Las elecciones de medio término de Estados Unidos dejaron una situación que varios gobiernos latinoamericanos deberían observar con atención. Donald Trump continúa en la Casa Blanca, pero deberá transitar los dos últimos años de su mandato con un Congreso controlado por los demócratas. Seguirá teniendo amplias facultades en política exterior, aunque encontrará mayores controles para aprobar fondos, confirmar funcionarios y sostener algunas de sus promesas internacionales.
El resultado afecta especialmente a los gobiernos latinoamericanos que convirtieron su afinidad con Trump en uno de los ejes de su política exterior. Javier Milei, José Antonio Kast y Abelardo de la Espriella, entre otros, encontraron en el presidente estadounidense un aliado ideológico, económico y político. La coincidencia les permitió obtener acceso a Washington y, en algunos casos, promesas de asistencia que difícilmente habrían conseguido con tanta rapidez por los canales diplomáticos tradicionales.
El problema no fue buscar una buena relación con el presidente de Estados Unidos. Cualquier gobierno responsable debe hacerlo. El error fue confundir una relación con Trump con una relación con Estados Unidos.
Este error no es exclusivo de la derecha. Algunos gobiernos latinoamericanos de izquierda se identificaron durante la Administración de Joe Biden con la agenda progresista "woke" estadounidense y adoptaron parte de su lenguaje sobre género, diversidad, medioambiente y justicia racial. Gustavo Petro encontró coincidencias con Biden en la transición energética, la inclusión étnica y de género y el cambio climático. El Gobierno argentino de Alberto Fernández buscó una relación apoyada en derechos humanos, políticas de género, energías renovables y afinidades con los demócratas.
Más allá de la legitimidad o no de las causas, el problema aparece cuando la coincidencia con un partido se transforma en hostilidad hacia el otro. Petro convirtió diferencias concretas con Trump en una confrontación pública que terminó perjudicando una relación estratégica para Colombia. El progresismo argentino tampoco se preparó para el regreso de una derecha estadounidense que rechazaba buena parte de aquel lenguaje y mantenía posiciones diferentes sobre Venezuela, China y la economía. Y ni qué hablar del caso de Brasil. Cuando Trump volvió a la Casa Blanca, estos países quedaron descolocados.
Ahora la derecha regional corre el riesgo de cometer el mismo error en sentido contrario. Participa en las batallas culturales del trumpismo, celebra sus victorias electorales y establece una identificación personal con su dirigente. Pero los presidentes latinoamericanos representan intereses nacionales que deberían sobrevivir a los cambios partidarios de Estados Unidos. Milei puede sentirse ideológicamente cercano a Trump, pero Argentina también necesita interlocución con un Congreso demócrata. Lo mismo vale para Colombia, Chile o Perú.
México ofrece algunas lecciones, aunque su relación con Estados Unidos sea excepcional por la frontera, el comercio y la migración. Andrés Manuel López Obrador mantuvo una relación pragmática con Trump a pesar de sus diferencias ideológicas. Claudia Sheinbaum ha criticado las intervenciones estadounidenses, pero conserva el diálogo sobre seguridad, comercio, migración y la revisión del tratado comercial de América del Norte.
México discrepa, protesta y negocia, pero procura no convertir cada diferencia en una ruptura. No lo hace necesariamente por moderación, sino porque la profundidad de la relación obliga a ambos países a continuar hablando.
Los demás gobiernos latinoamericanos podrían aprender que existen asuntos que pueden interesar a republicanos y demócratas. El más evidente es China. En Washington hay un amplio consenso sobre la necesidad de reducir la dependencia de Pekín en minerales críticos, tecnología, puertos e infraestructuras estratégicas. América Latina posee litio, cobre, tierras raras, energía y otros recursos indispensables para la inteligencia artificial, la industria y la defensa.
Otro punto de encuentro es el crimen organizado. Republicanos y demócratas coinciden en la necesidad de combatir el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico de armas y las redes criminales que operan a ambos lados de las fronteras. Difieren, sin embargo, en los instrumentos. Trump privilegia la presión, las designaciones terroristas y las operaciones militares. Los demócratas probablemente exigirán mayor supervisión legislativa, fortalecimiento institucional y controles en materia de derechos humanos.
Esas diferencias no deberían impedir la cooperación. Pueden servir para construir acuerdos más equilibrados sobre intercambio de inteligencia, persecución del dinero ilegal, control del tráfico de armas y fortalecimiento de fiscalías y policías. Una relación multipartidaria no requiere que ambos partidos piensen igual, sino que reconozcan un problema común y acepten reglas que puedan sobrevivir a una alternancia.
El comercio y la relocalización industrial ofrecen otro espacio. Ambos partidos desean reducir ciertas dependencias asiáticas y acercar a Estados Unidos la producción de bienes estratégicos. México es el beneficiario más evidente, pero Centroamérica, el Caribe y Sudamérica podrían incorporarse a cadenas de producción de medicamentos, alimentos, energía, componentes tecnológicos y servicios digitales. Para América Latina, el desafío será convertir esa oportunidad en industrialización y no únicamente en una oferta de mano de obra barata.
Construir una relación de Estado exige hablar con la Casa Blanca, pero también con los dos partidos del Congreso, gobernadores, empresarios, sindicatos y comunidades latinas. Exige presentar proyectos que generen beneficios en ambos lados.
Los gobiernos de izquierda descubrieron que la afinidad con el progresismo estadounidense no garantizaba una relación duradera. Los de derecha pueden aprender la misma lección sin necesidad de repetir el error. Trump seguirá gobernando durante dos años, pero su poder acaba de encontrar un límite y ningún presidente ocupa para siempre la Casa Blanca.
Milei, Kast o De la Espriella pueden ser aliados de Trump. Argentina, Chile y Colombia, en cambio, necesitan ser socios de Estados Unidos. La diferencia entre ambas cosas se hace evidente cuando cambia el resultado de una elección.
No entendí qué quiso decir el autor con "Y ni qué hablar del caso de Brasil." Hubiera sido mejor que hablara, sí, pues no se entiende. La realidad es que el gobierno de Lula en general, y la diplomacia brasilera en particular que es muy profesional, no ha creado ningún atrito con Trump. Los problemas han surgido a partir de que miembros de la familia Bolsonaro, que no aceptaron la derrota de Bolsonaro padre en 2022 y su condena por un intento de golpe de estado más que probado, han insistido DESDE DENTRO de Estados Unidos en la necesidad de imponer sanciones a Brasil. Aún así, el gobierno brasilero (que es de los pocos que compra más de EE.UU de lo que vende) ha negociado, pero desde una posición digna de defensa de su soberanía. El ahora derrotado Flavio Bolsonaro (que huyó para EEUU por miedo de ser preso, pues está complicado en negocios turbios hasta el tuétano), había prometido como ramera que entregaría las tierras raras brasileras "resolviendo la dependencia de USA con China"