El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas presentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que documenta, con un nivel de detalle inédito, cómo el Gobierno que encabezan los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido la desaparición forzada y la muerte bajo custodia en instrumentos deliberados de control político.
El informe "Anatomía de la crueldad estatal" fue presentado en Ginebra y da un paso más allá de presentar las violaciones de los derechos humanos. Los expertos sostienen que estas prácticas forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil iniciado en abril de 2018 y que deben ser investigados enmarcados como crímenes de lesa humanidad.
El trío de expertos encabezados por Jan-Michael Simon, junto a Ariela Peralta Distéfano y Reed Brody, verificó 161 casos de desaparición forzada desde 2018. Al 31 de agosto de 2026, al menos 29 personas seguían en paradero desconocido. Además, responsabiliza al Estado nicaragüense de la muerte de ocho personas detenidas por motivos políticos: Eddy Antonio Montes Praslin, Santos Sebastián Flores Castillo, Jorge Hugo Torres Jiménez, José Modesto Solís Aguilar, Humberto Ortega Saavedra (hermano del copresidente), Mauricio Francisco Alonso Petri, Carlos Alberto Cárdenas Zepeda y Brooklyn Rivera Bryan.
Estas muertes, dicen los expertos con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no son tragedias aisladas, sino "el resultado previsible de una serie de actos sistemáticos, deliberados y coordinados" ejecutados por la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial.
Según estiman analistas, una arista importante de este trabajo de investigación y documentación es que podría ser la base para elevar la represión que viene ocurriendo en Nicaragua a una instancia de justicia en otros países, dado que Nicaragua no es parte de la Corte Penal Internacional (CPI). Un valor del informe reside en conectar los distintos momentos represivos, pues la represión nicaragüense no comenzó ayer.
En abril de 2018, las protestas masivas contra reformas a la seguridad social fueron sofocadas con violencia desproporcionada. Más de 300 personas murieron. Desde entonces, el Estado ha perfeccionado un método: detener sin orden judicial, negar la detención, incomunicar, negar atención médica y, según decisiones del poder, dejar que el detenido muera o permanezca desaparecido durante meses o años.
Lo que en 2018-2020 fueron desapariciones de corta duración destinadas a castigar e intimidar, evolucionó a partir de 2023 hacia una práctica estratégica de desapariciones prolongadas. Las víctimas ya no son solo jóvenes manifestantes. Incluyen líderes indígenas, religiosos, antiguos sandinistas disidentes, exfuncionarios y familiares de exiliados. El objetivo, según el informe, es eliminar cualquier espacio desde el que pueda surgir crítica, protesta o resistencia.
El caso de Brooklyn Rivera Bryan ilustra la anatomía completa de esta crueldad. El líder miskito de 73 años, fundador del partido Yatama y exlegislador, fue detenido arbitrariamente el 29 de septiembre de 2023. Permaneció casi tres años privado de libertad, con dos largos periodos de desaparición forzada, a pesar de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y medidas provisionales de la Corte Interamericana.
El 31 de mayo de 2026 las autoridades anunciaron su muerte. Cinco comunicados oficiales sobre su deterioro de salud y deceso resultan mutuamente inconsistentes y médicamente incoherentes, según una revisión independiente de Physicians for Human Rights. No hubo autopsia independiente. El cuerpo fue enterrado con prisa, antes de que la familia pudiera despedirse conforme a la tradición miskita. Seis familiares y dos allegados de Rivera también desaparecieron después. "El Gobierno de Nicaragua le quitó a Rivera su libertad, luego su salud y por último la vida", declaró Reed Brody.
Otras muertes documentadas siguen el mismo patrón: condiciones insalubres, denegación sistemática de atención médica, en algunos casos tortura o malos tratos, y ausencia total de investigación independiente. La presunción de responsabilidad estatal que recae sobre toda muerte bajo custodia.
El Grupo no formula acusaciones penales individuales en sentido estricto, ya que esto correspondería a un tribunal penal internacional o un juez nacional que aplique el principio de universalidad en los casos de derechos humanos. Los expertos sí aplican el estándar de "motivos razonables para creer", el mismo que han usado comisiones de investigación en otros contextos de atrocidades masivas.
Concluye que las prácticas documentadas equivalen, según lo documentado, a los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento, tortura y otros actos inhumanos (la desaparición forzada), y persecución por motivos políticos, cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
En el Derecho internacional, un crimen de lesa humanidad requiere un ataque generalizado o sistemático dirigido contra civiles, con conocimiento de ese ataque. El GHREN sostiene que ambos elementos están presentes en la Nicaragua de Ortega y Murillo desde 2018 y, lo más grave, continúan vigentes en la actualidad.
La responsabilidad no se diluye en instituciones anónimas. Informes anteriores del mismo Grupo ya habían identificado a Ortega y Murillo, junto con altos funcionarios y miembros del FSLN, como presuntamente responsables a título individual. El documento de este martes refuerza esa conclusión al mapear las cadenas de mando que conectan las celdas de La Modelo y El Chipote, donde se han registrado los casos, con la Presidencia de Managua.
Los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo ejercen control centralizado sobre las instituciones policiales, carcelarias y cuerpos represivos.
Tras casi cuatro años de mandato, los expertos son explícitos: el desafío ya no es comprender la situación, sino responder a ella. "El Grupo ha puesto nombres, estructuras y pruebas sobre la mesa. Los gobiernos y fiscales de todo el mundo tienen lo que necesitan para actuar, allí donde se pueda perseguir la rendición de cuentas", afirmó Ariela Peralta.
El alcohólico excomandante Ortega y la bruja Murillo han superado a Somoza con creces....