La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves, por unanimidad, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. El proyecto fue impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, luego de que el dictador Nicolás Maduro fuera capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.
Según el discurso oficial en Caracas, la norma busca promover la reconciliación nacional al otorgar amnistía por hechos políticos comprendidos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026, beneficiando potencialmente a cientos de presos políticos, exiliados y procesados en episodios de crisis como el golpe de 2002, el paro petrolero de 2002-2003, las protestas de 2014, 2017 y las masivas movilizaciones posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio 2024, en las que el oficialista Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Maduro sin mostrar evidencia.
En la sesión, retrasada casi tres horas por negociaciones intensas en comisión, se ampliaron de 13 a 16 los a artículos de la ley para incorporar demandas opositoras. El Artículo 7 permite a exiliados solicitar la amnistía mediante apoderado sin riesgo inmediato de detención. El Artículo 8 enumera 13 hechos amnistiables —ampliados desde 10—, excluyendo rebeliones militares en ciertos casos. El Artículo 9 detalla exclusiones por violaciones graves a derechos humanos, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, corrupción y acciones armadas extranjeras contra la soberanía.
Diputados opositores como Nora Bracho reconocieron que la ley "mitigará el sufrimiento de muchos venezolanos", aunque expresaron disconformidad con el resultado final.
Pablo Pérez solicitó incluir a sindicalistas detenidos por protestas laborales y procesados bajo la Ley contra el Odio, pero Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de Delcy Rodríguez, rechazó la incorporación directa y remitió esos casos a una comisión especial de seguimiento. También anunció una revisión de la controvertida Ley contra el Odio de 2017.
La Ley de Amnistía fue promulgada de inmediato por Delcy Rodríguez y casi de manera simultánea se les dio libertad plena a algunas figuras opositoras, como Juan Pablo Guanipa.
Para analistas, esta aprobación representa un alivio parcial en un país marcado por la represión sistemática del chavismo y dará respuesta a demandas de familiares de centenares de presos políticos. Sin embargo, el texto legal ha sido recibido con cautela y cuestionamientos por parte de defensores de derechos humanos.
Bajo Nicolás Maduro (2013-2025), Venezuela registró el pico más alto de detenciones arbitrarias. Foro Penal contabiliza más de 18.000 detenciones políticas, algunas de corto tiempo, a lo largo del siglo XXI, pero multiplicadas desde que el despuesto ex gobernante asumió el poder, tras la muerte de Hugo Chávez.
Poco antes de aprobarse la ley, esa ONG estimaba en más de 600 los presos políticos, incluyendo unos 180 militares, en cuyos casos la ley apunta a no beneficiarlos si están incursos en el delito de rebelión militar.
COFAVIC, una de las organizaciones históricas en la defensa de derechos humanos en Venezuela, advirtió que el proyecto podría ser nulo, según estándares internacionales por varios motivos. La ONG señaló la ausencia de reconocimiento expreso de la responsabilidad estatal por violaciones de derechos humanos, lo que genera "impunidad por absorción": el Estado se perdona a sí mismo al absolver a las víctimas de su represión.
Además, deposita la ejecución en tribunales de control o juicio "competentes" que carecen de independencia, según mecanismos internacionales. COFAVIC criticó que ordenar el sobreseimiento y anulación de sentencias sin preservar expedientes judiciales podría destruir evidencias de crímenes estatales, enterrando la memoria histórica y bloqueando investigaciones futuras.
También resaltó la falta de mecanismos de justicia transicional —como una Comisión de la Verdad— y de reparación integral (económica y simbólica) para víctimas y amnistiados. La ONG insistió en que las amnistías deben respetar el derecho de las víctimas a ser oídas y participar efectivamente, requisito indispensable para su legitimidad.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), cuyo trabajo se enfoca en el acompañamiento a presos políticos y sus familiares, calificó la ley de "revictimizante y excluyente" y critcó que el texto está lejos de garantizar la liberación plena de todos los presos políticos.
JEP reiteró que la libertad total requiere voluntad política genuina, sin filtros ni ambigüedades, y se comprometió a seguir denunciando estos hechos ante foros nacionales e internacionales.
Alfredo Romero, director de Foro Penal, mostró optimismo condicionado, pero subrayó las restricciones: "Hay que recibir con optimismo la Ley de Amnistía, pues beneficia a algunos perseguidos políticos. Sin embargo, también es restrictiva y deja por fuera muchos casos. Debemos seguir presionando por la liberación de todos los presos políticos".
En un análisis para La TV Calle, el abogado y defensor de derechos humanos Marino Alvarado describió la ley como "ambigua y excluyente, con un Artículo 7 que viola el principio de verdad al imponer que perseguidos se "pongan a derecho" ante un sistema judicial sin independencia, priorizando el control político sobre esclarecimiento y reparación.
Entretanto, expertos de la de la ONU, tanto de la Misión de Determinación de Hechos como del Alto Comisionado para los Derechos Humanos acogieron la norma con reservas, exigiendo que beneficie sin distinción a las víctimas de la persecución política y se garantice transparencia y participación pública.
Para observadores políticos, entretanto, la rápida aprobación de la ley, a dos semanas de que fuese anunciado el proyecto por la presidenta interina Delcy Rodríguez, y el control férreo de las sesiones por parte de su hermano, simbolizan la necesidad de mostrar gestos ante las demandas de Washington.
Menos de una semana después de la captura y extracción de Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que en Venezuela serían liberados los presos políticos y que se pondría fin al tristemente célebre Helicoide, un lugar de detención y tortura con una edificación bastante visible en el centro de Caracas.
A finales de enero, Delcy Rodríguez pidió celeridad a la Asamblea Nacional y al poder judicial para vaciar las cárceles de presos políticos, con su proyecto de ley. En ese mismo momento, anunció que El Helicoide tendrá un uso comunitario y cultura, pero descartó que fuera a convertirse en un espacio sobre la memoria de la represión, tal como exigen ONG's de derechos humanos.
Para observadores, esta amnistía, en esencia, surge de la coyuntura en la Venezuela post-Maduro y no de una voluntad genuina de justicia y reparación de las víctimas.
El chavismo, que criminalizó la disidencia durante años y bloqueó cualquier debate sobre amnistía, ahora la presenta como reconciliación mientras mantiene intactas las estructuras de control político y represión.
Venezuela va tener que ahorrar paciencia, porque el desmantelamiento del Chavismo va a tomar tiempo.