El pasado 21 de junio, Colombia acudió masivamente a las urnas. Más de 25 millones de ciudadanos participaron en una segunda vuelta que misiones de observación de la Unión Europea, el Centro Carter y la OEA calificaron de transparente y técnicamente confiable. El resultado oficial selló una victoria ajustadísima: Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) obtuvo el 49,66% de los votos frente al 48,70% del petrista Iván Cepeda. Una diferencia de apenas un punto porcentual para una nación partida exactamente por la mitad.
Esa misma noche, De la Espriella sorprendió con un discurso de estadista: reconoció la legitimidad de sus opositores y tendió la mano para gobernar para todos los colombianos. Sabía que la aritmética electoral le obligaba a comprender que la mitad del país no lo había votado, pero que esa mitad también merecía un presidente.
La respuesta de la otra acera no tardó en quebrar la institucionalidad. A pesar de haber prometido inicialmente un proceso de empalme (transición de gobierno) pacífico, Gustavo Petro utilizó sus redes sociales el 6 de julio para afirmar que "Abelardo no ganó las elecciones", denunciando sin pruebas un "fraude algorítmico" originado en el exterior. Al tiempo que convocó a marchas de protesta para el 20 de julio —coincidiendo con la instalación del nuevo Congreso—, Petro pretendió desconocer un resultado que el propio candidato derrotado, Iván Cepeda, ya había validado.
No es una conducta nueva. En 2018, tras perder frente a Iván Duque, Petro ya había sembrado la duda sobre el software electoral de la Registraduría. Hoy, repite la receta desde el poder con mayor virulencia pero menor credibilidad. Como bien señala el analista Diógenes Rosero, Petro busca alimentar una narrativa de fraude, no para cambiar el resultado actual, sino para blindar la legitimidad de su proyecto político de cara al futuro y movilizar a sus bases bajo el relato de un "robo" electoral.
Esta estrategia es políticamente comprensible en el manual del populismo, pero institucionalmente gravísima.
En una democracia representativa, ganar por un voto otorga exactamente el mismo derecho a gobernar que ganar por millones; la legitimidad no es proporcional al margen de victoria. Pero, fundamentalmente, quien vence tiene la responsabilidad de representar al conjunto de la ciudadanía, no solo a su base electoral. De la Espriella pareció entenderlo en su discurso; su verdadero reto será demostrarlo en sus primeros 100 días de gestión.
La paradoja más flagrante del relato de Petro es que la fuerza política que él representa está lejos de haber sido derrotada. El Pacto Histórico llega al Legislativo como la bancada más numerosa de Colombia, con 25 senadores y 37 representantes a la Cámara. Iván Cepeda y otros líderes de su coalición asumirán sus curules con todas las garantías del Estatuto de Oposición.
El petrismo tiene hoy más poder legislativo, fiscalizador y de representación que nunca. Pretender que este inmenso canal institucional es insuficiente y que la legitimidad debe buscarse únicamente en la presión callejera no es una postura democrática: es la negación misma del diseño constitucional. Una cosa es marchar para defender una causa social y otra muy distinta marchar para invalidar un veredicto en las urnas validado internacionalmente.
De la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto con urgencias ineludibles: reactivar una economía golpeada, revaluar las políticas de seguridad y gestionar la crisis del sistema de salud sin mayorías absolutas en el Congreso. A esa lista de prioridades se le suma ahora la tarea imprevista de restaurar la confianza en el sistema electoral, erosionada sistemáticamente por el discurso de un presidente saliente que prefiere dañar las instituciones antes que aceptar la alternancia.
Afortunadamente, la democracia colombiana cuenta con contrapesos sólidos: una Registraduría eficiente, tribunales independientes y una oposición que ocupará sus escaños legítimos. El 20 de julio, cuando se instale el Congreso, el país tendrá la oportunidad de demostrar que sus instituciones son más fuertes que el ruido de la plaza. Aceptar que el pueblo ha hablado —incluso cuando no dice lo que uno quiere escuchar— sigue siendo el hábito más difícil, pero más indispensable, de la vida en democracia.
