La izquierda en Perú y Colombia, que fue derrotada con márgenes estrechos, pero sin que hubiese ninguna denuncia sustentada de fraude, apuesta por recibir a los nuevos gobiernos electos con presión social, desobediencia y ahondamiento de la polarización, con lo cual los dos países sudamericanos entrarán en una espiral de tensión desde el inicio de las nuevas gestiones.
En junio de 2026, las segundas vueltas presidenciales de Perú y Colombia entregaron victorias ajustadas a candidatos ligados al conservadurismo político con propuestas liberales en lo económico. En Perú, Keiko Fujimori superó por menos de 50.000 votos a Roberto Sánchez. En Colombia, Abelardo de la Espriella venció por aproximadamente 252.000 sufragios a Iván Cepeda.
Sánchez y Cepeda tienen en común que son herederos de gobiernos izquierdistas: el inconcluso mandato de Pedro Castillo en Perú y el ya a punto de finalizar periodo de Gustavo Petro en Colombia.
En ambos casos, las misiones de observación internacional —entre ellas las de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA)— no detectaron fraudes sistemáticos ni irregularidades capaces de alterar el resultado final. Sin embargo, sectores significativos de la izquierda perdedora han optado por una estrategia de confrontación, en lugar de respetar la voluntad popular que se expresó en las urnas electorales.
En Perú, el candidato izquierdista Roberto Sánchez ha anunciado que no reconocerá el Gobierno de Fujimori y convoca movilizaciones contra el Ejecutivo que asumirá el 28 de julio de 2026. En tanto, en Colombia, el excandidato y senador del Pacto Histórico Iván Cepeda anunció el 30 de junio en Bogotá que ejercerá desobediencia civil pacífica frente al Gobierno que tomará posesión el 7 de agosto de 2026.
El 7 de junio de 2026 se realizó la segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Con el 100 % de las actas procesadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció que Fujimori obtuvo el 50,135 % frente al 49,865 % de Sánchez, una diferencia de 49.641 votos.
Tras conocerse el resultado definitivo, Sánchez anunció públicamente que no reconocerá al Gobierno de Keiko Fujimori. Además, ha convocado de forma reiterada a movilizaciones nacionales. Ha llamado a "jornadas de lucha democrática y patriótica" y ha liderado o respaldado marchas en Lima y otras regiones exigiendo "justicia electoral". Estas convocatorias se enmarcan explícitamente como acciones de resistencia frente al Gobierno que asumirá el poder el 28 de julio de 2026.
Las misiones internacionales presentes en el proceso ofrecieron una valoración distinta. Tanto la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea como la de la OEA señalaron que la jornada electoral transcurrió de manera ordenada y que no existían indicios de manipulación sistemática. Los problemas detectados fueron fundamentalmente de carácter logístico y no configuraron fraude, según los estándares internacionales.
En Colombia, la segunda vuelta del 21 de junio de 2026 enfrentó al abogado y outsider político Abelardo De la Espriella contra Iván Cepeda (Pacto Histórico). El Consejo Nacional Electoral certificó la victoria de De la Espriella con el 49,66 % frente al 48,70 % de Cepeda, una diferencia de 251.854 votos.
Cepeda reconoció inicialmente el resultado; sin embargo, este martes 30 de junio dio un paso más contundente. En un documento titulado "Anuncio de desobediencia civil ante violación de nuestra dignidad nacional", sostuvo que, como líder de la oposición, se declarará en desobediencia civil pacífica frente al Gobierno entrante.
Cepeda condicionó cualquier reconocimiento a que el presidente electo renuncie a su ciudadanía estadounidense y aclare supuestos vínculos con agencias de seguridad de EEUU. De no cumplirse estas exigencias, afirmó que no reconocerá la autoridad del nuevo Gobierno y llamó a sus electores a sumarse a esta forma de resistencia.
Las declaraciones de Cepeda del 30 de junio reforzaron esta narrativa de ilegitimidad. Las misiones internacionales fueron concluyentes en sentido contrario. La Misión de la Unión Europea y la OEA destacaron la transparencia del escrutinio, la profesionalidad de la Registraduría Nacional y la ausencia de irregularidades que afectaran la integridad del resultado final.
Tanto en Perú como en Colombia, la izquierda enfrentó derrotas por márgenes inferiores al 1,5%, pero fueron victorias limpias para los candidatos conservadores. Los izquierdistas derrotados, en lugar de asumir un rol de oposición constructiva —que fiscalice, proponga y contribuya a la gobernabilidad—, ha optado por impugnar la legitimidad del Gobierno entrante y promover acciones de confrontación.
Esta estrategia tiene consecuencias institucionales concretas. Un gobierno que asume con un mandato estrecho y desde el primer día enfrenta cuestionamientos a su legitimidad ve seriamente limitada su capacidad de gobernar. La transición se complica, el diálogo se dificulta y se instala una dinámica de permanente impugnación.
La democracia representativa, como han recordado observadores, se basa en que la voluntad popular, una vez expresada en las urnas y validada por las instituciones competentes y observadores independientes, debe ser respetada por todos los actores políticos. Cuando un sector opta sistemáticamente por no aceptar los resultados cuando pierde por márgenes reducidos, debilita ese principio fundamental.
La Asociación Civil Transparencia (una de las organizaciones más respetadas en observación electoral independiente en Perú), a través de su secretario general Omar Awapara, rechazó tajantemente las acusaciones de fraude de Sánchez: "No hemos encontrado evidencia de irregularidades que comprometan la integridad del proceso electoral. La democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del proceso y la voluntad ciudadana expresada en las urnas".
Así que, para analistas, lo que está en juego tanto en Perú como en Colombia, no solo es el futuro de los nacientes gobiernos, sino el propio modelo democrático y su principio de alternancia en el poder, respetando la voluntad popular.
En ambos países, la izquierda derrotada ha priorizado la construcción de una narrativa de ilegitimidad y la convocatoria a formas de desobediencia por encima de un rol propositivo y responsable en la oposición. Esta decisión y estrategia, en contextos de alta polarización y márgenes tan estrechos, no solo profundiza la división social, sino que pone en riesgo la gobernabilidad de los próximos gobiernos y la estabilidad institucional.
