El imponente edificio helicoidal que hace parte del horizonte caraqueño desde hace siete décadas vuelve a estar en el centro de la controversia. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a finales de enero el cierre definitivo de El Helicoide como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y como lugar de reclusión.
Este 23 de febrero el Gobierno dio oficial inicio a las obras de remodelación a pesar de que familiares denuncian que dentro de esta edificación, devenida en símbolo de la represión atroz del régimen de Nicolás Maduro, aún permanecen unos 70 presos políticos. Rodríguez aseguró que El Helicoide se transformará en un "centro social, deportivo, cultural y comercial" destinado a la familia policial y a las comunidades aledañas.
Para activistas de derechos humanos se está en presencia de un estratagema, ya que según esta perspectiva crítica del chavismo hay un intento de borrar las huellas de años de detenciones arbitrarias y torturas.
La historia de El Helicoide comienza en la década de 1950, durante el auge petrolero bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Diseñado por los arquitectos Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst, el proyecto era una ambiciosa "ciudad dentro de una ciudad" de estilo futurista. Se trataba de una rampa espiral continua de cuatro kilómetros, permitiendo a los visitantes recorrer en automóvil más de 300 locales comerciales, lugares de recreación y en la cima, bajo su cúpula, un hotel de cinco estrellas.
Después de años, la construcción se paralizó en 1958, a la caída de la dictadura militar de Pérez Jiménez y el inicio de la democracia en Venezuela. Durante décadas, el edificio permaneció inconcluso y abandonado, se le veía como una obra conectada con la megalomanía de Pérez Jiménez.
En 1984, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), la policía política de entonces, convirtió este edificio en su sede y centro de detención de corta duración. Sin embargo, fue bajo el chavismo que ese rostro atroz pasó a identificar a El Helicoide.
A partir de 2010, el Sebin, que sustituyó a la Disip como policía política, instaló allí su sede principal y desde 2014, en medio de la primera ola de protestas masivas contra el régimen de Nicolás Maduro, lo convirtió en uno de los principales centros de detención de presos políticos.
Entonces las oficinas se reconvirtieron en celdas, los baños se sellaron para aislamiento prolongado y los pasillos curvos se volvieron circuitos de vigilancia que desorientaban a los reclusos. Los detenidos bautizaron los espacios con nombres escalofriantes: "El Infiernito", "El Guarimbero", "Guantánamo", "El Tigrito", "El Cucarachero" o "La Pecera".
Entidades como Human Rights Watch denunciaron allí hacinamiento extremo, electrocuciones, inmersiones en heces y abusos sexuales. Las atrocidades cometidas en El Helicoide han sido ampliamente documentadas por informes internacionales de organizaciones especializadas.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (MIIV) de la ONU, en su informe de 2022, recopiló 122 testimonios de víctimas en cárceles del país, incluyendo prácticas sistemáticas de tortura por parte del Sebin en El Helicoide: palizas con objetos, descargas eléctricas en genitales, asfixia con bolsas plásticas, posiciones de estrés y "tortura blanca" (aislamiento total, privación de luz natural y simulacros de fusilamiento).
Muchas ONG, especialmente a partir de 2020, cuando comenzaron a conocerse con más detalles los graves hechos que habían tenido lugar allí, pasaron a catalogarle como "el centro de tortura más grande de América Latina". La Corte Penal Internacional también investiga posibles crímenes de lesa humanidad allí.
Durante los años de Maduro en el poder, El Helicoide albergó a cientos de opositores, periodistas, activistas y hasta ciudadanos comunes. Maduro llegó a llamar al lugar "una referencia moral", según ha recordado El País de Madrid.
El anuncio de reconversión llega en un contexto de un giro político inesperado. Tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, ordenó el cierre de la prisión y su reconversión.
Precisamente aquí surge la principal crítica de los defensores de derechos humanos, expresada con fuerza en la red social X. Activistas y familiares denuncian que transformar el sitio en centro comunitario equivale a "borrar las pruebas de la tortura" y "lavarle la cara" al régimen. El activista Jonatan Palacios, quien pasó 930 días detenido y torturado, publicó un video viral: "El Helicoide no es un club social: es un centro de torturas que quieren borrar. En esas paredes hay sangre, nombres, desapariciones, descargas eléctricas. La historia no se borra pintando paredes".
Juan Freites, dirigente opositor del partido Vente Venezuela y quien fue excarcelado este domingo tras permanecer más de dos años de detención en El Helicoide, denunció que en ese centro de reclusión permanecen presos políticos que "no debemos olvidar" y que no figuran en listas públicas de organizaciones de derechos humanos.
Freites, coordinador regional de Vente Venezuela en La Guaira, ciudad costera a 40 kilómetros de Caracas, apenas salió de prisión se unió la noche de este domingo a la vigilia que mantienen familiares de detenidos políticos frente al edificio, en el centro de Caracas, exigiendo la liberación total bajo la recién promulgada Ley de Amnistía.
El excarcelado enfatizó la existencia de tres grupos específicos de detenidos que requieren atención urgente y no aparecen en registros oficiales de ONG como Foro Penal.
Organizaciones como Foro Penal, con amplia experiencia en el acompañamiento de presos políticos, y Provea, la organización de derechos humanos más antigua del país, insisten en que cualquier reconversión debe incluir justicia, verdad y reparación, no olvido.
El diario bonaerense La Nación ha recordado que incluso antes del anuncio oficial ya existieron intentos de "normalizar" el espacio. El influencer argentino Diego Omar Suárez, conocido como Michelo, viajó a Venezuela y publicó videos "lavando la cara de El Helicoide", mostrando el edificio como parte de una Venezuela "alegre y en paz" mientras minimizaba las denuncias internacionales de torturas.
Javier Tarazona, excarcelado tras 1.675 días de estar recluido en ese centro, declaró que "cerrar El Helicoide no soluciona la injusticia".
El debate trasciende lo simbólico. ¿Es la reconversión un paso genuino hacia la reconciliación en una Venezuela que busca desmantelar estructuras represivas, como sostiene Rodríguez? ¿O se trata de un blanqueo que ignora las responsabilidades y deja a las víctimas sin verdad? Medios internacionales como el canal alemán DW lo califica de "gesto cosmético".
El Helicoide no es solo un edificio, es un capítulo vivo de la historia venezolana que, según las víctimas y sus defensores, no puede ni debe borrarse.
