56 de 2024, que les prohíbe vender al por mayor.

Este 7 de mayo, Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) de Cuba, pospuso una vez más la aplicación de esa resolución, que fue repudiada por numerosos expertos debido al impacto que tendría en la ya grave situación de desabastecimiento que sufren los cubanos, aparejado a la incapacidad de las autoridades para garantizar la oferta de productos básicos, sobre todo alimentos, a precios asequibles.

"Hasta hoy 7 de mayo se extendía el periodo para que las comercializadoras mayoristas actualizaran su objeto social, para realizar la liquidación de los inventarios", dijo, citada por Cubadebate.

"Se exceptúa de lo anterior la actividad de comercio mayorista de bienes nacionales o importados que realizan los trabajadores por cuenta propia. Al cumplir con el plazo establecido en la referida disposición normativa, culminan la liquidación de inventarios y de mercancías en tránsito y en plaza, destinadas al comercio mayorista o a la venta al por mayor", aclaró.

La decisión fue ratificada mediante la Resolución 18 del MINCIN, publicada el miércoles 7 de mayo en la Gaceta Oficial número 43 ordinaria.

Según ese documento "el plazo previsto en el apartado Cuarto de la Resolución 56 de la ministra del Comercio Interior, de 15 de octubre de 2024, para la actualización de las licencias comerciales emitidas a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas y a las cooperativas no agropecuarias que tienen aprobado en su objeto social la comercialización mayorista como actividad principal, se extiende hasta tanto culmine la evaluación económica y social de su desempeño en el ámbito territorial o nacional, alineado con las políticas del país".

La Resolución no ofrece una fecha para concluir esa evaluación.

A inicios de abril último, el MINCIN había pospuesto la aplicación de la medida, que el oficialismo había calificado como "un suicidio político" para el régimen cubano, hasta el 30 de septiembre. En esta ocasión no se ofreció fecha concreta para su cumplimiento.