La aprobación de una nueva reforma constitucional en Nicaragua, que excluye a la oposición de las elecciones, no parece ser una decisión improvisada. Al contrario, se vislumbra como una estrategia que no solo busca eliminar el espacio cívico del todo y el campo opositor, a lo interno, sino que de cara al exterior planta un serio desafío a la comunidad democrática internacional.
La decisión aprobada a mano alzada en una Asamblea Nacional controlada por el sandinismo, va en la dirección trazada por Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo. El pasado 19 de julio, cuando se cumplían 47 años de la Revolución Sandinista, Ortega sostenía que no habría más elecciones en Nicaragua. Tras semanas de advertencias y reuniones en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), la decisión traducida en una reforma constitucional es mantener las elecciones, pero sin participación de la oposición democrática.
La sesión en la que se aprobó esta suerte de afrenta para EEUU y la OEA tuvo lugar el 1 de septiembre en la ciudad de León, frente a la catedral donde reposan los restos del poeta Rubén Darío. La reforma consolida el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, elimina de hecho las elecciones competitivas y convierte en norma constitucional la exclusión de la oposición. El texto, aprobado por unanimidad a mano alzada en primera legislatura, deberá ser ratificado en enero de 2027.
Analistas advierten que no se está ante un ajuste técnico o un tema menor. Es el segundo rediseño de la Carta Magna en dos años y el paso más explícito hacia un régimen que ya no necesita siquiera la fachada de unas urnas disputadas.
La enmienda modifica una docena de artículos. El más político es el Artículo 47: no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ocupar funciones públicas quienes el régimen considere "traidores a la patria", "golpistas", vinculados a intentos de golpe, financiamiento extranjero, sanciones internacionales, pedidos de intervención militar o actos contra la soberanía.
Esa etiqueta ya se ha aplicado a más de 450 opositores desnacionalizados, entre ellos los laureados escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Ahora queda anclada en la Constitución.
El Consejo Supremo Electoral gana facultades para cancelar partidos y sancionar candidatos o dirigentes. Asimismo, se establece que las leyes extranjeras no tendrán efecto jurídico en Nicaragua, en la línea promovido por el régimen que ha apostado al aislamiento como método de sobrevivencia.
El politólogo Daniel Zovatto, ex director regional para América Latina de Idea Internacional, un think tank nórdico dedicado a la promoción de la democracia, lo formuló con claridad: no se trata de una reforma electoral, sino de un mecanismo de perpetuación. El régimen conserva la apariencia formal de unas elecciones, pero se reserva el derecho de decidir quién puede competir: "Sin oposición auténtica, libertades públicas, garantías electorales ni Estado de derecho, no hay democracia posible". Y añadió una analogía que circuló con fuerza: Nicaragua se parece cada vez más a "una suerte de Corea del Norte en pleno corazón de Centroamérica".
En 2025 una reforma anterior creó la copresidencia de Ortega y Murillo, extendió el mandato de cinco a seis años y concentró atribuciones en la pareja gobernante.
El pasado 19 de julio Ortega fue más lejos. Dijo que no volvería a haber elecciones para que "los partidos puestos por los yanquis" no atraparan el poder. Anunció un "muro" de leyes contra "golpistas" y "vendepatrias". La frase provocó una oleada de condenas. El secretario de Estado Marco Rubio advirtió que Washington no se quedaría de brazos cruzados y lo reiteró este 2 de septiembre, un día después de la votación parlamentaria.
El Consejo Permanente de la OEA convocó una reunión de consulta de cancilleres, prevista para el 17 de septiembre. Brasil votó en contra y México se abstuvo.
Una lectura plausible es que Ortega y Murillo calculan que las advertencias internacionales siguen siendo, en gran medida, declarativas. Desde 2018 la OEA ha aprobado resoluciones, informes y llamados al diálogo. Ha habido sanciones individuales, restricciones de visado y presión diplomática. Nicaragua se retiró de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2022-2023, de modo que el organismo no puede imponerle fácilmente medidas vinculantes internas.
Para observadores, la reforma también busca blindarse frente al Derecho internacional. Al afirmar que las normas extranjeras no surtirán efecto en territorio nicaragüense, el régimen anticipa sanciones, fallos de la Corte Interamericana o condiciones de organismos financieros. Es un gesto de soberanía que, en la práctica, aísla aún más al país y encarece cualquier eventual negociación.
Mientras tanto, la oposición está en el exilio, en prisión o silenciada. Los partidos políticos cancelados y los medios de prensa clausurados, a lo que se suma una Iglesia Católica hostigada y la sociedad civil desmantelada. Zovatto y otros analistas coinciden en que un proceso en el que el gobernante decide quién puede presentarse no es una elección: es una ceremonia de ratificación.
La ministerial de cancilleres de la OEA no expulsará a Nicaragua —ya no es miembro activo— ni enviará una fuerza de intervención. Puede, en cambio, por presiones que viene haciendo EEUU, coordinar medidas nacionales: restricciones comerciales, límites a organismos financieros, aislamiento diplomático más estricto, apoyo a exiliados y un diagnóstico colectivo de ruptura democrática.
EEUU quiere usar esa cita de cancilleres dedicada a la deriva nicaragüense para que "el hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre". Costa Rica y otros gobiernos han hablado de una respuesta firme. Brasil y México han mostrado reservas. Esa división es, precisamente, lo que Managua parece estar desafiando al seguir adelante con su reforma constitucional, pese a las advertencias que se vienen acumulando.
Si la reunión de cancilleres produce solo otra declaración, el mensaje que recibirá Managua será claro. Si produce un cambio de trato económico y diplomático, la reforma constitucional habrá servido, al menos, para forzar una definición en el hemisferio.
Managua no parece estar improvisando. Parece estar midiendo si las recientes advertencias tienen un peso específico efectivo sobre el país centroamericano. La comunidad internacional dijo que no se podía normalizar una dictadura que anuncia el fin de las elecciones y la respuesta del régimen fue aprobar constitucionalmente la desaparición de la oposición en las elecciones.
