Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia de Colombia el 7 de agosto con una paradoja política. Ganó en segunda vuelta por un margen estrecho, sin contar con una bancada propia robusta y con un movimiento de origen —Salvación Nacional y Defensores de la Patria— que apenas aportaba un puñado de curules. El Congreso estaba fragmentado y en principio era adverso.
Tras las elecciones legislativas, que en este 2026 estuvieron separadas de las presidenciales, el Pacto Histórico, identificado con el expresidente de izquierdas Gustavo Petro y con su candidato presidencial, el senador Iván Cepeda, emergía como la primera fuerza. Sin embargo, un mes después de la toma de posesión el mapa legislativo se ha invertido.
En torno a de la Espriella se conformó una mayoría legislativa que será clave para la primera etapa de la nueva administración, aunque analistas no prevean que pueda sostenerse en el largo plazo.
El último en sumarse fue el Partido Liberal, dirigido por el expresidente César Gaviria. Con esa adhesión, el Gobierno cuenta con el respaldo formal de una coalición de alrededor de nueve partidos y mayoría suficiente para tramitar en el Congreso la agenda del abogado devenido en presidente siendo literalmente un outsider de la política.
En Colombia, por ley, los partidos están obligados a definir su postura ante el Consejo Nacional Electoral, en el plazo de un mes tras la toma de posesión. Esa ventana institucional se convirtió en el verdadero campo de batalla de la gobernabilidad.
Al inicio, De la Espriella partía con una base mínima. Salvación Nacional, que coavaló su candidatura, tenía cuatro senadores y una presencia reducida en Cámara. El Centro Democrático, Cambio Radical y Creemos se declararon rápidamente de gobierno. El Conservador y La U siguieron. Aun así, las cuentas preliminares mostraban que faltaban votos para las mayorías simples: 52 de 103 en Senado y, según distintos cálculos, entre 92 y 107 de 183 en Cámara de Representantes.
El 7 de septiembre, último día del plazo, el Partido Liberal cerró el círculo. Tras semanas de discusiones internas, la fuerza política se declaró partido de gobierno. El comunicado reconoció "el esfuerzo que adelanta el señor presidente Abelardo De La Espriella para cumplir con sus propuestas de plan de gobierno respetando las instituciones", y destacó el orden, la estabilidad jurídica, la reactivación económica, el "banco de talentos" y la recuperación de la seguridad.
Con esta decisión del 7 de septiembre, el oficialismo reúne a Centro Democrático, Partido Conservador, Partido de la U, Salvación Nacional, Liberal, Creemos, ASI, Colombia Justa Libres y Defensores de la Patria. Fuentes periodísticas coinciden en que, antes de la adhesión liberal, el Gobierno ya sumaba una clara mayoría en ambas cámaras, aunque la disciplina de voto no es automática.
La oposición formal quedó reducida al Pacto Histórico (25 senadores y cerca de 43 representantes), MAIS y En Marcha. Alianza Verde, MIRA, Nuevo Liberalismo y otras fuerzas optaron por la independencia. El petrismo, que llegó como primera fuerza legislativa, pasó a ser minoría opositora.
Esa nueva correlación de fuerzas cambia la dinámica del Capitolio. El Gobierno ya no necesita improvisar mayorías voto a voto para cada proyecto menor. Puede controlar la agenda, impulsar el presupuesto, reformas de seguridad y ajustes fiscales con un margen de maniobra que Petro no tuvo de manera estable en su último tramo. Las primeras votaciones simbólicas —el lugar de la posesión, la composición del Consejo Nacional Electoral— ya habían anticipado que en el seno del Parlamento se estaba fraguando una alineación con De la Espriella entre las fuerzas tradicionales de centro y conservadoras.
El politólogo Fernando Posada resume el momento de esta forma: "hay una mayoría que le permite con alguna comodidad al presidente tramitar sus proyectos y sus reformas". Posada pronostica dificultades por la naturaleza de la propia agenda del nuevo presidente, quien llegó al poder con un nítido mensaje antisistema, pero que necesitará del aparato legislativo convencional para adelantar sus reformas.
Ahí reside la fragilidad de largo plazo. La coalición no nació de un programa compartido, sino de un rechazo al período que encabezó Petro con sus variopintas propuestas de izquierda. Para observadores, las tensiones potenciales son evidentes: austeridad fiscal versus clientelismo regional, enfoque de seguridad de "mano dura" versus sensibilidad social de algunas bancadas, y otros temas en los que los partidos no quieren quemar puentes con el electorado de base.
El primer mes, marcado por nombramientos masivos, derogación de normas del Gobierno anterior, cierre de mesas de diálogo con grupos armados y una respuesta al terremoto que mezcló presencia territorial con polémicas sobre la canalización de ayudas, mostró un Ejecutivo que privilegia la señal política sobre la construcción paciente de consensos.
Entretanto, el Pacto Histórico de Petro se declaró en "oposición firme, democrática y movilizada" desde antes de la toma de posesión. Su peso numérico ya no alcanza para bloquear por sí solo, pero sí para alargar debates, intentar bloquear iniciativas y capitalizar cualquier desgaste de la coalición oficialista.
En las primeras de cambio, De la Espriella tiene lo que muchos analistas decían que no tendría: números para gobernar. El presupuesto, las leyes de seguridad y los ajustes institucionales pueden avanzar. Eso no equivale a una mayoría estructural. Las coaliciones colombianas se desgastan cuando llegan los proyectos que tocan intereses regionales, cupos burocráticos o reformas de fondo.
En Colombia, los partidos tradicionales no se disolvieron tras el inicio de un nuevo ciclo político, el ahora llamado abelardismo. Y el presidente, que construyó su identidad durante la campaña electoral con posiciones contra la clase política, ahora debe gobernar junto a ella, como aliada.
