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Política

Bajo arresto Santiago Peña, presidente de Paraguay, tras ser destituido por el Senado

El Senado lo declara culpable de 'mal desempeño de funciones' y califica como 'el desfalcador más grande de la historia' del país.

Asunción
Santiago Peña, expresidente de Paraguay.
Santiago Peña, expresidente de Paraguay. Reuters

La Policía de Paraguay arrestó al expresidente, Santiago Peña, por "lesión de confianza", minutos después de que el Senado lo destituyera del cargo y lo dejara sin fueros, en medio de la crisis política desatada en el país por el cierre de Ueno Bank.

La orden de arresto, dirigida al comandante de la Policía Nacional, pedía garantizar la detención domiciliaria de Peña "hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción" de Asunción, la capital. 

El documento también dicta la detención de Carlos Carvallo Spalding, que hasta el martes pasado dirigió el Banco Central de Paraguay (BCP), informó la agencia de noticias EFE.

Horas antes de la orden de detención, el Senado de Paraguay destituyó al mandatario, tras declararlo culpable de "mal desempeño de funciones". 

Con el voto a favor de los 44 senadores presentes, Peña, de 47 años, se convierte así en el segundo mandatario en la historia reciente de Paraguay desalojado del poder mediante un juicio político, tras el izquierdista Fernando Lugo (2008-2012). Su caída supone el desenlace de la grave crisis institucional desatada por la quiebra de Ueno Bank y los severos cuestionamientos sobre sus vínculos con el desvío de fondos públicos.

La magnitud del agujero financiero ha sido el detonante final. Los diputados que actuaron como acusadores en el juicio político cifraron en unos 1.200 millones de dólares la pérdida para "el pueblo paraguayo" tras el cierre de la entidad bancaria, llegando a pedir la culpabilidad del exmandatario, al que calificaron como "el desfalcador más grande de la historia" del país. 

Esta situación ha dejado con los ahorros congelados a miles de personas, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones, que inyectó millonarios recursos en el banco privado durante el mandato de Peña.

El dirigente no acudió al Legislativo para defenderse, pese a haber sido convocado personalmente, y delegó su representación en los letrados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes presentaron una defensa estrictamente "técnica" y "jurídica". 

Peña permanecía todavía en el cargo debido a que el Congreso no se había pronunciado por falta de cuórum sobre la dimisión que él mismo había presentado el jueves, en un intento desesperado de frenar su destitución.

Poco antes de la votación definitiva, Peña justificó su amago de renuncia asegurando que buscaba evitar más daño al país. 

"No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal", señaló en su perfil de X, en un mensaje en el que llamó a los paraguayos a unirse para reconstruir la institucionalidad, tras asegurar que enfrentaba "uno de los momentos más difíciles" de su vida.

La crisis política que sacude al país estalló después de que el Banco Central (BCP) ordenó un proceso de cierre de Ueno Bank, una institución que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

El BCP detectó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".

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