En menos de una semana, Paraguay pasó de tener un banco en dificultades a tener un nuevo presidente. La intervención de Ueno Bank dejó a millones de clientes sin acceso normal a sus cuentas, puso en riesgo cientos de millones de dólares de organismos públicos y fondos previsionales y desató protestas en las calles. El 5 de noviembre, Santiago Peña presentó su renuncia. El Congreso decidió continuar el juicio político y al día siguiente el Senado lo destituyó. Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió constitucionalmente el poder, mientras Peña quedó bajo arresto domiciliario y comenzó a ser investigado por presunta "lesión de confianza y administración en provecho propio".
La velocidad de los acontecimientos podría interpretarse como una demostración de fortaleza republicana. Un presidente acusado de utilizar su influencia para beneficiar a una entidad financiera vinculada con su entorno perdió el respaldo de su partido, fue apartado por el Congreso y quedó a disposición de la Justicia. La sucesión se produjo sin intervención militar, sin ruptura constitucional y sin que Peña intentara desconocer la decisión. En una región donde tantos gobernantes procuran someter a los congresos, controlar a los fiscales o modificar las reglas para conservar el poder, no es un mérito menor.
Pero también existe otra interpretación. La caída de Peña puede haber sido el precio que el Partido Colorado estuvo dispuesto a pagar para evitar que el escándalo pusiera en peligro un sistema de poder construido durante décadas. La pregunta no es solamente si Paraguay consiguió destituir a un presidente, sino si está dispuesto a investigar la estructura política, empresarial y regulatoria que hizo posible la crisis.
Según las acusaciones presentadas en el juicio político, Peña habría utilizado su influencia para favorecer la colocación de esos recursos en el banco, del que había sido accionista indirecto. También se cuestiona que designara al frente del Banco Central a un antiguo ejecutivo de Ueno, precisamente la institución encargada de supervisar la entidad. Peña se desprendió de su participación empresarial, pero lo hizo después de asumir la Presidencia y ante los crecientes cuestionamientos sobre el posible conflicto de intereses.
La corrupción contemporánea no siempre consiste en un funcionario que recibe un maletín lleno de billetes. Puede operar mediante decisiones administrativas aparentemente legales, nombramientos convenientes, créditos concedidos a empresas vinculadas, advertencias técnicas ignoradas y fondos públicos concentrados en instituciones favorecidas por el poder. En esos casos, cada paso puede parecer justificable por separado. El problema aparece cuando se observa el conjunto y se descubre que quienes debían controlar formaban parte de la misma red de relaciones políticas y empresariales.
Horacio Cartes, expresidente y actual jefe del Partido Colorado, reclamó públicamente que no hubiera impunidad. Para entonces, Peña ya había perdido el apoyo de la organización que lo llevó al poder. El gesto puede interpretarse como una defensa de la legalidad, pero también como un ejercicio de supervivencia. Cuando la indignación social comenzó a amenazar no solamente al presidente sino al propio coloradismo, el partido decidió apartarlo.
La llegada de Pedro Alliana tampoco representa una ruptura con esa estructura. El nuevo presidente dirigió durante siete años el Partido Colorado y desarrolló su carrera política junto a Cartes. Su asunción garantiza la continuidad constitucional, pero también la continuidad partidaria. Cambió el jefe del Ejecutivo, aunque el poder permaneció en manos de la misma organización que ha gobernado Paraguay durante la mayor parte de las últimas ocho décadas.
Por eso, el verdadero examen institucional comienza después de la destitución. Habrá que ver si la investigación alcanza únicamente a Peña y a algunos ejecutivos bancarios o si también determina quiénes ordenaron colocar los fondos públicos, qué funcionarios ignoraron las advertencias, qué empresarios se beneficiaron y qué responsabilidad tuvo el Banco Central. También habrá que saber si los ahorristas y jubilados recuperarán su dinero y si el nuevo Gobierno reformará los mecanismos de supervisión que permitieron semejante concentración de recursos.
El dilema no es exclusivamente paraguayo. Los sistemas políticos latinoamericanos suelen concentrar tanto poder y atención en la figura presidencial que también pueden convertir al presidente en el responsable visible de una crisis mucho más amplia. Su caída produce una sensación inmediata de renovación: las instituciones parecen reaccionar, el partido gobernante toma distancia y la Justicia encuentra un acusado reconocible. Sin embargo, las redes empresariales, burocráticas y partidarias que hicieron posible el escándalo pueden permanecer intactas.
Guatemala ofrece uno de los ejemplos más claros. En 2015, las investigaciones de la Fiscalía y de la Comisión Internacional contra la Impunidad provocaron la renuncia y el procesamiento del presidente Otto Pérez Molina. Su caída fue celebrada como una demostración de que nadie estaba por encima de la ley. Pero cuando la Comisión continuó avanzando sobre otras redes políticas y económicas, buena parte de las élites que habían tolerado la investigación contra Pérez Molina se unieron para expulsarla del país. El sistema estuvo dispuesto a entregar a un presidente, pero no a aceptar un mecanismo capaz de investigarlo de manera permanente.
Esa experiencia obliga a distinguir entre la responsabilidad individual y la reforma institucional. Un presidente puede haber cometido delitos y merecer su destitución, pero su salida también puede servir para cerrar el escándalo antes de que alcance a quienes financiaron, facilitaron o encubrieron las irregularidades. La verdadera fortaleza de una democracia no se mide solamente por su capacidad para derribar al gobernante, sino por su disposición a seguir investigando cuando ya desaparecieron las cámaras y la indignación pública comenzó a disminuir.
La lección es que castigar a un presidente puede ser necesario, pero no es suficiente. Las instituciones no demuestran su fortaleza únicamente cuando derriban a un gobernante. También deben ser capaces de prevenir la captura de los reguladores, proteger a quienes advierten sobre irregularidades y evitar que el ahorro de los ciudadanos se convierta en una fuente de financiación para empresarios cercanos al poder.
En América Latina se presta enorme atención a quién gana la Presidencia, pero bastante menos a quién controla el banco central, las superintendencias financieras, las cajas de jubilaciones, los bancos públicos y los organismos encargados de contratar y distribuir recursos. Sin esos contrapesos, una elección competitiva puede cambiar al ocupante del palacio presidencial sin modificar las relaciones que verdaderamente condicionan al Estado.
Paraguay ha demostrado que puede apartar constitucionalmente a un presidente. Ahora deberá demostrar que también puede investigar al sistema que lo sostuvo. La diferencia entre una democracia que funciona y un partido que se protege no estará en la caída de Peña, sino en lo que suceda después.
Si las responsabilidades terminan en el expresidente, el Partido Colorado habrá sacrificado a uno de los suyos para conservar intacto su poder. Si caen también los privilegios, se recupera el dinero y se fortalecen los controles, Paraguay habrá convertido una crisis devastadora en una oportunidad institucional. Por ahora, cayó el presidente. Todavía no sabemos si caerá el sistema.
