El test de China para De la Espriella

El día de su posesión, Abelardo de la Espriella inauguró su política exterior con una declaración de principios. Rompió relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua bajo el lema "en mi Gobierno no habrá vínculo con tiranías" y anunció un giro en la relación de Colombia con China, incluida la revisión de la adhesión del país a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La escena evocó inevitablemente a Javier Milei en Argentina, quien al asumir prometió que su gobierno no haría negocios con regímenes comunistas y tomó distancia de Beijing.

Los discursos inaugurales suelen transmitir convicciones más que políticas consolidadas. La pregunta relevante no es cuán enfática resulta la retórica anticomunista en el primer día de gobierno, sino cuánto resiste cuando se enfrenta a las restricciones de la realidad económica.

La experiencia reciente de América Latina ofrece una respuesta incómoda. En Argentina, el rechazo inicial de Milei hacia China dio paso, pocos meses después, a una relación mucho más pragmática. Su Gobierno retomó el diálogo con Beijing, renovó el swap de monedas —clave para la estabilidad financiera argentina— y preservó canales de cooperación económica. Jair Bolsonaro recorrió un camino parecido: hizo de China uno de los blancos favoritos de su campaña, pero durante su presidencia terminó fortaleciendo los vínculos políticos y comerciales con Beijing.

China es hoy la segunda economía del mundo, el principal socio comercial de buena parte de Sudamérica y una fuente creciente de financiamiento, inversión e infraestructura. Esa combinación convierte las posiciones ideológicas más rígidas en un lujo que pocos gobiernos pueden sostener durante mucho tiempo.

Colombia podría enfrentarse al mismo dilema. Aunque De la Espriella ha prometido revisar el acercamiento impulsado por su antecesor, EEUU y China siguen siendo los dos principales referentes comerciales del país. Al mismo tiempo, Colombia mantiene un déficit comercial estructural con Beijing y necesita atraer inversión para financiar proyectos estratégicos de infraestructura y transición energética. En ese contexto, sostener una política de confrontación prolongada tendría costos económicos difíciles de ignorar.

Si la experiencia regional sirve de guía, el desafío para el nuevo Gobierno no será decidir si dialoga con China, sino bajo qué condiciones lo hará. Esa no es una conclusión ideológica, sino una constatación de cómo han terminado resolviéndose tensiones similares en la región.

Pero si la derecha suele moderar sus promesas frente a las exigencias del mercado, la izquierda latinoamericana tampoco sale bien librada de este examen. Durante su gobierno, Gustavo Petro convirtió la defensa de los derechos humanos en uno de los ejes de su política exterior. Condenó con dureza la ofensiva israelí en Gaza y elevó el tono de sus críticas contra EEUU e Israel. Sin embargo, evitó cuestionar públicamente la situación en Xinjiang, donde organismos internacionales, expertos independientes y organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones masivas, trabajo forzado y políticas de asimilación contra la población uigur y otras minorías musulmanas.

La contradicción se hizo aún más visible en mayo de 2025, cuando Petro viajó a Beijing para formalizar la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, visitó instalaciones de Huawei y amplió la agenda de cooperación económica con China. Ese silencio, por supuesto, no es exclusivo de Colombia. Muchos gobiernos democráticos han preferido evitar una confrontación abierta con Beijing por las denuncias sobre derechos humanos. Pero el contraste resulta particularmente evidente en sectores políticos que han hecho de esos principios una bandera central de su discurso internacional.

China opera así como un revelador de las consistencias —y de las inconsistencias— ideológicas de América Latina. No es solo un mercado gigantesco ni un inversor clave. Es una prueba de coherencia. Obliga a los gobiernos a demostrar hasta dónde están dispuestos a sostener sus principios cuando entran en conflicto con necesidades económicas concretas. Y, una y otra vez, el pragmatismo termina imponiéndose sobre la retórica.

Ese es ahora el desafío de Abelardo de la Espriella. Si mantiene una política de distanciamiento respecto de Beijing, deberá asumir los costos económicos que ello implique. Si opta por un enfoque más pragmático, tendrá que explicar cómo concilia ese giro con el discurso que marcó el inicio de su mandato.

El margen para la ambigüedad, además, parece estrecharse. Durante su audiencia de confirmación ante el Senado de EEUU, el embajador nominado para Colombia, Nathaniel Morris, sostuvo que los países de la región deberán decidir si profundizan su relación con Washington o con Beijing. Esa lógica de competencia entre grandes potencias deja cada vez menos espacio para los equilibrios tradicionales de la diplomacia latinoamericana.

En ese escenario, China se ha convertido en el gran test de la política exterior de la región. No porque obligue a elegir entre democracia y autoritarismo, sino porque obliga a elegir entre la pureza del discurso y las exigencias del poder. Hasta ahora, esa ha sido una prueba que los gobiernos latinoamericanos no han logrado superar.