Rigor para amparar la democracia

Octubre de 2019 pasará a la historia como un mes de disturbios populares: en España, en Ecuador, en Chile… Se trata de una suerte de puesta en escena que se repite: protestas, al principio pacíficas, que no tardan en tornarse violentas, que desatan actos indiscriminados de destrucción, saqueos y agresiones a la propiedad y a otros individuos y, especialmente, contra los agentes de la fuerza pública.

Los motivos difieren. En Barcelona la protesta es provocada por las sentencias del Supremo a los secesionistas; en Quito, por la supresión de un subsidio que el Gobierno finalmente se vio obligado a anular; en Santiago, por la subida de los precios del transporte urbano. Los actores en todos los escenarios se parecen: jóvenes descontentos, que se definen como enemigos del sistema, izquierdistas, "progres", y lo prueban con vociferaciones y agresiones.

El resto de la ciudadanía, el "burgués" (en su sentido original de habitante de la ciudad, del burgo) contempla empavorecido e impotente el secuestro de su espacio y de sus derechos por una multitud de facinerosos que coreando consignas se erige, sin que medie consenso, en representante de la sociedad, mientras la Policía hace, débilmente, lo que puede.

La manifestación pública es uno de los instrumentos de la democracia y de la libre expresión del pensamiento, nos dicen, aunque yo no estoy tan seguro. Si existe el instrumento electoral en que todos los ciudadanos pueden expresar sus preferencias libremente y sin intimidación, no se justifica que salgan a la calle grupos dispuestos a alterar el orden para hacerse oír y, de ser posible, desestabilizar la situación política y social, el status quo.

¿Con qué derecho estas minorías —pues siempre lo son, por numerosas y estruendosas que puedan parecer— intentan imponer desde plazas y calles lo que no pueden lograr en las urnas?

En verdad, derecho no tienen, de ahí que su asalto a la sociedad establecida sea, en principio, ilícito y criminal, independientemente de que les asista alguna razón cuando reclaman la rebaja de una tarifa o la reposición de un subsidio. La "desobediencia civil", concepto acuñado por Thoreau en el siglo XIX, solo es realmente válida, en mi opinión, cuando se ejerce contra una tiranía. La democracia nos brinda medios de expresión y de presión alternativos. En la mayoría de los casos, las manifestaciones tienen por objeto desmesurar la importancia de los que marchan y ejercer una influencia muy por encima de su poder real. La opinión mayoritaria siempre estará en su casa a la espera de expresarse en la consulta popular y no dando gritos ni cometiendo desmanes en las calles.

En consecuencia, los gobiernos democráticos, salidos de elecciones libres, honestas y transparentes, tienen la obligación de reprimir estas protestas  que derivan naturalmente en agresiones a la propiedad, tanto pública como privada, y a la integridad de las personas. No es lo mismo la protesta, política y social, en un país como Venezuela, que de democracia solo conserva unas harapientas convenciones y donde los actos de calles podrían y deberían ser conducentes a la remoción de los usurpadores del poder, que en países como España, donde los instrumentos de la democracia funcionan y el ciudadano cuenta con las avenidas pertinentes para expresar su inconformidad.

Es inconcebible que un agente de la Policía en un país donde impera la ley y el derecho deba sufrir impávido las agresiones de manifestantes enardecidos, que lanzan cócteles Molotov o piedras (que pueden ser mortales, no olvidemos que de una pedrada David mató a Goliat) sin poder responder como lo haría si un solo individuo se atreviera a amenazar su vida con una botella de gasolina ardiente o un ladrillo. En el último caso lo más seguro es que el agresor no saldría vivo.

Los agentes del orden deben contar con mayor discreción para defenderse y mayor respaldo social para reprimir a los revoltosos, que tendrían que pagar sus desafueros con severas sanciones. La sociedad organizada no puede consentir estos actos subversivos que, de no contenerse a tiempo, acarrearían sin duda males mucho mayores e incluso el derrocamiento de las instituciones. En el ámbito de la democracia, la defensa de la convivencia civilizada precisa de rigor.