Por primera vez varias víctimas de detenciones arbitrarias y torturas atribuidas al régimen de Nicolás Maduro comparecieron a rostro descubierto ante un tribunal internacional para relatar, con nombres, rostros y detalles escalofriantes, los abusos sufridos en el centro de detención El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Se trata de una sesión histórica en el largo proceso que, desde varias instancias, sigue la Justicia internacional ante las violaciones que se cometieron durante los años de gobierno de Nicolás Maduro (2013-2025). Y, pese a las demandas del propio presidente Donald Trump de que fuese cerrado y la promesa de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de que se daría un uso como espacio cultural, El Helicoide no ha sido desmantelado.
La audiencia pública celebrada el miércoles 6 de mayo en San José de Costa Rica, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, correspondió al caso de 13 funcionarios de la Policía de Chacao, municipio capitalino históricamente controlado por la oposición al chavismo. La audiencia marca un hito en la búsqueda de justicia para las miles de víctimas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela.
Los testimonios de Venus Soleil Medina Ferrer y Ángel Alfonso Sánchez Blanco, dos de los exfuncionarios detenidos arbitrariamente, expusieron ante los jueces y el mundo entero un patrón de represión que, según los demandantes, fue orquestado desde las más altas esferas del poder chavista.
El testimonio ha sido demoledor, según reacciones en redes sociales. No se trataba de declaraciones anónimas ni de informes reservados: eran voces directas, con rostro visible, rompiendo el miedo que durante años silenció a quienes sufrieron en carne propia el aparato represivo.
Venus Soleil Medina Ferrer, exfuncionaria de PoliChacao detenida en junio de 2016, describió las condiciones inhumanas de reclusión en la celda femenina de El Helicoide. "Había un total aproximado de 32 detenidas en un espacio diseñado para muchas menos. Estábamos en completo hacinamiento", relató. El agua no llegaba a la celda; las mujeres debían almacenarla en envases plásticos, incluso para la higiene íntima durante la menstruación.
La alimentación llegaba a las detenidas en estado de descomposición y, aun así, era ingerida por necesidad. Dos baños para decenas de personas obligaban a turnos estrictos. Las secuelas físicas fueron inmediatas: afecciones en la piel, infecciones estomacales repetitivas e insomnio crónico.
Pero lo más desgarrador fue el ruido constante de la tortura. "Teníamos que dormir con los gritos de las torturadas", afirmó Medina Ferrer ante la sala. La celda femenina colindaba directamente con la sala de interrogatorios. "Era un desasosiego permanente. No sabíamos cuándo abrirían las rejas para llevarnos a nosotras también".
Ángel Alfonso Sánchez Blanco, otro exfuncionario de PoliChacao, ofreció un relato pormenorizado de su propia tortura. Tras ser sacado de su celda, fue llevado a una oficina donde cinco funcionarios lo esperaban con instrumentos preparados: bate de béisbol, taser, aerosol químico, papel periódico y cinta adhesiva. Le exigieron grabar un video inculpando a sus compañeros y al entonces alcalde de Chacao, Ramón Muchacho. Ante su negativa, lo inmovilizaron, le envolvieron la cabeza y antebrazos con periódico y cinta, y comenzaron los golpes.
"Me pegaban con el bate en los muslos y en los tobillos", dijo. Luego le colocaron una bolsa plástica en la cabeza y lo rociaron con productos químicos hasta provocarle asfixia y pérdida de conciencia. Al despertar, las descargas eléctricas: en los dedos de las manos, los pies, la espalda y "alrededor del cuerpo". "Si no haces el video, ese muerto lo vas a pagar tú", le advirtieron los torturadores.
Exiliado hoy en España y trabajando como repartidor de comidas, Sánchez Blanco enumeró ante la Corte las secuelas irreversibles: insomnio, ataques de pánico, dolores de espalda crónicos y gastritis. "Perdí mi proyecto de vida, perdí mis bienes, tuve que huir de mi país, comenzar de cero y esto conllevó ruptura familiar", declaró.
La jueza Verónica Gómez, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le preguntó directamente por estas consecuencias; su respuesta fue la de un hombre cuya vida fue destrozada por negarse a colaborar con la represión.
Estos relatos no son aislados. La audiencia se inscribe en un contexto mucho más amplio documentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sus informes —publicados desde 2020 y actualizados en años posteriores— han acumulado una vasta documentación sobre detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, tratos crueles e inhumanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, particularmente por SEBIN, DGCIM y otras fuerzas de seguridad.
La Misión ha identificado patrones de represión selectiva contra opositores, funcionarios disidentes y líderes locales, exactamente como en el Caso PoliChacao. Sin embargo, a diferencia de esta audiencia histórica, la ONU ha resguardado rigurosamente la identidad de las víctimas por razones de seguridad, publicando solo versiones anonimizadas.
Lo ocurrido el miércoles en San José representa, por tanto, un salto cualitativo: las víctimas ya no solo son cifras en informes; son personas que miran a la cara a la Justicia internacional. Para los activistas de derechos humanos, lo sucedido este miércoles podría abrir la puerta para que otras víctimas accedan a rendir testimonio a cara descubierta.
El cambio político del 3 de enero de 2026, que sacó a Nicolás Maduro del poder tras años de crisis institucional, abrió una ventana de esperanza que ha tenido su impacto también entre las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.
Sin embargo, tal como advirtieron los testigos y analistas presentes en la audiencia, el aparato represivo que se consolidó con Maduro sigue intacto a cuatro meses de su captura y extracción por parte de tropas estadounidenses en Caracas.
Maduro no está, pero el madurismo sigue, sintetiza un activista en Caracas, con miedo aún de revelar su identidad.
