Este 9 de noviembre Daniel Ortega reapareció en público en Managua y la televisión oficial evitó los primeros planos. Tras 68 días de ausencia de actos públicos o transmisiones de televisión, el más prolongado mutis desde su retorno al poder en 2007, Ortega estuvo brevemente en un homenaje a Carlos Fonseca en la vieja Plaza de la Revolución.
El otrora hombre fuerte e icono de la revolución sandinista de 1979 cumplió 81 años dos días después. Su breve reaparición, una suerte de fe de vida en la lógica del poder en Managua, resultó contraproducente. Ortega caminó con extrema lentitud, de la mano de Rosario Murillo, con tez pálida y aspecto desorientado; se acercó un ramo de flores a la boca como si fuera un micrófono y apenas pronunció unas frases.
Reportes coincidentes de El País y el portal Divergentes hablan de recaídas de salud (incluida una hospitalización a finales de octubre en el Hospital Carlos Roberto Huembes), visitas médicas frecuentes y un salón VIP para sus padecimientos. Oficialmente no hay partes médicos; circulan versiones no confirmadas de lupus y problemas renales. La imagen de este Daniel Ortega del 9 de noviembre fue suficiente para reactivar el debate sobre la sucesión en un país que, este mismo mes, debía haber votado y no lo hizo.
Nicaragua atraviesa una deriva autoritaria que ha pasado de manipular elecciones ilegítimas a eliminarlas. En julio, Ortega anunció que no habría más comicios. En septiembre, la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó reformas para posponer indefinidamente las elecciones y consolidar un gobierno familiar permanente, excluyendo a la oposición. El 8 de noviembre, cuando debían ocurrir las elecciones, pasó sin urnas ni candidatos.
Félix Maradiaga y María Fernanda Bozmoski, en un análisis reciente del think tank Atlantic Council, describen este momento como el fin del "business as usual" en la relación económica con Washington: Nicaragua ha institucionalizado el dominio familiar bajo la mirada de Estados Unidos. Por su parte, Human Rights Watch en su Informe Mundial 2026, documenta cómo una reforma constitucional de enero elevó a Murillo a "copresidenta" y subordinó el Poder Judicial y el Poder Legislativo al Ejecutivo, mientras las autoridades continúan con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, privación de nacionalidad (al menos 452 casos) y cierre de más de 5.500 organizaciones, cerca del 80% de las ONG que existían en 2018.
Asimismo, como reseñara DIARIO DE CUBA, expertos de la ONU han señalado "motivos razonables" para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, con el objetivo explícito de un dominio dinástico permanente.
Observadores señalan a Rosario Murillo (75 años) o a su hijo Laureano Ortega Murillo (43) como las figuras más visibles en la sucesión. Reformas recientes eliminaron la Vicepresidencia y crearon "designados presidenciales" nombrados por los copresidentes, sin jerarquía fija ni control electoral. Se trata de figuras diseñadas para facilitar un traspaso familiar antes de que el caudillo abandone la escena.
El politólogo nicaragüense Manuel Orozco, en su análisis publicado en el portal Confidencial, desmenuza el poder de Murillo con una metáfora santera: solo posee cuatro de las "siete potencias". La primera es la familia. Tras la derrota de 1990, Daniel Ortega reorganizó el partido y las redes clientelares mientras Rosario Murillo ejercía autoridad doméstica. Los hijos —Juan Carlos, Daniel, Laureano, Maurice, Camila— orbitan alrededor de ella y se benefician de privilegios.
La segunda fortaleza es un círculo de poder reducido y purgado. Murillo ha desplazado a los aliados de Ortega y los ha reemplazado por operadores de su confianza. La tercera es el Estado policial. Consciente de su impopularidad, Murillo lo usa como eje de dominio por miedo. Controlado junto a su consuegro Francisco Díaz, con unos 20.000 efectivos (la mitad en Managua) y un presupuesto per cápita muy superior al de educación y salud, la Policía ejecuta el orden cotidiano.
La cuarta "potencia" en este análisis del experto, quien forma parte del equipo del think tank Diálogo Interamericano en Washington, es Fidel Moreno, asesor de confianza con más de 30 años de vínculo, multimillonario en construcciones, publicidad y entretenimiento. Orozco lo ve como posible sucesor real por encima de Laureano Ortega, aunque condicionado a compartir poder.
Para Orozco la gran debilidad de Rosario Murillo es ella misma. La esposa de Ortega —y su pareja en el ejercicio del poder— carece de popularidad o conexión con la población e internacionalmente es una figura crecientemente aislada. A juicio de este analista, Murillo se sostiene por purgas y miedo. Sin la sombra de Ortega, esa verticalidad tenderá a diluirse.
Esta fragilidad interna coincide con un contexto de aislamiento externo. El Grupo de Seguimiento Ministerial de la OEA, activado en octubre de 2026 con participación de Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, Brasil y Canadá, ha pedido la liberación de presos políticos, la restauración de nacionalidades y condiciones para elecciones.
Entretanto, en su texto publicado desde Washington, Maradiaga y Bozmoski argumentan que la "elección que nunca ocurrió" de este mes de noviembre debe marcar un cambio de estrategia. Estados Unidos es el mayor mercado de exportación de Nicaragua; su apalancamiento económico debe convertirse en político. Proponen revisar preferencias arancelarias de forma selectiva (apuntando a sectores vinculados al régimen sin desbaratar cadenas de suministro de trabajadores), usar la Orden Ejecutiva 14.088 para restringir importaciones e inversiones.
Se trata, para estos analistas, de que Washington ejerza su poder selectivamente para construir una hoja de ruta que vincule mayor represión a mayores costos, mientras que si hay concesiones democráticas (liberación de presos, restauración de ciudadanía y espacios cívicos, calendario electoral creíble, observación internacional) la respuesta será alivio en la presión.
También recomiendan formalizar el diálogo con la oposición democrática —dentro y en el exilio— como interlocutores legítimos, sin reconocer gobiernos en el exilio ni privilegiar facciones, y coordinar a través del grupo de la OEA. El objetivo no es recompensar concesiones cosméticas, sino forzar un cambio democrático.
La incertidumbre que rodea a Nicaragua es, por tanto, doble. Por un lado, la salud frágil de Daniel Ortega acelera los cálculos de sucesión en un sistema altamente personalizado donde él ha sido el árbitro central. Por otro, el poder de Rosario Murillo, aunque aparentemente consolidado, descansa en pilares transaccionales y represivos que carecen de profundidad popular o institucional.
La dinastía familiar que se intenta institucionalizar puede generar fracturas internas entre círculos de poder, mandos policiales y sectores históricos del sandinismo que no reconocen en Murillo el mismo ascendiente que en Ortega.
A esto se suma que externamente, la eliminación de las elecciones elimina cualquier pretexto de legitimidad electoral y abre espacio para una presión económica y diplomática más calibrada.
Para analistas la clave no está en Managua sino en Washington. La diferencia estaría en si Estados Unidos y sus socios regionales convierten el apalancamiento comercial en incentivos reales para una apertura, en lugar de acomodarse a la continuidad autoritaria cuando ya Daniel Ortega no esté.