Lo que en su momento fue una gran novedad institucional en América Latina, el establecimiento de una comisión aupada por Naciones Unidas para luchar contra la impunidad, cesa en sus funciones en Guatemala en medio de dudas sobre lo que hará el nuevo gobierno con el conjunto de recomendaciones y decisiones tomadas en más de una década.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada el 12 de diciembre de 2006, producto de un acuerdo firmado entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Estado de Guatemala. En su momento este convenio, firmado por el Poder Ejecutivo, fue avalado por la Corte Constitucional y luego por el Congreso de ese país centroamericano.
En septiembre del año pasado, en un acto en el que apareció rodeado de militares, el presidente Jimmy Morales puso punto final al acuerdo para el funcionamiento de la CICIG. Según el jefe de Estado saliente, ya que el 14 de enero de 2020 asumirá como presidente Alejandro Giammattei, la CICIG terminó actuando "en contra del bien común del pueblo de Guatemala".
De forma tácita, el presidente electo respaldó la decisión de Morales, pues tanto en su campaña como ahora que ya fue electo ha insistido en que la corrupción y la impunidad deben combatirse con instancias nacionales, eludiendo mencionar explícitamente a la CICIG.
Morales, envuelto en diversos escándalos en su gestión, se había manifestado en favor de "prorrogar a la CICIG hasta 2021", según recuerda Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional. Sin embargo, la postura de Morales cambio de forma drástica luego de que "fue señalado en casos de corrupción y de financiación electoral ilícita".
Al hacer un balance de sus logros, la propia CICIG señaló que entre otras reformas logradas están la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Migración y la Ley de la Carrera Judicial.
Al referirse al sistema político de Guatemala, el portavoz de la CICIG, el uruguayo Matías Ponce, confirmó a DIARIO DE CUBA lo que la comisión recomendó a las instituciones del país centroamericano.
"El sistema electoral de Guatemala presenta una serie de distorsiones. Por un lado, existe una asimetría en el tamaño de los distritos electorales, que tiende a sobrerrepresentar a los partidos mayoritarios. El sistema desincentiva la democracia intrapartidaria por la elección a través de listados bloqueados y cerrados para la elección de diputados, así como las falencias en cuanto el reconocimiento del voto nulo", sostuvo Ponce.
El vocero de la CICIG dijo que el sistema político en Guatemala ha degenerado en un oligopolio político. Y se hizo eco de las necesarias reformas para este sistema.
Entretanto, la semana pasada, la CICIG presentó su informe final de labores de acompañamiento al Ministerio Público de Guatemala durante los últimos 12 años.
La CICIG entregó al Ministerio Público la base de información y de datos sobre las investigaciones en curso antes de que expire oficialmente su mandato el próximo 3 de septiembre.
Además, se consignaron —según la CICIG— 16 informes de análisis financieros, 32 informes de análisis criminal, 18 informes de análisis forense y 33 informes policiales, así como 17 informes del último trimestre distribuidos en informes policiales, financieros, de análisis criminal y forense.
"Con esta entrega de información, la CICIG cumple con etapas fundamentales del proceso de cierre, en el que se ha facilitado toda la información pertinente para que el Ministerio Público pueda continuar con las investigaciones de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como de redes político económico-ilícitas que han cooptado al Estado de Guatemala", agregó el comunicado de la comisión.
Ante el Tribunal Supremo Electoral, la CICIG analizó el sistema político electoral con el objetivo de "coadyuvar a la discusión" sobre la reforma que deberá llevarse a cabo al finalizar el proceso electoral de 2019 con la conformación de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral.
De visita en Guatemala, el director regional del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés), Daniel Zovatto, aseveró que es importante garantizar que la salida de la CICIG no venga acompañada de un debilitamiento, un retroceso y un desmantelamiento del avance en materia de lucha contra la corrupción e impunidad.
Zovatto agregó que es importante que a los jueces y fiscales del país se les den las garantías necesarias de protección para que puedan seguir haciendo su trabajo, lo cual es un aporte que dejó la CICIG con las capacitaciones que brindó constantemente.
Por su parte, en coincidencia con el cese de la CICIG, el presidente electo Giammattei ratificó que se creará una comisión nacional contra la corrupción.
"Esta comisión no solo va a atacar la corrupción, a perseguir a los corruptos, sino que de una vez va a perseguir la reforma a los procedimientos y a las leyes que tengan que hacer que no se repitan los actos de corrupción", aseveró Giammattei, quien adelantó que para estas tareas tendrá el apoyo de EEUU.